El Consejo Europeo celebrado los pasados 23 y 24 de octubre en Bruselas será recordado como uno de los más trascendentales para el sector de la energía en Europa, al haber fijado una serie de objetivos clave de política energética a 2030. Entre ellos se encuentran una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% con respecto a los valores de 1990, una penetración del 27% de renovables en consumo total de energía o una mejora de la eficiencia energética también del 27% con respecto a las previsiones de consumo energético futuro. Destaca sin embargo la inclusión explícita entre los objetivos energéticos clave de la UE del nivel de interconexión eléctrica entre países europeos. Concretamente, el Consejo Europeo decidió que “la Comisión Europea, respaldada por los Estados miembros, tomará medidas urgentes para alcanzar un objetivo mínimo del 10% de las interconexiones de electricidad existentes con carácter de urgencia y a más tardar en 2020”, ampliando esta cifra hasta el 15% en 2030. Estas metas fueron defendidas con especial vehemencia por España, con el apoyo del Portugal; cabe preguntarse el porqué de este especial interés de nuestro país en el incremento de las interconexiones eléctricas en Europa, qué beneficios concretos nos puede aportar y cómo llegar a convertirlo en una realidad, superando la frontera eléctrica que aún nos separa de Francia.
La razón por la que España se ha erigido en el gran defensor de las interconexiones es fácil de entender comparando a nivel europeo el llamado ratio de interconexión, es decir la capacidad de las líneas de transmisión transfronterizas de un país como porcentaje de su capacidad instalada de producción, y que es el que utiliza la Comisión. En el caso de España, este ratio es de sólo el 3,5%, el más bajo de toda la Unión Europea. Si lo comparamos con el objetivo adoptado por la UE de alcanzar el 10% de la potencia eléctrica instalada a 2020, vemos que España presenta el mayor déficit de infraestructura de interconexión eléctrica de toda Europa: 6,8 gigavatios adicionales a construir, seguida a distancia por Italia (4,0 gigavatios) y Reino Unido (3,6 gigavatios). La próxima entrada en funcionamiento de la nueva línea entre Santa Llogaia (España) y Baixas (Francia), de 1,4 gigavatios de capacidad, sólo permitirá cubrir una pequeña parte de este déficit.
Los beneficios de un mayor nivel de interconexión eléctrica con Europa para nuestro país son muy claros. Además de mejorar la seguridad de suministro, una mayor interconexión permitiría tanto estabilizar el precio mayorista de la energía en España (mucho más volátil que en Europa), exportando nuestros excedentes de producción (en particular renovable) en horas de baja demanda e importando energía más barata en las horas de consumo elevado y baja generación eólica. Además, la reducción del precio final de la electricidad (entre los más altos de la UE) es una prioridad para nuestros consumidores, y muy especialmente para los industriales, que a través de más interconexiones podrían acceder a una oferta de contratos de suministro a medio plazo más amplia (involucrando eventualmente a nuevos comercializadores europeos). A su vez nuestras empresas eléctricas tendrían más opciones para desarrollar su actividad comercial en Europa, darían salida a su excedente de capacidad instalada de generación e incluso podrían desarrollar en España nueva capacidad renovable destinada a la exportación, sustituyendo inversiones en países con condiciones climáticas menos favorables para estas tecnologías.
Obviamente, el incremento de nuestra interconexión eléctrica con Europa pasa por que Francia tenga una voluntad real de colaborar en hacer más permeables los Pirineos, lo que no ha venido ocurriendo hasta ahora. Las razones no son difíciles de imaginar. En primer lugar, Francia posee ya un nivel elevado de interconexión con Europa (el 12%) y disfruta de una producción estable y predecible gracias a su parque de generación nuclear. En segundo lugar, España ha ganado competitividad económica frente a Francia en los últimos años por la bajada de sus costes laborales; igualar los costes de la electricidad gracias a las interconexiones agravaría esta tendencia. Por otro lado, Francia no desea que el excedente de capacidad de generación convencional de España compita con sus centrales nucleares a la hora de suministrar a países deficitarios a futuro como Alemania. Además, ya sufre los problemas de estabilidad de red y de mercado que se producen cuando Alemania tiene una sobreproducción renovable y teme que esto se pudiera agravar con una mayor interconexión con el otro gran productor eólico en Europa que es España. Finalmente, la construcción de nuevas interconexiones con España obligaría al operador de red francés RTE (ya altamente endeudado) a realizar importantes inversiones para reforzar su red eléctrica en el sur del país, mucho menos industrializado y con una red eléctrica más débil que el norte de España. La reacción de la opinión pública local es otro de sus motivos de preocupación en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como son los Pirineos.
España tendrá, por lo tanto, que apoyarse en la renovada Comisión Europea (incluido el nuevo comisario de Energía español) y en los compromisos alcanzados en el último Consejo para lograr una mayor colaboración de Francia, pero deberá adicionalmente desarrollar una labor de convencimiento frente a nuestros vecinos galos, resaltando las ventajas que también tendría para ellos una mayor interconexión con España: acceso a energía barata en horas de alta producción eólica en España, un mayor mercado para su producción nuclear en momentos de alto precio, fondos europeos para inversiones en infraestructuras en zonas económicas más débiles del sur de Francia, y en suma los beneficios de compartir una parte del “incremento de la tarta” que siempre produce el derribo de las barreras a la libre circulación de bienes, y en este caso de electrones.
Autor: Alberto Martín Rivals, Socio responsable de Energía de KPMG en España
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