En un contexto donde la economía rusa se debate entre el deterioro de las relaciones con la Unión Europea y la dubitativa expansión comercial hacia el este asiático, la ciudad de San Petersburgo acogió durante los días 18, 19 y 20 de junio su Foro Económico Internacional (SPIEF), convertido desde hace años en la mayor convención empresarial del país.
Las sanciones impuestas por la Unión Europea y el viraje que la Federación rusa está haciendo hacia China en algunas cuestiones estratégicas, como el suministro energético, han estado presentes en prácticamente todos los paneles de discusión, que han abordado temas tan dispares como las relaciones comerciales con Japón, la apuesta por la nanotecnología o el desarrollo inmobiliario en un país donde hasta hace poco no existía la propiedad privada.
La mesa redonda dedicada a este asunto, de crucial importancia para el desarrollo económico del país, estuvo moderada por el vicepresidente global de KPMG y presidente de la firma en España y la región de EMA (Europa, Oriente Medio y África), John Scott, quien recordó que Rusia es un país con “grandes recursos y suelo” que debe gestionar de manera productiva para la sociedad, el desarrollo urbanístico y la agricultura.
La discusión estuvo centrada en el paquete de medidas legislativas que Moscú ha adoptado en la última década y, más concretamente, las últimas reformas acometidas el pasado año. Estos cambios normativos están enfocados a dos asuntos de vital importancia para mejorar el clima de inversión inmobiliaria: los procedimientos para la cesión de terrenos públicos a proyectos inmobiliarios y los relacionados con los embargos de terreno por parte de autoridades estatales y regionales.
Nikolai Podguzov, viceministro de Desarrollo Económico, destacó las reformas llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos años, como la simplificación y mejora de los procedimientos para fijar el valor catastral de los terrenos destinados al desarrollo urbanístico, algo que, a su juicio, “está dando mayor comodidad a los inversores para que desarrollen sus proyectos”.
A este asunto se dedicó buena parte del debate, en el que el presidente de Barkli Corporation, Leonid Kazinets, cuestionó la eficacia del Ejecutivo ruso para simplificar algunos de los procesos en los que se ve involucrado un promotor inmobiliario. En su opinión, la legislación actual en Rusia está excesivamente enfocada en asuntos fiscales y recordó que ningún proyecto reformista, por muy ambicioso que sea, “podrá realizarse si no hay fondos para costearlo”.
Por su parte, Igor Vasilev, presidente del Servicio Público de Catastro y Cartografía de la Federación rusa, reconoció que el país no cuenta con criterios unificados para la gestión del suelo y se mostró confiado en que el mapa legislativo en torno al sector inmobiliario y de la construcción habrá mejorado significativamente para 2017.
Otro de los problemas que se pusieron encima de la mesa es la falta de un procedimiento unificado para la planificación de las ciudades, de modo que los inversores en muchas ocasiones no saben con claridad qué tipo de calificación tiene una determinada parcela. Los ponentes coincidieron en la necesidad de mejorar la transparencia y las reglas del juego para atraer inversión y reducir los casos de corrupción.
La cuestión de los embargos para propósitos públicos también fue mencionada en el debate. Con el antecedente de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, cuando se embargaron miles de metros cuadrados para desarrollar las instalaciones, los ponentes reclamaron una normativa que concrete mejor los casos en los que, de manera excepcional, el Estado puede embargar un terreno.
John Scott recordó también que la gestión del suelo tiene un enorme impacto no sólo en la actividad de la construcción, sino también en el desarrollo agrícola. Un asunto muy importante ahora que permanece el embargo a las importaciones de productos agrícolas de la UE, lo que obliga a maximizar la eficiencia y productividad de las explotaciones rusas
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