Los reguladores de los diferentes países han actualizado en los últimos años la legislación sobre buen gobierno y transparencia de las empresas para maximizar su exigencia. Así se refleja este año en España en la Ley de Sociedades de Capital, la nueva Ley de Auditoría o el Código de Buen Gobierno. Pero también inversores, entidades financieras, trabajadores y el resto de stakeholders requieren una mejora en la gobernanza y una mayor transparencia en la información financiera. Por ello, las empresas deben ser conscientes de la importancia de cumplir con la nueva regulación y cambiar su cultura, desarrollando las mejores prácticas de buen gobierno.
Este nuevo entorno se cimienta en pilares como la supervisión y el control, delegados en muchos casos por los consejos en las comisiones de auditoría, cuyo protagonismo, responsabilidad e independencia no ha dejado de crecer y se pone de manifiesto en el nuevo marco. Pero, ¿qué se busca realmente? Los grupos de interés quieren entender mejor la situación de la empresa, abarcando no solo sus resultados, sino también hacia dónde se dirigen sus riesgos. El foco pasa así al auditor externo, que, por su conocimiento e independencia, puede jugar un papel más relevante, proporcionando seguridad (assurance) a la información que las empresas ponen a disposición de terceros y que pueden utilizar para reforzar su transparencia, atraer inversión y diferenciarse de sus competidores.
Hasta ahora, el auditor ha tenido su capacidad limitada, ya que, según las normas de auditoría y reglamentos locales, debe informar sobre los estados financieros históricos: damos seguridad sobre información pasada, con el agravante de que esos informes se publican tiempo después de que la empresa anuncie sus resultados. Para que el auditor proporcione un mejor conocimiento, se ha modificado la normativa, aunque serán necesarios más cambios. Desde KPMG fomentamos el debate sobre el valor de la auditoría y cómo podemos ayudar mejor a los inversores y a las partes interesadas a conocer más a fondo la empresa, incluida una imagen más nítida de sus riesgos. Nuestro objetivo es lograrlo por dos vías: a través de los servicios de assurance (mayor aseguramiento sobre la información), que examinan indicadores clave de rendimiento más allá de los estados financieros, y de la ampliación de los informes de auditoría, comunicando más elementos a inversores y otros stakeholders. Este segundo punto se contempla en la reciente Ley de Auditoría auspiciada por la UE, y supondrá un valor adicional al ya aportado por el auditor.
Nuestra posición de auditores nos permite ver el interior de las empresas y entender sus procesos y operaciones mejor que cualquier analista externo, por lo que debemos desempeñar una función mucho más amplia para proporcionar ese confort cada vez más demandado. Los inversores buscan información más allá de los estados financieros auditados a la hora de tomar decisiones, y exigen recibirla a tiempo. Las empresas que, contando con expertos independientes, doten de mayor confianza a la información que proporcionan, mejorarán su posición competitiva en un mercado donde la transparencia es un valor en alza.
Autor: Cosme Carral, Socio responsable de las oficinas del País Vasco de KPMG en España
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