Año tras año, desde hace más de veinte la Organización de las Naciones Unidas persigue lograr un acuerdo global para la reducción de emisiones que producen el calentamiento global. Sin embargo todo apunta a que este año las posibilidades son mayores en la Conferencia Internacional que está teniendo lugar en Paris.
Esta nueva situación viene impulsada por un cambio significativo en el contexto. Por un lado, el anuncio de compromisos de reducción por parte de los dos mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero – Estados Unidos y China – que hasta la fecha se negaban a asumir compromisos. Y, al mismo tiempo, la reducción del coste de las tecnologías más bajas en carbono incluyendo el aumento de proyectos con energías renovables, el interés de los inversores en ellos y la aparición de nuevos instrumentos como los bonos verdes, el desarrollo de compañías yield y el micromecenazgo (crowdfunding).
La fórmula para llegar al acuerdo vinculante global tendrá una diferencia significativa con el anterior Protocolo de Kyoto de 1997. En este caso, durante las semanas anteriores a la Conferencia, los países realizarán sus compromisos de reducción de emisiones que se convertirán en vinculantes en virtud del Derecho internacional. Por tanto, deberán transponerse al Derecho nacional a través de medidas concretas que los hagan posible. Entre ellas se desarrollarán nuevos sistemas de comercio de derechos de emisión, impuestos sobre el carbono y requisitos en cuanto al desarrollo de energías renovables y eficiencia energética.
Por sí solas, estas promesas no bastarán para mantener el incremento global medio de las temperaturas por debajo de 2ºC, límite que la mayoría de los científicos especialistas en el clima afirma que se debe cumplir para evitar consecuencias posiblemente catastróficas. Pero si se alcanza un acuerdo en París, éste servirá como base para aspirar a medidas más ambiciosas en el futuro.
Por primera vez parece existir el consenso suficiente para que los gobiernos, pero también las empresas y la sociedad civil, encuentren un marco estable que permita desvincular las emisiones de CO2 del crecimiento económico, y así favorecer la transición hacia una economía baja en carbono.
Para acelerar este proceso es necesario dirigir la financiación privada a inversiones dónde el volumen de emisiones sea un factor de decisión. Incentivos capaces de producir señales de precio que pongan a trabajar al mercado a favor de este cambio cada vez más urgente.
Entre estas medidas destaca por su sencillez, el establecimiento de un precio global para el carbono. Diseñada por el Banco Mundial y apoyada por un número significativo de gobiernos y empresas de todo el mundo, esta iniciativa –Carbon Price Communiqué– busca el desarrollo de un sistema claro, transparente y fiable de precio de la tonelada de CO2 que sirva de vehículo para que aquellos productos y servicios que más contribuyen al calentamiento global, lo hagan también económicamente a su mitigación, así como a la adaptación de las zonas del planeta más vulnerables a los cambios debidos al clima.
En cualquier caso, es improbable que un acuerdo global sobre clima sea suficiente para evitar efectos graves derivados del cambio climático. Gobiernos y compañías en todo el mundo siguen preparándose para los impactos que se esperan en las próximas décadas especialmente en países meridionales como el nuestro. Sectores emblema como el agroalimentario o el turismo, básicos como la producción de energía o de gestión de infraestructuras, tendrán que aprender a desarrollarse en un clima diferente. Y es que la Agencia Europea de Medio Ambiente prevé que a mediados de siglo nuestro clima se asemeje más al que se encuentra en la actualidad entre 500 y 1000 km más al Sur.
Como seguramente diría Winston Churchill, ante la Conferencia de París, hay que ser optimista, no parece muy útil ser otra cosa
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