Cambios contables para el sector de infraestructuras

Uno de los ejemplos de transformación de las grandes empresas españolas está en el sector de las infraestructuras. Las grandes constructoras han acometido un doble proceso al diversificar sus negocios, por un lado, y acometer, por otro, una ineludible apuesta por la actividad exterior tras el fortísimo know-how adquirido en España.

El proceso de internacionalización se centró en la adquisición de asentadas constructoras locales en otros países o en la selección de proyectos específicos en países con seguridad jurídica suficiente en los que poder ofertar con garantías a través de sucursales o de filiales. En general, Europa, Australia, Emiratos, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica han sido los principales destinos de expansión de sus negocios.

Tras la reciente crisis económico-financiera internacional y local –que ha forzado la desinversión de algunas áreas no “core” del negocio para reducir el nivel de apalancamiento y mejorar su pulmón financiero- la realidad hoy es que el sector de infraestructuras opera con márgenes muy reducidos donde el beneficio depende principalmente del férreo control de costes, del control realizado por los jefes de obra, de la incorporación de soluciones de ingeniería innovadoras y del exhaustivo análisis y gestión de los riesgos de cada obra. Por ello, el conocimiento profundo del país en el que se hace la obra, así como la seguridad jurídica que este ofrece, son aspectos críticos para las constructoras si quieren generar resultados positivos en sus proyectos internacionales. En este contexto, el nuevo reflejo contable del ingreso de las obras aparece como otro reto que se suma al entorno de alta complejidad y competencia del sector.

Las grandes cotizadas españolas presentan sus cuentas anuales consolidadas bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la UE y han venido registrando el ingreso de las obras por grado de avance, medido generalmente por unidad de obra producida, aunque no es extraño encontrar, sobre todo en otros países, el criterio del grado de avance medido por la relación entre los costes incurridos y los presupuestados. La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 11 –ingresos de contratos de construcción–, que era la norma que regulaba dicho reconocimiento de ingresos bajo NIIF, va a ser sustituida por la nueva NIIF 15 a partir de 1 de enero de 2018.

El marco actual se ha caracterizado por su flexibilidad y ha generado no pocas diferencias de criterio con los principios contables americanos (US GAAP) sobre todo en cuestiones como la identificación de los múltiples elementos de un contrato, la determinación del valor de mercado de las diferentes partes del contrato y los criterios para separar un contrato en varios o para unir varios en uno. Buscando la armonización entre ambos marcos contables, los emisores internacionales –el International Accounting Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards Board (FASB)– iniciaron un proceso de convergencia cuyo resultado final en normativa internacional ha sido la NIIF 15 que supone un casi alineamiento con US GAAP, lo que reducirá a su mínima expresión las diferencias en el reconocimiento de ingresos a ambos lados del Atlántico y redundará en la mejor comparabilidad de la información por parte de los grupos de interés.

Aunque la aplicación anticipada de NIIF 15 está permitida, a partir del 1 de enero de 2018 las empresas tendrán que adaptarse a una nueva forma de registrar los ingresos de las obras. Aunque esta norma no solo afecta al sector de construcción sino a todas las industrias, sí será uno de los claramente afectados. Los cambios que trae el nuevo marco normativo afectarán a la metodología que las empresas utilizan para el cálculo de sus ingresos y también a la información que habrá que incorporar en sus estados financieros.

Por tanto, las grandes constructoras españolas tendrán que adaptar sus procesos para cumplir con la nueva normativa. El impacto no es baladí y requiere de la atención de múltiples áreas dentro de las entidades. Así será necesario que se involucre el departamento jurídico, porque afectará a la redacción de los contratos; los departamentos de negocio, porque en ocasiones habrá que modificar la documentación justificativa del avance de las obras; el departamento financiero, porque tendrán que evaluar las políticas contables del grupo para que se adapten en su caso a la nueva norma, y por supuesto, habrá que involucrar al departamento de sistemas para que la información que proporcionen cumpla con los nuevos requerimientos.

En definitiva, vienen tiempos de cambio en la forma en la que se reconocen y registran los ingresos en un sector muy competitivo, en el que nuestro país cuenta con no pocos actores de referencia a nivel global.

Autor: David Hernanz es socio de auditoría en el sector de Infraestructuras de KPMG en España

Fuente: Cinco Días. Publicado el 14 de septiembre de 2016