Conscientes o no, los consumidores facilitan una gran cantidad de información cada vez que realizan alguna operación en Internet. La gran mayoría de servicios de consulta o entretenimiento online que utilizamos de forma gratuita tienen como contrapartida el hecho de estar facilitando información personal privada de la que se desconoce cuál será uso final. ¿Somos realmente consciente del precio de nuestros datos?
Según la calculadora que elaboró en 2013 el periódico Financial Times, la información media de una persona estaría valorada por debajo del dólar. Los datos más genéricos como la edad, el sexo o la localización serían los que menos beneficio reportarían mientras que aquella información más privada como las intenciones de compra, el estado civil, la adquisición de una nueva casa o el estado de salud alcanzarían unas cifras superiores.
Desde las grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook hasta los data brokers, compañías dedicadas al almacenamiento y venta de datos, son muchas las empresas que tienen acceso y control sobre la información personal de un cliente. Ante esta situación, han surgido otro tipo de compañías que pretenden devolver cierto control al individuo sobre sus propios datos. Estas nuevas empresas serían algo así como agencias de datos al servicio de los consumidores, donde un tercero se encargaría de la gestión de la información personal de un particular en su nombre. Este es el caso, por ejemplo, de Datacoup, una start-up que, tal y como relata The Guardian, surgió en 2014 con el objetivo de devolver cierta exclusividad sobre el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus propios datos, para que tengan así capacidad de negociación con aquellas compañías interesadas en comprar su información.
El sistema que ofrece es bastante sencillo. El usuario puede sincronizar, entre otros, los perfiles de sus principales redes sociales así como los movimientos de sus tarjetas de crédito o débito. Con esta información la compañía crea un perfil en el que, según la demanda actual que haya en el mercado, se asigna un precio determinado a cada atributo personal. La plataforma funciona así como un intermediario que ayuda a poner en contacto al individuo con los potenciales compradores.
Por su parte, Telefónica anunció hace un par de semanas en el Mobile World Congress el lanzamiento en los próximos meses de Aura, una plataforma que servirá de base para el almacenamiento de los datos personales generados por cada cliente en su interacción con la compañía. Según José María Álvarez Pallete, presidente de la compañía, el propósito de esta herramienta es el empoderamiento del cliente mediante la mejora de su experiencia digital con la empresa, haciéndole más consciente del valor que tienen sus datos personales.
Según lo anunciado, Telefónica no interferirá en la utilización que los usuarios quieran hacer de la información que generan dentro de su plataforma, pudiendo así compartir o no con otros proveedores los datos generados.
Existen también ciertas situaciones en las que algunos usuarios han decidido tomar una actitud más proactiva en la venta de su propia información, como por ejemplo mediante la subasta de los mismos. Este es el caso de un estudiante holandés, Shawn Buckles, que en 2014 decidió crear una web en la que puso a la venta su información personal, cerrando la operación en 350 euros.
El debate surge, así, en torno a la conveniencia de estas iniciativas para garantizar un mayor control del consumidor sobre sus propios datos. ¿Aumenta realmente el poder del usuario sobre su privacidad? Es cierto que mediante estas opciones, el usuario podría sacar cierto beneficio, aunque en cantidades bastante pequeñas (unos 8 dólares al mes) si se compara con la rentabilidad que otros pueden sacar de ello. En cualquier caso, el consumidor tiene, en este sentido, cierto poder de decisión respecto a los destinatarios finales que harán uso de sus datos pero no tanto de qué uso puedan sacar de ellos. Por ejemplo, puede que utilicen dicha información para aumentar los precios de venta de los productos en los que esté más interesado cada individuo.
Teniendo en cuenta esta situación, y tras la aprobación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) europeo que entrará en vigor en mayo de 2018, la privacidad debería ser uno de los aspectos más destacados a tener en cuenta por las compañías, ya que el nuevo régimen sancionador comprendería multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total global del año.
Las empresas, por tanto, se verían beneficiadas por el empoderamiento del cliente respecto a su información personal. El impulso de una relación más equilibrada y justa para el consumidor, en la que el individuo tenga cada vez más voz y voto en el uso de sus datos, resultaría siendo beneficioso para ambas partes.
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