Tras siete meses de negociaciones, la UE y Reino Unido anunciaban el pasado 8 de diciembre un principio de acuerdo sobre las tres cuestiones clave en el acuerdo de salida: factura, ciudadanos e Irlanda. En su reunión del 15 de diciembre, el Consejo Europeo ratificó que se ha alcanzado un progreso “suficiente” en esta primera fase y que puede comenzar la segunda negociación relativa a la futura relación y un posible acuerdo transitorio.
Sobre las tres cuestiones clave (factura, ciudadanos e Irlanda), éstos han sido los términos acordados:
– Factura de salida: Reino Unido hará frente a los compromisos asumidos hasta el final del actual período presupuestario (31 diciembre 2020). Los pagos relativos a 2019 y 2020 se basarán en cálculos como si Reino Unido continuase siendo estado miembro; más allá de 2020, su participación en el presupuesto comunitario se calculará como un porcentaje de la media de las contribuciones británicas al presupuesto comunitario en el período 2014-2020). No se menciona una cifra final, aunque se estima que se sitúe en los 40.000 – 45.000 millones de euros. Los pagos se realizarán cuando sean exigibles y en euros.
– Derechos de los ciudadanos: se ha acordado respetar mutuamente los derechos de los ciudadanos, facilitando el proceso para obtener el permiso de residencia a los residentes permanentes. A los ciudadanos comunitarios se les permitirá la reagrupación familiar, incluidos los niños aún no nacidos y las parejas con una “relación duradera”. La fecha que se tomará como límite para reconocer estas circunstancias será la fecha de salida de Reino Unido, con independencia de que durante la segunda fase de las negociaciones se pueda acordar un período transitorio. Los ciudadanos mantendrán sus derechos en materia de salud, pensiones y otros beneficios de seguridad social. Reino Unido se ha comprometido a incorporar en su legislación las cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos que se establezcan en el acuerdo de salida y habría un límite temporal de 8 años al papel del TJE en la resolución de disputas sobre ciudadanos comunitarios.
– Irlanda del Norte: las partes se han comprometido a evitar una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda y a proteger la cooperación entre ambos territorios. Cualquier acuerdo futuro debe ser compatible con estas premisas. En caso de que no se pudiera lograr a través de la futura relación que se acuerde entre la UE y Reino Unido, éste se compromete a proponer una solución específica a la UE, que no amenace la integridad del mercado interno y la unión aduanera, y a proteger el Acuerdo de Viernes Santo (acuerdo de paz entre las dos Irlandas, firmado en 1998 entre los gobiernos británico e irlandés). En caso de no ser posible, el compromiso de Reino Unido sería la homologación con las normas del mercado único y la unión aduanera. Además, el gobierno británico se ha comprometido a que Irlanda del Norte mantenga un estatus idéntico al del resto de Reino Unido y a que abandone la unión aduanera y el mercado único en las mismas condiciones que el resto del país. En otras palabras, Irlanda del Norte tendría la posibilidad de veto en las cuestiones relativas al alineamiento entre las dos Irlandas.
Si bien esta decisión del Consejo permite desbloquear las negociaciones, hay varios elementos del acuerdo de salida sobre los que no existe una postura común y que deberán negociarse en los próximos meses. En este sentido, el Parlamento Europeo (que tiene derecho a veto sobre el acuerdo final) ha señalado cuestiones específicas relativas a los derechos de los ciudadanos (futuras parejas, gratuidad y facilidad de los trámites, decisiones del TJE sobre cuestiones que afecten a ciudadanos comunitarios deben ser vinculantes), la factura de salida (participación futura de Reino Unido en programas comunitarios y en qué condiciones) o la cuestión irlandesa (garantías legales respecto a que no habrá frontera física en Irlanda). Además, en los últimos días han surgido dudas sobre la solidez del compromiso británico respecto al pago de la factura, tras las declaraciones de la Primera Ministra británica de que Reino Unido no haría frente a estos pagos si finalmente no hay acuerdo sobre la futura relación.
Se prevé que la segunda fase negociadora comience en los primeros meses de 2018 (probablemente, no antes de marzo) y se extienda hasta octubre de 2018. La UE ha señalado su intención de que ese tiempo sirva para que Reino Unido clarifique sus demandas sobre la futura relación, antes de elaborar sus directrices negociadoras. A partir de esa fecha comenzaría un período de ratificación por parte de los parlamentos, Europeo y Británico, previo a la salida de Reino Unido prevista el 29 de marzo de 2019. Además, el Parlamento Británico deberá aprobar el texto final alcanzado con Bruselas para la futura relación con la UE, antes de que el Gobierno pueda firmarlo, según la enmienda a la Ley de la Unión Europea” aprobada el pasado 13 de diciembre.
Sin duda, este desbloqueo de las negociaciones es una buena noticia para los agentes económicos, aunque se prevé que esta segunda fase sea mucho más complicada y las empresas seguirán enfrentándose a la posibilidad de un acuerdo que modifique sustancialmente el actual marco comercial o, incluso, a un “no acuerdo”.
El Gobierno español ha elaborado un informe que recoge su posición para esta segunda fase negociadora, en el que se manifiesta a favor de un período transitorio y cuyo primer objetivo parece centrarse en mantener el statu quo de los acuerdos existentes para los ciudadanos. Además, demanda un modelo más ambicioso que el acordado con Canadá (CETA), planteando explorar opciones como el modelo noruego o suizo
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