Como si de una de aquellas duras pruebas de Selectividad se tratara, las compañías más grandes del mundo se preparan desde ayer para ser evaluadas por los analistas de RobecoSam que prestan servicio a Dow Jones Sustainability Index. El examen ha comenzado y el proceso de respuesta durará al menos hasta el 31 de mayo, siempre que las compañías no soliciten una prórroga.
Cada año son invitadas a participar en la evaluación más de 3.500 compañías cotizadas de cerca de un centenar de sectores diferentes. Las 2.500 empresas más grandes del mundo según el S&P Global Broad Market Index son examinadas para formar parte del selectivo mundial, que finalmente solo acogerá al 10% de ellas. De entre las otras mil se seleccionará a las mejores para completar los índices regionales y nacionales existentes.
De todas las compañías “elegibles”, 30 serán españolas este año. Una más que en la pasada edición. Y como en la Selectividad, muchas de ellas han trabajado durante meses para estar a la altura en los cerca de 600 aspectos económicos, ambientales y sociales que se preguntan en el cuestionario.
Y no se equivocan, pues esta prueba no solo permite acceder al selectivo de las empresas más responsables del mundo, una consideración nada desdeñable en estos tiempos, sino que se ha convertido para muchas organizaciones en la mejor herramienta de diagnóstico de su responsabilidad corporativa y en un input muy valioso para diseñar su estrategia de sostenibilidad.
Este año, como todos, hay novedades en el cuestionario, y no son irrelevantes. La mayoría apuntan grandes desafíos globales a los que las organizaciones han de hacer frente con más decisión. Pero veamos algunas de ellas.
En las cuestiones relativas al gobierno corporativo, la calificación subirá si existe información pública sobre la remuneración en acciones del CEO y otros miembros de la alta dirección, y lo hará aún más si este es un requisito explícito. Diferentes estudios concluyen que el desempeño financiero de las organizaciones se ve positivamente influenciado si los gestores participan en la propiedad. Algo que, por otro lado, muchas empresas familiares llevan demostrando décadas.
Por el contrario, aquellas compañías con participación pública se verán penalizadas. La plena independencia en la toma de decisiones parece más confiable que la intervención o el control públicos. No faltan ejemplos que evidencian esta realidad, aunque tampoco faltan excepciones.
Las cuestiones relativas a la estrategia corporativa frente al cambio climático han sido también actualizadas. La importancia de este tema es indiscutiblemente creciente, así como sus impactos, que recorren todo el globo. No hay más que echar un vistazo a las conclusiones del último informe de la World Meteorological Organization (WMO), publicado hace apenas unos días y que muestra un año 2017 lleno de records, riesgos y fenómenos extremos que han causado grandes impactos. Muchos financieros, y otros muchos que no tienen precio (¿cuánto vale para tantas personas el impacto del hambre, las migraciones, la pérdida de su hogar o de sus recursos de subsistencia?).
La presentación en la cumbre del G20 de julio de 2017 de las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) por parte del Finantial Stability Board (FSB), ha marcado un hito y ha fijado las reglas del juego del reporting en materia de riesgos derivados del cambio climático. Según el informe “Read or not: Are companies prepared for the TCFD recommendations?” publicado el pasado mes de marzo por el Climate Disclosure Standards Board (CDSB) y el Carbon Disclosure Project (CDP), aún queda tarea por hacer.
La evaluación de DJSI 2018 no es ajena a esta expectativa de divulgación y por eso solicita información sobre los diferentes escenarios de cambio climático que las compañías han empleado para informar su estrategia y evaluar sus riesgos. Mucho me temo que este será uno de los “cocos” del examen de este año, pues según el informe de KPMG “El camino por recorrer. Estudio sobre reporting de responsabilidad corporativa 2017”, solo el 28% de las 100 compañías más grandes del mundo reconoció en su informe anual los riesgos financieros derivados del cambio climático y apenas un 2% de estas los cuantificó.
El mercado interno de carbono, los objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia o los productos con bajas emisiones son otros de los asuntos nuevos sobre los que los analistas valorarán el desempeño y la estrategia ambiental de las compañías.
El otro gran “coco” será la evaluación del impacto y las externalidades. Aunque después de las malas notas recibidas por gran parte de las organizaciones en esta cuestión el ejercicio pasado, RobecoSam ha decidido concederles un “año de gracia” y la calificación de este punto no será considerada en la nota final. Es pues un buen momento para comenzar a explorar la metodología que mejor permita identificar esas externalidades, objetivar sus impactos positivos y negativos y llevarlos a un balance en forma de resultados económicos. RobecoSam recomienda algunas de ellas.
El pago de impuestos sigue siendo tendencia y es un criterio que se actualiza cada año desde su incorporación en la evaluación. Y es que en el entorno de escrutinio público e intolerancia en el que viven las empresas desde hace años, no todo lo permitido es aceptado y no todo lo legal es moral. La OCDE estima que cada año se dejan de pagar entre 100 y 240 mil millones de dólares en todo el mundo debido a las estructuras fiscales. Pero las autoridades están actuando y reclamando esas cantidades, por lo que puede existir un riesgo de impacto económico en el futuro.
Por eso, y atendiendo a una expectativa social, se solicita información detallada sobre los impuestos pagados (cuáles, cuánto y dónde). Si el importe resultante se aleja de la media de las organizaciones de los 24 grandes sectores (GICS), la compañía podría ser penalizada.
Uno de los nuevos asuntos incluidos en la evaluación del ejercicio pasado, la influencia política, también ha sido actualizado. Será necesario reportar el coste que supone para las empresas la participación en grupos de presión, aportes a campañas políticas, cuotas de asociaciones empresariales o think tanks. Además, las organizaciones deberán destacar sus dos principales “causas” y la posición que tienen en ellas.
Aunque a priori puede parecer inquisidor, este punto también permite conocer el papel que las compañías tienen como agentes de cambio positivo a través de su participación en diferentes iniciativas sostenibles.
El examen ha comenzado. Serán dos meses intensos, de reflexión interna, de toma de decisiones y, como siempre, DJSI habrá logrado su objetivo, ayudar a hacer mejores empresas y más rentables.
Autora: Jerusalem Hernandez es Directora en el Área de Sostenibilidad de KPMG en España
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