Energía

El histórico Acuerdo de París marcó un punto de inflexión en la agenda climática, en el que la Unión Europea ha adquirido un papel indiscutible de liderazgo. La necesidad de reducir las emisiones y alcanzar un planeta más sostenible ha calado en los gobiernos europeos, lo que por ejemplo en España se ha materializado con la unión de energía y medio ambiente en una cartera, el Ministerio de Transición Ecológica.

Para alcanzar los objetivos marcados por la UE para España, el Ejecutivo tiene previsto aprobar en 2019 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que concretará la estrategia de descarbonización y que deberá ser aprobado por Bruselas.

Estas dos normativas deberán establecer las bases hacia una descarbonización efectiva, que implica abandonar de forma paulatina los combustibles fósiles (especialmente el carbón) incrementando el peso de las renovables, además de buscar una mayor eficiencia energética. Como explica Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España, “para garantizar la transición energética, es necesario abordar tres líneas: la eficiencia energética, el incremento del peso de las renovables y el abandono del carbón”.

En este punto, el Ejecutivo defiende la necesidad de que el sector público y el privado caminen de la mano para garantizar una transición energética, además de cifrar en 200.000 millones de euros las inversiones que se realizarán a lo largo de la próxima década, abriendo numerosas oportunidades de negocio.

Alcanzar una economía descarbonizada conlleva inexorablemente rediseñar el mix energético, incrementando el peso de las renovables frente a la procedente de combustibles fósiles. En concreto, la UE establece que para el año 2030 la cuota de renovables en el sistema deberá ser de al menos el 32%, cifra que el Ejecutivo ya ha afirmado considera una “referencia, no un límite”.

Lo cierto es que las renovables se encuentran preparadas para dar respuesta a esta cifra. En los últimos años su evolución tecnológica les ha permitido ser competitivas a precios de mercado, por lo que ya no dependen en su mayor parte de la regulación para incrementar su peso. Sin embargo, todavía queda por delante afrontar importantes retos, como desarrollar un modelo regulatorio que ofrezca certeza al sector e incrementar la eficiencia energética.

Respecto a la eficiencia energética, Alberto Martín valora que España dio “un primer paso” para adaptarse a la directiva europea en esta materia, pero apunta que se pueden adoptar más medidas. “Es necesario crear mecanismos de mercado que permitan alcanzar los objetivos, similares a otros países europeos como Francia e Italia”, sostiene.

La regulación de las renovables ha sido una de las cuestiones más debatidas en el sector energético. La necesidad de garantizar su inclusión en el mix energético llevó a un sistema de subastas, por el que el Ejecutivo fija un objetivo de penetración de renovables y acude al mercado para adquirir la mejor oferta.

Sin embargo, las energías renovables han evolucionado de forma notable en los últimos años, reduciendo sus necesidades de subvención al mínimo. “La principal consecuencia de que las renovables queden sujetas al precio de mercado es que el precio de venta de la energía se convierte en un factor muy importante, un precio que normalmente se desconoce a medio plazo, dificultando la financiación de las inversiones”,  explica Alberto Martín.

Ante esta incertidumbre sobre el precio, han ido surgiendo –inicialmente en Estados Unidos, gradualmente en Europa y Latinoamérica- los denominados contratos bilaterales de compra de energía (Power Purchase Agrement , PPA por sus siglas en inglés). Estos contratos de venta de energía a largo plazo nacen para hacer frente a la incertidumbre sobre el precio futuro de la energía, que afecta tanto a productores como a consumidores.

“En Europa la regulación a través de subastas estaba muy asentada y los PPAs han tardado en aterrizar, pero empiezan a emerger los primeros ejemplos. De hecho algunas compañías no acudieron a las últimas subastas al considerar interesante este tipo de contrato. Por el momento los volúmenes son modestos pero son una tendencia clara”, apunta Alberto Martín.

En el marco de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte juega un papel crucial. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), el transporte es responsable del 25% de las emisiones a nivel global, y en España se incrementaron un 2,6% en 2017. Por el momento, el mayor reto continúa siendo desligar el crecimiento económico con el aumento de emisiones, que están muy relacionadas con el transporte de mercancías, especialmente por carretera.

Para 2050, la UE ha marcado como objetivo reducir en un 60% las emisiones procedentes del transporte respecto a los niveles de 1990. Especial relevancia tiene el transporte por carretera, ya que la mayoría de vehículos europeos –hasta un 70% en 2014 según la AEMA- utiliza el combustible diésel.

En este punto, el protagonismo recae en el regulador: el pasado octubre el Parlamento Europeo aprobó elevar los requisitos de reducción de emisiones para los coches nuevos y furgonetas, en un texto que también obliga a las compañías a garantizar la inclusión en su flota de vehículos no contaminantes.

Queda por conocer cómo afronta este reto España, que ya ha anunciado su intención de eliminar el diésel del parque automovilístico y ante el que algunas ciudades ya están planteando restricciones a su circulación. Sin embargo, según señala Alberto Martín, “la descarbonización del transporte debe abordarse con rigor, primando en un principio las tecnologías eficientes disponibles a corto plazo, como los nuevos motores de bajas emisiones, y adoptando la movilidad eléctrica a medida que vaya alcanzando su madurez tecnológica y económica”.

Al proceso de transición energética en el que se encuentra inmerso el sector, se unen la irrupción de nuevas tecnologías y el cambio de hábitos de los consumidores. Las compañías afrontan de este modo la necesidad de adaptarse para no quedarse atrás, en un proceso de transformación que implica un cambio profundo pero que también abre la posibilidad de mejorar la eficiencia y la relación con sus usuarios.

En concreto, la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial, el análisis de datos o la robotización de procesos permite desde predecir el consumo de energía a diseñar ofertas personalizadas a los usuarios en base a sus datos y preferencias, además de una relación más cercana a través de múltiples canales.

Sin embargo, como explica Alberto Martín, “la digitalización no responde únicamente a la incorporación de tecnologías, sino que implica una profunda transformación en toda la compañía”. Un cambio en el modelo de negocio que debe ser “liderado por el equipo directivo para garantizar un cambio cultural”, subraya.