Artículo escrito por Jon Mendicote.
Según el Banco Mundial, existe un importante gap de inversión en infraestructuras: actualmente 940 millones de personas en el mundo carecen de electricidad, 663 millones carecen de fuentes de agua potable, 2.400 millones carecen de instalaciones de saneamiento, 1.000 millones viven a más de 2 kilómetros de una carretera, y otros tantos no pueden acceder oportunidades laborales y educativas debido a la ausencia o al alto coste de los servicios de transporte.
En los países en vías de desarrollo, las infraestructuras no alcanzan las necesidades para abordar el bienestar individual, la salud pública, los riesgos del cambio climático, y lograr prosperidad económica.
Además, según el Global Infrastructure Hub, teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento actuales, serán necesarios 15 billones $ adicionales para cubrir las necesidades globales de infraestructuras en 2040. Cerrar esa brecha y cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas requerirá que el gasto, como proporción del PIB mundial, crezca del nivel actual del 3% al 3,7%.
En este sentido, la cuestión de cómo atraer mayores recursos a la infraestructura (en particular, del sector privado) ha dominado gran parte de la conversación en foros internacionales como el G20. Las crecientes preocupaciones sobre la urgencia de actuar han dado un nuevo impulso al debate sobre cómo hacer que el sector privado invierta más en infraestructura.
Pero la solución no es tan simple. Cuánto se necesita invertir depende del objetivo perseguido, y éste recae en las aspiraciones de crecimiento económico y los objetivos sociales de cada país. En este sentido, el planteamiento debe centrarse en cómo estas infraestructuras responden a las necesidades del país, por tanto, es insuficiente hablar solo de gastos de capital. Para lograr un buen desarrollo en un planeta estresado por el cambio climático, las desigualdades sociales y la disminución de los recursos naturales, la infraestructura también debe ser sostenible.
Tras el anuncio en septiembre de que los bancos multilaterales de desarrollo planean aumentar las inversiones en acciones climáticas con US$175.000 millones anuales hasta 2025, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año, COP25, se esperan nuevos compromisos.
Una apuesta importante será la que haga el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) con su programa EBRD Green Cities, para ayudar a las ciudades a identificar, priorizar y conectar sus desafíos ambientales con inversiones en infraestructura sostenible y diálogo político.
Además, la Comisión Europea, en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, tiene el papel vital de garantizar que los procesos de la UE estén alineados con los ODS en el marco del Green and Fair New Deal, un ambicioso plan para alcanzar la neutralidad en emisiones para 2050.
Existen otros acuerdos de colaboración, como la asociación UE-China para la inversión sostenible en el proyecto de infraestructuras más grande del mundo Belt and Road Initiative (BRI) de China, que si se lleva a cabo correctamente, promoverá tecnologías limpias y energía, carreteras, ferrocarril y puertos en gran parte de Eurasia. También el acuerdo del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y el Foro Económico Mundial (FEM) que firmaron este mes un acuerdo para acelerar el flujo de financiamiento público y privado hacia la infraestructura sostenible en el sudeste asiático, son ejemplos de que la colaboración es clave para facilitar cambios sistémicos en la financiación del desarrollo.
Según un reciente estudio del World Economic Forum, las vías de inversión en infraestructura compatibles con la descarbonización completa para fines de siglo no tienen por qué costar más que alternativas más contaminantes. Una asignación planificada de los recursos (naturales y de capital), y asegurar un flujo constante de capital para operaciones y mantenimiento es una condición necesaria para el éxito, pudiendo reducirse el coste total del ciclo de vida de la infraestructura en más del 50 por ciento.
En la actualidad, las necesidades de infraestructura global son desalentadoras, particularmente cuando se contextualizan con presupuestos gubernamentales tensos y amenazas como el cambio climático. La clave, por lo tanto, es que la comunidad internacional y la financiación climática se focalicen en ayudar a los países a alcanzar los objetivos de descarbonización al menor coste posible mediante el apoyo a una mejor planificación y establecer políticas que aumenten la eficiencia de las inversiones en infraestructura sostenible.
Estaremos atentos para ver qué responsabilidades se asumen y que propuestas se impulsan en la próxima COP25.
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