Algunas cuestiones sobre la Administración Pública y el COVID-19

El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el actual brote de nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. No es la primera ocasión en que la OMS hace una declaración de emergencia de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional.

Por lo tanto, la Organización y los distintos gobiernos ya disponen de una experiencia documentada respecto a los acontecimientos y comportamientos derivados de una declaración como la actual. Posteriormente, el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia por coronavirus. La decisión fue tomada, en palabras de su director general, tanto “por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”.

El Consejo de Ministros celebrado el 4 de febrero de 2020 aprobó la creación del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus. Se trataba de un grupo de trabajo formado por los titulares de los Ministerios que podían verse afectados en el que se haría seguimiento y evaluación de la situación y se coordinaría la respuesta transversal del Gobierno ante cualquier eventualidad que se pudiera producir.

Durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, el Ministerio de Sanidad y las diferentes Consejerías de Sanidad mantuvieron reuniones y comunicación permanente para coordinar los esfuerzos de control, comunicación y gestión de la emergencia. La información disponible apuntaba a un alto grado de cooperación y colaboración entre las distintas autoridades sanitarias.

España cuenta con un avanzado sistema sanitario, en el que la salud pública cobraba especial relevancia en los momentos iniciales del desarrollo de la crisis sanitaria. Nuestro sistema sanitario dispone de protocolos y planes de actuación para distintos supuestos de emergencia sanitaria que han de ser seguidos. No obstante, pasados los momentos iniciales, la percepción general es que dichos protocolos y planes de actuación no han permitido que la sociedad española y sus instituciones hayan afrontado las fases iniciales de la epidemia con la suficiente anticipación, previsión, preparación y efectividad. Tras varias semanas en qué las llamadas a la tranquilidad han coexistido con diversos grados de descoordinación, el Gobierno de España ha asumido, de modo progresivo, el liderazgo de la sociedad española, que afronta su situación sanitaria, social y económica más compleja de las últimas décadas.

Medidas para hacer frente a la compleja coyuntura

Los Reales Decretos Ley 6 y 7/2020 han supuesto la adopción de medidas para paliar parcialmente algunas de las situaciones derivadas de la propagación del coronavirus. La promulgación del Real Decreto 643/2020, por el que se declara el estado de alarma, supone la concreción del contenido de dicho estado, así como la asunción por parte del Gobierno de España de la titularidad de las competencias para dirigir los aspectos más relevantes de la crisis.

El Real Decreto Ley 8/2020 desarrolla ampliamente medidas necesarias para aliviar la situación de algunas de las situaciones más complejas que se han detectado en las últimas semanas. Este combina la protección a familias y personas que han visto más perjudicada su situación, al tiempo que intenta proteger las áreas más desfavorecidas de nuestro tejido productivo. Para ello, facilita la financiación, flexibiliza las condiciones laborales (a la vez que protege los derechos de los empleados y autónomos en situación difícil), garantiza servicios esenciales a los ciudadanos y garantiza el empleo en los amplios sectores de proveedores públicos que garantizan la continuidad de los servicios públicos. También aporta medidas que mejoran la seguridad jurídica de nuestras empresas en los ámbitos fiscal, administrativo o mercantil, entre otros ámbitos.

En palabras de Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, “en las próximas semanas hemos de empezar a vislumbrar la duración de esta compleja situación de modo que, con el liderazgo del Gobierno y los responsables de las Administraciones autonómicas y locales, el compromiso y apoyo de los grupos de la oposición y la participación e impulso de todo el tejido social español, encaremos la adopción de nuevas medidas que nos permitan primero resistir y defender nuestra sociedad, y también enmendar deficiencias y construir un camino de futuro”.

Esfuerzo conjunto por parte de la sociedad

En estos momentos, si cabe con mayor intensidad que en otras ocasiones, la administración pública y la prestación de servicios esenciales para la sociedad, gestionados tanto por operadores públicos como privados, han reclamado su protagonismo para mantenernos a salvo. Estos son, por citar a algunos de los más señalados, sectores como la sanidad, los servicios sociales, la seguridad, los transportes, la limpieza y la higienización, la defensa, el mantenimiento urbano, el sector agroalimentario y de primera necesidad, las comunicaciones y el suministro energético y de agua, sin desdeñar a ninguno de los que no he sido capaz de enumerar. Todos ellos están demostrando con su valor y esfuerzo por qué siempre son necesarios y, en la actual coyuntura, esenciales.

Al mismo tiempo, con el objetivo de frenar la cadena de contagio, millones de personas estamos siguiendo las instrucciones de confinamiento al tiempo que hacemos lo imposible por mantener nuestra actividad productiva en funcionamiento desde nuestros hogares. Los cimientos de la recuperación están disponibles, pero necesitamos un proyecto adecuado para superar la crisis.

Durante los últimos días hemos asistido a una importante promulgación de normas, cuyo núcleo central ya se ha enumerado y su contenido se ha empezado a desarrollar de modo intenso, pero hemos de esperar a que se continúe desarrollando en las próximas semanas. Dada la elaborada estructura política y administrativa de nuestro Estado, debemos interpretar el paquete normativo como un paso inicial en un proceso no solo desconocido, sino también complejo.

Precisamos que los responsables públicos lideren a la sociedad, que sean capaces de anticiparse a las circunstancias que nos tocará vivir y  que gestionen aquello para lo que son los mejores. Pero también precisamos que busquen a los mejores en cada campo para que hagan lo que saben hacer. Las muestras de talento, profesionalidad, coraje, solidaridad o entrega que nos emocionan cada día cuando vemos lo que somos capaces de hacer deben ser aprovechadas, impulsadas e incentivadas para que todos demos lo mejor en estos momentos en el que tanto lo necesitamos. En sociedades tan evolucionadas y sofisticadas como las occidentales, es imposible que una organización sea capaz de asumir todos los frentes. Por eso es importante que el modo de relación consista en la coordinación y la colaboración de personas y organizaciones alineadas en un fin común.

 La difícil vuelta a la normalidad financiera pública

Para ir terminando por hoy, y a modo de anticipo de lo que debemos esperar en los próximos meses, la crisis derivada del Covid-19 está transformado completamente muchas de las instituciones que articulan nuestro Estado. Cuando superemos esta crisis sanitaria tendremos que bregar con una difícil situación económica en qué las finanzas públicas serán una de las principales cuestiones que debamos afrontar.

En las próximas semanas o meses, uno de los objetivos del Gobierno debe consistir en elaborar una estrategia presupuestaria (se adivina imposible avanzar en la elaboración de un proyecto de Presupuestos) adaptada a la situación en la que estamos inmersos. En el RDL 8, el peso fundamental de las medidas tiene que ver con la autorización de avales por el Ministerio de Economía, el incremento del límite de endeudamiento del ICO y la Línea extraordinaria de cobertura aseguradora que instrumentara CESCE. La utilización de este tipo de instrumentos financieros es muy oportuna, pero aún es pronto para valorar su efectividad y suficiencia. En los últimos RDL se ha dispuesto más del 50% del Fondo de Contingencia para necesidades sanitarias y sociales, que serán transferidos a CCAA y EELL, según proceda. Por otra parte, la protección a autónomos y trabajadores que ya están sufriendo los efectos tanto de la epidemia como de las medidas para contenerla supondrá un incremento de prestaciones del SEPE y una limitación de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Debido a los apoyos concedidos en forma de ERTEs y a la reducción de ingresos por parte de los autónomos, es difícil vislumbrar en este momento el deterioro en la recaudación, tanto tributaria como de la seguridad social, que se va a producir por la caída de la actividad económica. La excepcional gravedad de las circunstancias actuales está contemplada en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria como uno de los supuestos en los que está permitido un mayor nivel de déficit público. Sin embargo, el elevado nivel de deuda pública, el déficit estructural previo no subsanado y las esperadas largas consecuencias económicas de la epidemia, más allá de puramente sanitarias, dificultarán la vuelta a la normalidad financiera pública. Todo ello sin considerar el sustancial incremento del gasto operativo de todas las administraciones públicas, derivado de su extraordinaria actividad durante estas semanas y que afectan, especialmente, a áreas como sanidad, servicios sociales, seguridad, protección civil o transportes, por citar algunas de las áreas más afectadas.