Tal y como muestran la evolución de las curvas de contagiados y fallecidos, la pandemia remite. La mejora de la situación sanitaria ha reabierto el debate sobre el ritmo de reapertura. De hecho, algunos países, como Italia, han decidido acelerar el proceso de desescalada para evitar que el daño económico siga profundizándose.
Y es que los datos de la economía real continúan confirmando los pronósticos que auguraban un fuerte impacto del COVID-19 en la economía. En Estados Unidos, el número de demandantes continuos de prestaciones por desempleo se sitúa en los 22,8 millones, mientras que el déficit del país supera los 738.000 millones de dólares, frente al superávit de 160.000 millones registrado en abril de 2019. En la zona euro, el PIB cayó un 3,8% en el primer trimestre del año en comparación con el trimestre anterior, cifra que supone el mayor descenso de la serie histórica. Asimismo, la producción industrial de la eurozona experimentó en marzo un retroceso del 12,9%, la mayor caída desde agosto de 2009 y por encima de las previsiones del mercado.
En España, el INE ha confirmado un descenso del 0,7% en el IPC, mientras que el Banco de España ha constatado que la recesión será más prolongada e intensa de lo que había previsto en abril, por lo que revisado sus perspectivas. El organismo considera ahora que el PIB nacional podría caer un 9,5% en el escenario medio, frente al descenso del 8,7% que anticipaba hace un mes. El pasado 18 de mayo, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, reclamó en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados un programa de consolidación presupuestaria a medio plazo que contemple la revisión del gasto y mejore la capacidad recaudatoria.
Para Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, “la crisis sanitaria ha añadido, al tenso escenario presupuestario preexistente, un inesperado y exógeno incremento del déficit estructural y ha acentuado la necesidad de reformas estructurales tanto en la economía como en el sector público”. En este contexto, considera imprescindible una “estrategia presupuestaria de largo plazo, con suficiente apoyo político y social, que tenga como objetivo la eficacia del gasto público, la capacidad recaudatoria y eficiencia económica del sistema impositivo y la eficiencia de la gestión presupuestaria”
Hernández de Cos también pidió a la Unión Europea una respuesta contundente, acotada en el tiempo y coordinada frente a la crisis provocada por la pandemia. El 13 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyden, presentó al Parlamento Europeo las líneas maestras de la estrategia europea para la recuperación. Esta estrategia se articularía en torno a dos instrumentos: el presupuesto ordinario europeo, cuyo Marco Financiero Plurianual debe acordarse en este año y que se financia con los recursos tradicionales de la Unión, y, adicionalmente, el instrumento de recuperación financiado mediante deuda. La mayor parte de este instrumento de recuperación se destinaría a ayudar a los Estados miembros a reparar y recuperar sus economías, teniendo como prioridades la transición climática, la digitalización y el incremento de capacidades para enfrentarse a otras crisis. El Parlamento Europeo respondió el 15 de mayo aprobando una resolución en la que pide a la Comisión un plan de recuperación de 2 billones de euros, sustentado mayoritariamente por transferencias, tal y como proponen países como España. La Comisión debe presentar su propuesta final el 27 de mayo.
Por su parte, el Eurogrupo ha definido ya las condiciones para acceder a los préstamos del programa SURE con los que los estamos miembros podrán financiar políticas de apoyo al empleo y a las rentas de trabajadores. España ha sido el primer país en anunciar que solicitará estos fondos, con los que sufragará parte del coste de los ERTE, que se estima en 18.000 millones.
Precisamente, el 13 de mayo se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 18/2020 que establece nuevas reglas relativas a los ERTES en el actual contexto de apertura de la actividad derivada de la crisis del COVID-19. Esta legislación permite que las empresas que han ejecutado ERTE por fuerza mayor los mantengan hasta el 30 de junio y prevé que durante los meses de mayo y junio, si se mantiene la aplicación total de la medida, se conserven las reducciones de las cotizaciones empresariales correspondientes a los trabajadores incluidos en el ERTE por fuerza mayor como hasta ahora: un 100% si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y en un 75% si la empresa tiene 50 o más trabajadores. La limitación de no poder despedir o extinguir contratos invocando causas económicas o productivas relacionadas con el COVID-19 se mantiene hasta el 30 de junio y se prohíbe a las empresas con más de 50 empleados que ejecuten ERTE por fuerza mayor y utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, que repartan dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se han aplicado esas medidas.
“Este Real Decreto-Ley 18/2020 clarifica además un aspecto hasta ahora controvertido cuando establece que el compromiso de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad aplica únicamente a los ERTE por fuerza mayor e incorpora la posibilidad para la empresa de desafectar de forma parcial a los trabajadores incluidos en el ERTE por fuerza mayor, lo que parece permitir el cómputo de ese periodo de seis meses desde el regreso a la actividad aunque sea parcial”, explica Francisco Fernandez, socio del área Laboral de KPMG Abogados.
Poco a poco la emergencia sanitaria va quedando atrás, pero queda claro que la crisis económica que ha provocado exigirá a gobiernos y empresas tomar medidas contundentes para volver a la senda del crecimiento lo antes posible.
Deja un comentario