El impacto económico de la COVID-19: el frente europeo

El impacto de la COVID-19 ha sido desigual entre los países que integran la Unión Europea, tanto en términos epidemiológicos como económicos. Los países del sur han acusado un impacto mayor: fueron los primeros que sufrieron brotes de la enfermedad y se encuentran en una posición fiscal más delicada para afrontar las consecuencias económicas de las medidas de confinamiento.

Desde el primer momento, gobiernos, mercados y ciudadanos han considerado que la Unión Europea debería desempeñar un papel fundamental a la hora de mitigar un impacto asimétrico, que podría profundizar las desigualdades entre los países de la Unión.

A finales de mayo, la Comisión Europea presentó el Programa Next Generation EU para impulsar la salida de la crisis económica provocada por la COVID-19. Dentro de este programa, el mecanismo de Facilidad de Recuperación y Resiliencia (FRR) es el instrumento más cuantioso con 560.000 millones de euros en 4 años de un total de 750.000.

El debate de la condicionalidad

Desde su presentación, la cuestión de la condicionalidad de los fondos que incluye el FRR ha sido objeto de debate. A este respecto, es necesario aclarar que ni la Comisión ni los llamados ‘países frugales’ han propuesto nunca que se aplique a este mecanismo la condicionalidad propia de los préstamos clásicos, en los que el dinero se entrega para refinanciar la deuda a cambio de unos compromisos fiscales y de reformas que no están directamente ligados a la deuda

Para analizar la condicionalidad que se puede aplicar al FFR, hay que tener en cuenta que se trata de un instrumento híbrido. Por una parte, como desean los países del norte, está orientado a incentivar la puesta en marcha de reformas e inversiones que aumenten la capacidad de crecer de las economía y por otro, tiene una función de estabilización, es decir, ayudar a los países más afectados por la crisis a mitigar el impacto inmediato y así evitar un shock asimétrico. La condicionalidad tradicional, por tanto, no se puede aplicar a ninguna de estas dos finalidades.

La única condición que se impone a los países que quieran acceder a los fondos del FRR es que demuestren en su Plan de Recuperación que las actuaciones que proponen constituyen una respuesta a la crisis, aumentan la capacidad de crecimiento y están alineadas con las prioridades de la UE y con las recomendaciones específicas que el Estado Miembro ha recibido del Consejo, en el marco del llamado Semestre Europeo.

Por esa razón el debate realmente se centra en la gobernanza del instrumento, es decir, quién debe valorar si los programas que presenten los Estados son adecuados para recibir fondos. La Comisión ha propuesto que la decisión sea suya, lo que agilizaría la llegada de fondos.  Sin embargo, varios Estados Miembros defienden que debe mediar una decisión del Consejo (Ecofin o Consejo Europeo), lo que reproduciría el histórico debate entre dinero a cambio de reformas y función de estabilización, que, seguramente, centrará las discusiones del próximo Consejo Europeo de julio.

Preparando la despedida

El calado de la crisis provocada por el COVID-19 ha desviado el interés que son también determinantes para el futuro de la UE, como es su relación con su antiguo socio, Reino Unido. Probablemente, no se extenderá el periodo de transición más allá del 31 de diciembre de este año.

Tras las cuatro primeras rondas de negociación los avances han sido muy escasos. En los últimos días, ambas partes se han mostrado decididas a hacer el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo. El principal obstáculo es el conocido como ‘level-playing-field’. La Unión Europea quiere que el Reino Unido, para poder comerciar con el mercado interior, respete las normas comunitarias sobre ayudas de estado, medioambiente, trabajo y seguridad. Reino Unido se opone, pues debería acatar una legislación en cuya aprobación ya no participaría. Otras cuestiones críticas en la negociación son la pesca; los servicios financieros, en los que el Reino Unido tiene especial interés; y la aplicación de las decisiones del Tribuna de Justicia de la Unión Europea.

Si a finales del mes de julio no se observa progresos, deberían comenzar los preparativos para el Brexit duro el 1 de enero de 2021. Este escenario sería arriesgado para ambas partes: por un lado, la UE representa casi el 50% del comercio exterior de bienes y servicios del Reino Unido, mientras que Reino Unido tiene un importante déficit comercial con la Unión. Por ejemplo, el superávit comercial de España con Reino Unido es de 14.000 millones de libras. Lo mejor para todos sería no hacer experimentos, no explorar la vía del Brexit duro y cerrar un acuerdo antes de fin de año.

Así las cosas, los próximos meses serán clave para la Unión Europea, que deberá acordar una respuesta común frente a la crisis del COVID-19 que evite incrementar las desigualdades entre los estados miembros y despedirse de un antiguo socio con el que aún mantiene unas lazos comerciales estrechos.