Tal y como están descubriendo gobiernos, empresas y ciudadanos, la crisis económica que ha causado la COVID-19 no tiene precedentes que nos sirvan de modelo para realizar previsiones. Generalmente, las recesiones se producen por el acumulamiento de desequilibrios de carácter macroeconómico que en algún momento llega a ser insostenible. Pero en este caso no ha sido así: la pandemia ha obligado a restringir la actividad productiva y la movilidad de los ciudadanos, con el consiguiente impacto en las cuentas de las empresas y en la economía de las familias.
En este contexto es muy difícil prever cuál será el comportamiento de los agentes económicos. Uno de los aspectos que es interesante analizar es el comportamiento del consumo. El confinamiento ha obligado a los consumidores a reducir sus compras de productos y servicios, bien por la imposibilidad de adquirirlos (locales de hostelería), o bien porque las limitaciones en la vida social desincentivan el consumo de algunos productos (cosmética, ropa). En principio, la lógica llevaría a pensar que el consumo no realizado durante el confinamiento debería aflorar una vez que se levantes las restricciones.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el impacto que la pandemia ha tenido sobre el empleo y, por tanto, en los ingresos de las familias, así como la sensación de que la crisis puede ser más prolongada de lo esperado, impulsará a los potenciales consumidores al ahorro.
La recuperación de la economía dependerá en buena medida de cuál de estas dos tendencias se imponga. Si tenemos en cuenta que el consumo es el principal componente de la demanda agregada, su efecto arrastre sobre el conjunto de la economía es determinante. Por ahora, las previsiones son dispares: mientras que la Comisión Europea augura que en 2021 el consumo crecerá a un mayor ritmo que la economía (8,9% frente al 7%), el Banco de España y el Gobierno pronostican lo contrario. Esta disparidad pone de manifiesto la incertidumbre del momento y la dificultad para hacer predicciones.
Por ahora, solo China podría servir como referencia, porque tanto el impacto de la enfermedad como la reapertura de la actividad fueron previos. En este país se detecta que la demanda de servicios y bienes duraderos se recupera a un ritmo más lento que la de bienes perecederos. Sin embargo, los patrones de consumo chinos difieren bastante de los de las economías europeas, por lo que no es conveniente extrapolar las tendencias que experimenta su economía.
A pesar de la incertidumbre del contexto, parece obvio que la evolución del consumo estará ligada a la de otros factores, algunos vinculados directamente con la enfermedad, como el descubrimiento de una vacuna, y otros económicos, como la recuperación del empleo. Asimismo, el aumento del consumo estimularía el crecimiento económico, especialmente si se orienta hacia productos y servicios locales.
En este escenario, los gobiernos han comenzado a tomar decisiones de estímulo fiscal. El plan de recuperación que presentó el miércoles pasado la UE tiene como objetivo evitar que el impacto asimétrico de la pandemia condene a una lenta recuperación a los países más afectados, que precisamente son aquellos que presentan una situación fiscal más comprometida.
El pasado 27 de mayo la Comisión presentó su plan de recuperación al que llamó Next Generation EU. Este instrumento estaría dotado con 750.000 millones de euros y se integraría dentro del Marco Financiero Plurianual de la UE, que a su vez ascendería hasta los 1,1 billones de euros en el periodo 2021-2027.
Con este plan la Comisión pretende cumplir un triple objetivo: financiar inversiones y reformas de los países miembros para hacer frente a la crisis, estimular la inversión privada y fortalecer la capacidad sanitaria en el continente.
Para financiar las inversiones y reformas de los países miembros, la Comisión contempla la creación de un nuevo Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, con un presupuesto de 560.000 millones de euros, (310.000 en transferencias y 250.000 en préstamos). A este instrumento se sumaría la iniciativa REACT-UE, dotada con 55.000 millones de euros, con el fin de apoyar a trabajadores y las pymes, los sistemas sanitarios y la doble transición ecológica y digital.
Con el fin de estimular la inversión privada, la Comisión prevé crear un Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que movilizaría recursos privados para prestar apoyo urgente a empresas que estarían saneadas en otras circunstancias, y un Instrumento de Inversiones Estratégicas que permitirá movilizar hasta 150.000 millones en inversiones. La Comisión también propone actualizar y mejorar el programa InvestEU, aumentando su capacidad hasta los 30.000 millones de euros
La Comisión apuesta por reforzar la sanidad europea, a través de la creación de los programas EU4Health que, con un presupuesto de 7.700 millones de euros, estaría destinado a crear una red seguridad sanitaria europea, o rescEU, que comprende una inversión de 2.000 millones de euros para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras pandemias.
Para financiar Next Generation EU, la Unión Europea emitiría por primera vez deuda garantizada por los Estados miembros, que debería abonarse entre 2028-2058. Si esta deuda llegase a refinanciarse, se crearía un instrumento de deuda pública europea permanente, que supondría la primera piedra de una unión fiscal. De hecho, Next Generation actuaría desde un primer momento como un compensador fiscal entre regiones a modo de un presupuesto federal frente a shocks asimétricos.
España podría utilizar los fondos de este instrumento para modernizar su estructura productiva., ya que, dado el fuerte impacto de la crisis en su PIB, prácticamente todas los sectores y regiones pueden presentar proyectos financiables. Es fundamental que el sector privado se involucre en el proceso para obtener el máximo partido a la financiación. La UE y el Gobierno español tendrán elevado interés en que los fondos se gasten rápido, ya que, de lo contrario, perderían su eficacia como instrumento de impulso de la economía europea.
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