Como comentábamos en el anterior post, el ritmo de la recuperación económica vendrá determinado en buena medida por la evolución que experimente el consumo. También apuntábamos que las previsiones estaban divididas de modo que algunos organismos como la Comisión Europea consideraban que el consumo crecería a un mayor ritmo que el PIB en 2021 (8,9% frente a un 7%), otros, como el Gobierno o el Banco de España pronosticaban.
Así las cosas, a medida que se van teniendo más datos, parece que la demanda agregada, de la que el consumo es el principal componente, se está incrementando a una velocidad más lenta de lo esperado. Este hecho repercute negativamente en las perspectivas de inflación, que se han inclinado a la baja.
Ante este panorama, el BCE decidió tomar medidas para estimular la demanda agregada (y por tanto la recuperación económica), concretamente, aumentar la compra de activos en los dos principales programas que tiene actualmente en funcionamiento: el Programa de Compra de Activos (conocido como APP por sus siglas en inglés) y el Programa de Compras por la Emergencia de la Pandemia (PEPP).
El APP se creó durante la Gran Recesión como uno de los mecanismos de la política del BCE para afrontar la coyuntura. Aunque a principios de 2019 dejó de realizar compras netas porque la economía de la Eurozona había recuperado su PIB potencial, volvió a activarlas en otoño ante las perspectivas de recesión, alcanzando un ritmo de inversión de 20.000 millones de euros al mes. El BCE se ha comprometido a mantener esta cadencia mensual hasta al menos finales de 2020 y además aumentará en 120.000 millones los fondos del programa, que en un 80% se dedica a la adquisición de deuda soberana.
Por su parte, el PEPP se creó en marzo como respuesta a la pandemia. El BCE ha decidido aumentar su techo de gasto en 600.000 millones de euros hasta los 1,35 billones y extender su horizonte de compras desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Los vencimientos serán reinvertidos hasta el final de 2022 y desde esa fecha, en función de las necesidades de la política monetaria.
Entre ambos programas, el BCE ha adquirido 2,5 billones de euros en deuda pública, de los que 300.000 millones corresponden a deuda pública española, una cuarta parte del total de la deuda soberana del país.
Aunque estas medidas van a beneficiar a todos los socios, la principal razón por la que el BCE las ha adoptado es el deterioro de las perspectivas de recuperación económica en Alemania. Se empieza a observar que la incertidumbre está pesando más sobre el consumo que las ganas de recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento. Este hecho explicaría también el apoyo germano a la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda garantizada por el presupuesto común. De hecho, Alemania acaba de lanzar un plan de estímulo fiscal por un valor total de 130.000 millones de euros, el 3,7% de su PIB, orientado a estimular el consumo y a aliviar la situación en los sectores más afectados por la crisis. Reducción del IVA, transferencias directas a las familias, subvenciones para la adquisición de coches eléctricos o inversiones en la automoción, el turismo o el transporte son algunas de las medidas que recoge el plan.
Alemania tiene suficiente músculo fiscal para adoptar un programa de este calibre, a diferencia de países como España, con un elevado déficit estructural y menor capacidad de endeudamiento. No obstante, la débil situación económica de la zona central dificulta la diferenciación entre estados e incentiva esfuerzos coordinados en política fiscal y monetaria en el conjunto de la Eurozona. Mientras subsista la debilidad en el centro de la Eurozona, ni los mercados, ni las instituciones europeas exigirán modificaciones importantes en la situación fiscal de los Estados con deuda menos sostenible, dándose la paradoja de que conforme más lenta sea la recuperación en los países del centro, más tiempo tendrá la economía española para ajustar sus desequilibrios. Y estos serán intensos tras la pandemia: según la Intervención General del Estado (IGAE) en el mes de abril el Estado acumuló un déficit de 1,22 puntos de PIB, frente a un déficit de 0,10 puntos de PIB en el mismo mes de 2019. El incremento de déficit se debió principalmente al incremento en gasto en pensiones por parte de la Seguridad Social.
De momento las medidas del BCE se han traducido en una apreciación del euro frente al dólar, en el descenso de la prima de riesgo, especialmente en los países de la periferia, y en un incremento de las cotizaciones en Bolsa. Queda por ver si tiene un impacto real en la activación del consumo y, por tanto, de la recuperación económica.
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