De nuevo, los incentivos fiscales al sistema de pensiones

A lo largo de los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la necesaria reforma de nuestro sistema de pensiones. Se han publicado numerosas noticias en las que se han adelantado algunas de las posibles medidas que podrían aplicarse ante la mencionada reforma. Se ha hablado de considerar toda la vida laboral a efectos del cómputo de la pensión, prolongar la vida laboral mediante el aplazamiento de la edad de jubilación más allá de los 67 años, desincentivar la jubilación anticipada, aplicación del factor de sostenibilidad, en virtud del cual la pensión se ajusta a la esperanza de vida, etc.

Incluso se ha mencionado un cambio de modelo con respecto al de reparto actual y pasar a un modelo de capitalización similar a al llamado “mochila austriaca”. Este modelo, creemos que resultaría muy complicado de implantar si se plantea como alternativa al actual sistema financiero de reparto, pero quizá podría funcionar como esquema complementario durante un periodo transitorio.

También se ha sostenido desde el gobierno que las pensiones ya causadas no se iban a tocar, es decir, los pensionistas actuales quedarían blindados ante una reforma de la Seguridad Social.

Los sistemas de pensiones deben sostenerse en 3 pilares. Para que un sistema sea efectivo, además de la existencia de estos, los mismos deben funcionar como vasos comunicantes, lo que implicaría que, fijando la pensión objetivo, esta debería alcanzarse a partir de la suma de los mencionados pilares.

En España, hemos tenido la suerte de contar con un primer pilar, la Seguridad Social, que otorga pensiones de jubilación “generosas”, más aún si comparamos estas pensiones con las de la mayoría de los países de la OCDE y de nuestro entorno. Es este uno de los motivos por los que la previsión social complementaria, desarrollada por los pilares 2 y 3, que representan el ahorro colectivo a través de planes empresariales, y el ahorro individual, respectivamente, no se han desarrollado como hubiera sido deseable. Al final, “solo” los trabajadores con salarios más elevados, por tener topadas sus pensiones públicas, han sido quienes han hecho uso del ahorro complementario, y de ahí la falsa creencia de que los planes de pensiones privados son para “ricos”. La realidad es que los planes privados deben ser un instrumento para quienes con la pensión pública no alcancen un nivel de ingresos adecuado para afrontar el nivel de vida planificado una vez terminada la actividad laboral.

¿En qué situación nos encontramos actualmente? Estamos en un punto en el que la Seguridad Social se encuentra endeudada y con déficit. Este déficit se produce principalmente porque los pagos por pensiones exceden de los ingresos por cotizaciones. Esto no es nuevo. Desde hace varios años se viene recomendando hacer reformas para evitar la quiebra del sistema español de pensiones. Algunas ya se han hecho, pero ninguna ha servido para sanear y hacer viable el sistema a largo plazo y ha sido Europa quien nos ha puesto entre la espada y la pared vinculando el cobro de los fondos para la reconstrucción necesaria por la crisis derivada de la COVID-19 a una serie de reformas, entre ellas, la de nuestro sistema de pensiones.

Recientemente, la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calificado de “regresiva” la reducción actual de 8.000 euros aplicable a planes de pensiones y otros vehículos de previsión social. Se pone en cuestión, y no es la primera vez, incentivar fiscalmente el ahorro privado a través de los planes de pensiones. Esto, sin duda no es una buena noticia para los que creemos en la necesidad de contar con una previsión social complementaria desarrollada y a la altura de la de países de nuestro entorno como pueden ser, entre otros, Holanda o Alemania.

Europa ha centrado sus recomendaciones en 3 puntos:

• Desvinculación del IPC en las pensiones.
• Acercar la edad legal de jubilación a la edad real de jubilación.
• Reducir la ratio de sustitución de ingresos de nuestras pensiones (actualmente está en torno al 70% del último).

Es cierto que estas medidas pueden contribuir a que se pueda ir resolviendo el problema de viabilidad en el largo plazo de nuestras pensiones, pero la reducción de la ratio de sustitución de ingresos se traduciría, básicamente, en una disminución de las futuras pensiones de jubilación. Como comentábamos anteriormente, la consecuencia lógica sería, si se quiere mantener el nivel de vida planificado, contar con dos pilares robustos que puedan amortiguar la pérdida que probablemente tendremos en nuestras pensiones a partir de la reforma. Siguiendo con el ejemplo de los vasos comunicantes, que llegara mas liquido de los dos primeros vasos. ¿Van a estar más llenos para que se trasvase más “liquido “de los mismos? Nos tememos que no. Es por ello por lo que ahora más que nunca, debe apostarse por un desarrollo de la previsión social complementaria y afrontar una reforma que englobe, no sólo a la Seguridad Social, sino a las pensiones privadas que, visto lo visto, en los próximos años pasarán a constituir una parte muy importante de la pensión de jubilación de cada uno.

Tendremos que esperar a conocer en que consistirá la reforma y si se termina de eliminar uno de los pocos incentivos, el fiscal, que hoy hacen atractivos los planes de pensiones.

Creemos que, además de no eliminar incentivos fiscales, estos deberían mantenerse e incluso homogeneizarse en todos los vehículos de previsión social. Este factor, unido a una campaña de comunicación y transparencia, sin duda pueden conseguir que por fin tengamos una reforma global de nuestro sistema de pensiones en el que los tres pilares tendrán el protagonismo necesario para que no se produzca una reducción en términos globales en nuestros ingresos al llegar a la jubilación. La conclusión parece clara: ¿queremos ser más o menos solventes cuando lleguemos a nuestra jubilación?