Artículo escrito por Ángel Martín.
El repentino frenazo económico generado por el Covid-19 obligó a las empresas españolas a poner en marcha todas sus herramientas de continuidad y a las Administraciones a cerrar filas para impedir la destrucción de empleos con medidas extraordinarias legales, sobre todo de ámbito laboral, mercantil y fiscal, y financieras que han supuesto un balón de oxígeno para muchas, al mismo tiempo que han modificado los modelos de financiación vigentes y han reajustado el enfoque de financiadores tradicionales y alternativos.
En este capítulo se enmarcan también la reciente aprobación por parte del Gobierno de una ampliación del plazo para la concesión de los avales de los préstamos ICO, así como su extensión del periodo de devolución y del de carencia, a lo que se ha sumado la extensión de la moratoria de los concursos de acreedores hasta marzo del próximo año. Las consecuencias de la crisis sanitaria han provocado tensiones financieras derivadas de la necesidad de incurrir en inversiones y gastos no previstos, el descenso en los ingresos por la paralización de la demanda, cambios en la cadena de suministros o el cierre de fábricas y establecimientos, entre otros.
La menor generación de caja ha requerido y requerirá que muchas compañías revisen los calendarios de pago de su financiación y barajar alternativas de refinanciación de su deuda o nueva financiación. En este camino, los paquetes de medidas aprobados por el Gobierno de España, como los aprobados por otros gobiernos a nivel mundial, han facilitado el mantenimiento de la actividad empresarial. Junto a esto, los 750.000 millones de euros que la Unión Europea ha previsto dentro del Plan Europeo de Recuperación ofrecen una oportunidad excepcional para aquellas empresas con vocación de invertir en transformación digital, innovación y sostenibilidad. La colaboración público-privada y el papel del sector público aumentarán en el futuro como parte de la estrategia de las compañías.
El problema es que todas las medidas se han realizado asumiendo un horizonte temporal de vuelta a la normalidad en un año y medio, aproximadamente, desde el comienzo de la pandemia, y hoy sabemos que los rebrotes que se están produciendo, el efecto del confinamiento en el consumo local o en países a los que exportamos, así como los cambios en el comportamiento de los clientes, afectarán de forma profunda al tejido empresarial con una recuperación más lenta de lo inicialmente previsto.
Esta adaptación al nuevo contexto requerirá de la contratación en las empresas de profesionales con mayor capacitación digital, con planteamientos más disruptivos para enfrentarse a la nueva realidad, acomodando los conocimientos y las formas de trabajar a la demanda. Asimismo, es preciso comenzar, si no se ha hecho ya, a acometer procesos de mejoras operativas, transformación, y refinanciación de deuda, analizando los beneficios de dar entrada a inversores que aceleren estos procesos de transformación para preservar valor en las empresas. Hay que tener en cuenta que el sector de private equity mantiene su liquidez y es hoy una industria consolidada en España. Más del 80% de los primeros ejecutivos a nivel global sienten que esta crisis ha acelerado en años la creación de nuevos modelos comerciales digitales y para acometerlos y el 70% buscará operaciones inorgánicas en lugar de aumentar estas capacidades internamente.
El éxito en este proceso de transformación y vuelta a la rentabilidad dependerá de la anticipación con que se tomen estas medidas a adoptar y del efecto de la pandemia en cada sector. Veremos a corto plazo a empresas sólidas, en sectores estratégicos y con acceso a liquidez mejorar su competitividad, para volver a sus valores previos a la pandemia. Al tiempo, asistiremos a la transformación acelerada de determinados sectores que ya estaban inmersos en estos procesos forzados por los cambios en la demanda. Sectores como el turismo, hotelero, automoción, transporte de pasajeros o retail han sido los más afectados en el corto plazo, por lo que su recuperación va a ir ligada a la evolución de la enfermedad, las ayudas públicas que puedan aportarse y la anticipación y fortaleza que presentaran sus balances antes del comienzo de la crisis. El resto de los sectores podrán verse afectados en función de cómo evolucione el empleo y las exportaciones, absolutamente dependientes de la evolución de los mercados en los países receptores de nuestros productos. En la búsqueda de la viabilidad, los sistemas de alerta temprana implementados por las instituciones financieras y las nuevas directivas de la UE sobre reestructuraciones fuera del marco de la insolvencia resultarán eficaces para afrontar la nueva realidad.
Tribuna originalmente publicada en Expansión el 9 de diciembre de 2020.
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