Como sabemos, el presupuesto de la Unión Europea se va a duplicar en los próximos seis años para hacer frente a la crisis del coronavirus. La mayor parte de este incremento corresponde al fondo Next Generation EU, que va a ser repartido entre los distintos países para poder realizar políticas de reforma estructural anticíclicas. A España le corresponden 140.000 millones de este mecanismo, de los cuales 72.000 millones van a ser especialmente atractivos ya que serán a fondo perdido.
El Gobierno ya se ha puesto en marcha para comenzar a definir su asignación a través del plan España Puede, en el que estos 72.000 millones se reparten en 10 grandes políticas de reforma estructural en los próximos tres años. El sector de la energía va a ser enormemente relevante en este plan, ya que hay cinco de estas diez políticas en las que puede jugar un papel clave: la transición energética justa e inclusiva, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, la agenda urbana y rural, la modernización y digitalización del tejido industrial y las pymes, y el pacto por la ciencia y la innovación.
Este plan a tres años se ha concretado ya en una serie de partidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en los que hay previstos 27.000 millones correspondientes a fondos Next Generation EU (15.000 a nivel de la Administración Central y 12.000 para las Comunidades Autónomas y entidades locales). Sin embargo, hasta ahora todos estos planes están definidos solo a nivel de grandes partidas presupuestarias. El Gobierno está trabajando intensamente para bajar a un mayor nivel de detalle todas estas iniciativas y traducirlas en un plan que tiene que ser aprobado por Bruselas antes del próximo mes de abril. No se trata de un ejercicio sencillo dado el enorme volumen de inversión y los criterios que deben cumplir los proyectos para poder ser elegibles.
La transición energética va a ser sin duda una de las dos grandes banderas de esta iniciativa, junto con la digitalización. Aunque en teoría los fondos europeos no serían estrictamente necesarios para la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España (PNIEC), sí pueden jugar un papel clave para acelerarlos en tres ámbitos principales.
En primer lugar, pueden aplicarse a tecnologías energéticas que hoy no son aún rentables por sí mismas pero que con una cierta ayuda de fondos europeos pueden acelerar su implantación y su curva de aprendizaje, como pueden ser el hidrógeno, las baterías de almacenamiento, la eólica marina de aguas profundas o el biogás.
El segundo ámbito tiene que ver con aquellas actuaciones que siendo rentables por sí mismas tienden a no ocurrir espontáneamente debido a problemas de falta de coordinación o información entre agentes económicos (los llamados “problemas de agencia”); un ejemplo muy claro son las actuaciones de ahorro y eficiencia energética, en las que los fondos europeos pueden actuar como un catalizador clave.
En tercer lugar, tenemos las inversiones que siendo rentables para el sistema están limitadas por el esquema regulatorio vigente o cuya realización supondría un aumento de tarifas para el consumidor final y en las que los fondos europeos permitirían su implantación sin afectar a estas dos dimensiones; en este capítulo se engloban las redes de transporte y distribución, ya sea para lograr un mayor nivel de interconexión internacional o para facilitar la integración de energías renovables o de vehículos eléctricos. Teniendo en cuenta estos criterios, KPMG ha estimado que 44.000 de los 140.000 millones de euros que le corresponden a España en los fondos Next Generation EU se podrían destinar al sector energético para acelerar su transición hacia la descarbonización, representando por tanto una oportunidad enorme para España.
Los agentes del sector van a tener un papel muy importante para lograr que estas inversiones de fondos europeos se materialicen. No sólo van a poner poder poner encima de la mesa proyectos concretos para su uso sino que van también a poder aportar ideas y sugerencias sobre su encaje con el marco regulatorio, los posibles mecanismos de asignación de fondos a los proyectos o los esquemas de co-financiación, seguimiento y fiscalización. Para ello deberán ser proactivos para presentar sus propuestas, hacer mucho énfasis no sólo en el “qué” sino también en el “cómo”, priorizar entre los múltiples proyectos potenciales poniendo foco en aquellos de mayor potencial, trabajar en red a través de consorcios alianzas o esquemas público-privados, planificar la financiación complementaria a las ayudas y trabajar en profundidad las propuestas para maximizar las tasas de éxito.
En síntesis, los fondos europeos de recuperación representan una enorme oportunidad para acelerar la transición energética en España y actuar como un catalizador de la recuperación económica, pero su materialización va a requerir un trabajo muy intenso y coordinado entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector.
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