La Unión Europea afronta decidida un reto de dimensiones históricas: movilizar a todos los actores económicos para paliar una crisis de la que no existen antecedentes. El objetivo es claro: garantizar un futuro a las generaciones venideras, sostenible y digital, que demuestre que otra forma de crecer es posible. De ahí el nombre del plan que guiará la recuperación en los próximos años, Next Generation EU, que permitirá a España acceder a hasta 140.000 millones de euros.
Como explica Noelle Cajigas, socia responsable de Mercados de KPMG en España, “el Plan de Recuperación es, seguramente, la mayor oportunidad con la que cuenta España para que el crecimiento económico posterior a la crisis transforme nuestra economía y la sociedad”. Y en este proceso de recuperación las empresas desempeñarán un papel clave, ya que trabajarán de la mano de las administraciones públicas para materializar la recuperación económica.
“La colaboración entre el sector privado y el público va a ser esencial: las empresas serán las ejecutoras finales de gran parte de los fondos europeos que recibirá España”, recuerda Noelle Cajigas. Sin embargo, pese a que gobiernos, compañía y la propia sociedad son conscientes de que los fondos europeos constituyen el elemento crucial de la recuperación, existen numerosas dudas en cuanto al cómo.
La magnitud y plazos generan incertidumbre entre las compañías. Cuestiones como el procedimiento de acceso a los fondos, cómo desarrollar proyectos que sean elegibles para acceder a la financiación europea o cómo serán los procesos y plazos de aprobación. Tienen claro que deben actuar, pero en muchas ocasiones no saben por dónde empezar. Y saben que el momento es ahora.
Pese a que los detalles sobre la gestión y ejecución de los fondos continúan trabajándose desde el Ejecutivo, es cierto que las compañías pueden comenzar a prepararse. Como sostiene Cándido Pérez, socio responsable de Gobierno, Infraestructuras, Transportes y Sanidad de KPMG en España, “ahora es el momento de definir e identificar proyectos que encajen en los requisitos dictados por la Unión Europea, además de situarse cerca de las Administraciones Públicas para anticipar oportunidades de colaboración”.
Pero ¿por dónde empezar? A continuación, detallamos las acciones que las compañías ya pueden ir poniendo en marcha, a la espera de que se apruebe el Real Decreto que impulsará la colaboración público-privada y establecerá los pasos a seguir para acceder a los recursos por parte de las compañías:
Las empresas deben identificar, en primer lugar, qué proyectos en cartera encajan en la financiación europea, o definir nuevos planes estratégicos. Como se ha indicado anteriormente, la Unión Europea ha dejado claros los dos pilares que regirán el reparto de fondos: el impulso de una economía ecológica y digital. Además de potenciar la reindustrialización de la región, con el objetivo de obtener una mayor autonomía en sectores clave a nivel internacional.
Además de estas premisas, la Comisión Europea ha realizado unas recomendaciones concretas a cada país, que se han ido recogiendo en los planes presentados por los diferentes Estados miembros. En el caso de España, el pasado 7 de octubre el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como plan España Puede, el documento que guiará la ejecución de los 72.000 millones de euros en subvenciones directas que se recibirá entre 2021 y 2023.
En concreto, establece las denominadas líneas directrices para “una España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada”. El documento dibuja un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los proyectos, haciendo hincapié en la necesaria planificación temporal para acelerar las transferencias previstas entre 2021-2023 -por lo que los préstamos en condiciones favorables quedan pospuestos a una segunda fase en los años siguientes-.
Pero, sobre todo, este plan establece las diez políticas palanca y los diferentes proyectos que se contemplarán en cada una de ellas.
*Fuente: Plan España Puede
Estas diez políticas palanca son clave, ya que los proyectos podrán acceder a la financiación europea siempre que contribuyan de forma explícita a estos objetivos generales. Identificar qué proyectos pueden ser elegibles y en qué medida podrían recibir la aprobación para recibir la financiación es todo un reto, dado el alcance y complejidad de las ayudas. En este sentido, las nuevas tecnologías permiten ayudar en la localización de fondos y probabilidad de aceptación, como es el caso de la plataforma lanzada de forma conjunta por KPMG en España y Local Europe.
Una vez identificados los proyectos susceptibles de recibir financiación europea, las compañías deberán no solo alinearlos con los requisitos establecidos en cada convocatoria, sino especificar su impacto. Es importante tener en cuenta este extremo: los proyectos no solo deberán especificar qué objetivo persiguen y su encaje en la estrategia que marca el Plan nacional de reconstrucción, también el cómo se van a ejecutar y, sobre todo, incorporar la evaluación de su impacto en el proceso de transformación de la economía productiva. “Las empresas no solo deben desarrollar proyectos que encajen en las premisas marcadas por Europa, también deberán ser capaces de cuantificar su impacto en términos de empleo, aportación al sistema productivo y sostenibilidad, entre otros criterios, por lo que la definición de unos indicadores de evaluación será un requisito fundamental”, recuerda Natán Díaz, socio responsable e Sector Público, Infraestructuras y Transportes para Consulting Corporates de KPMG en España.
En este sentido, el plan España Puede recuerda que el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia -el núcleo de los fondos europeos- financiará aquellos gastos no recurrentes “que tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo”, abarcando un amplio abanico de inversiones que podrán canalizarse a través de, entre otros, instrumentos financieros, esquemas de ayudas o subsidios.
La colaboración público-privada es uno de los ejes que vertebrará la ejecución de los proyectos contemplados en el plan español. El propio plan España Puede lo califica de principio director “indispensable” para incrementar tanto la capacidad de inversión de los proyectos como su descenso hasta el tejido empresarial español, movilizando de esta forma a compañías y agentes sociales.
De hecho, el plan español estima -en base a la experiencia internacional previa en este tipo de proyectos- que por cada euro de inversión pública se invertirán cuatro a nivel privado, por lo que los 140.000 millones de euros previstos de fuentes públicas multiplicarían su efecto hasta alcanzar los 500.000 millones de euros. En este sentido, el Ejecutivo hace referencia al uso de determinados instrumentos financieros con el objetivo de articular la “imprescindible colaboración con el sector privado”, como los fondos público-privados de inversión.
Además, la financiación procedente de fuentes privadas, ya sean tradicionales o alternativas, debe considerarse en el desarrollo y ejecución de estos proyectos. Por ello, una de las medidas que pueden ir adoptando las compañías en estos momentos es analizar el papel que puede tener este tipo de financiación en sus proyectos.
Por otro lado, y a la espera de que se articule la figura administrativa que gestione esta colaboración, las compañías pueden ir estrechando sus lazos con las administraciones. “Es importante anticipar oportunidades de colaboración, buscar nuevas vías que permitan mejorar la conexión de ambos mundos en un proceso que se alargará durante varios años”, recuerda Natán Díaz.
No hay que olvidar que el acuerdo al que llegaron los 27 el pasado mes de julio no solo contemplaba la creación del programa Next Generation EU, sino que también elevaba un 12% la dotación del Marco Financiero Plurianual, es decir, los presupuestos comunitarios. Las políticas de cohesión (fondos FEDER, FSE y Fondos de Cohesión), por ejemplo, incrementaron su presupuesto en 50.000 millones.
Este aumento de la financiación supone una oportunidad adicional para administraciones públicas y empresas, contribuyendo de igual forma a impulsar la economía digital y verde que propone la Unión Europea.
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