Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EEUU, se pone en marcha una nueva reforma fiscal en Estados Unidos en un momento muy relevante para las empresas españolas, que cada vez tienen más presencia y relevancia en el país, siendo un referente en la construcción y explotación de infraestructuras y en el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables.
En un país con un sistema político (y fiscal) tan complejo como el de Estados Unidos, lo primero que hay que plantearse es si la nueva Administración tiene las mayorías suficientes en el Senado y en el Congreso para sacar adelante una nueva reforma fiscal. En el Senado, se produciría un empate técnico que se resolvería con el voto de calidad de la vicepresidenta Harris. En el Congreso, los demócratas tienen mayoría absoluta, por lo que es la primera vez desde 2010 en que este partido controlaría Congreso, Senado y Casa Blanca, habiéndose producido las anteriores reformas fiscales (la del año 2017 de Trump y la del año 2009 de Obama) en circunstancias de mayorías similares.
Asumiendo por tanto, que muy probablemente la reforma fiscal vaya a producirse (aunque deben tenerse en cuenta las distintas sensibilidades dentro del Partido Demócrata y el impacto en términos temporales que el COVID supone para todo tipo de iniciativas), y que la nueva Administración tiene un plan de gasto muy ambicioso en los próximos años de casi dos trillones de dólares (el America Rescue Plan), hay que analizar, qué medidas fiscales se están proponiendo para ayudar a sufragar dicho gasto.
La primera medida que todos tenemos ya interiorizada es que se va a subir el tipo del Impuesto sobre Sociedades federal, que Trump bajó del 35 al 21% y que Biden ha propuesto subir al 28%. No se sabe si la subida será finalmente de 7 puntos, pero está claro que la carga impositiva de las empresas aumentará para ayudar a financiar el ambicioso plan de gasto de los próximos años.
Otras medidas que también están sobre la mesa son por una parte el establecimiento de un tipo impositivo mínimo del 15% para grandes empresas, por otra de un impuesto para grandes instituciones financieras y finalmente la derogación de determinados incentivos que actualmente aplican a la generación de combustibles fósiles. La contrapartida sería la concesión de determinados créditos fiscales asociados a la generación de energías renovables o al desarrollo de determinadas actividades manufactureras.
¿Cómo afectará el incremento del tipo impositivo en Estados Unidos a las empresas españolas con presencia en el país? La respuesta a esta pregunta tiene a priori más sombras que luces, pero hace falta un análisis más detallado.
Estados Unidos ha sido tradicionalmente una jurisdicción “cara” desde un punto de vista fiscal para las empresas españolas que han venido invirtiendo en el país. Hasta la reforma fiscal de Trump del año 2017, el tipo del Impuesto sobre Sociedades federal era del 35%, tipo al que además hay que sumar la imposición estatal y local. Esto daba lugar en muchas ocasiones a escenarios de tributación en Estados Unidos con tipos por encima del 40%, a lo que había que unir además un Convenio para evitar la doble imposición (de 1990) desfasado hasta la entrada en vigor del nuevo Protocolo en noviembre de 2019, que daba lugar a imposición adicional (y material) en la repatriación de caja a España.
En España, por su parte, la repatriación de caja en forma de dividendos o las plusvalías asociadas a una eventual desinversión quedaban exentas de tributación por aplicación del régimen fiscal de exención para dividendos y plusvalías, por lo que no podía deducirse ningún tipo de tributación en origen.
Todo ello hacía que, por un lado, las empresas españolas tuviesen que soportar una elevada carga fiscal asociada a sus inversiones en Estados Unidos y, por otro, que además estuviesen en una situación de desventaja competitiva frente a empresas de otros países de la Unión Europea o del entorno OCDE con convenios para evitar la doble imposición más competitivos que el que tenía España hasta la entrada en vigor del nuevo Protocolo en noviembre de 2019.
Esta situación cambió primero con la reforma fiscal de Trump de 2017 bajando el tipo del Impuesto sobre Sociedades federal del 35 al 21% y luego con la entrada en vigor del nuevo Protocolo al Convenio para evitar la doble imposición entre España y Estados Unidos en noviembre de 2019, minorando o evitando la imposición adicional en Estados Unidos en la repatriación de caja a España o en la desinversión por parte de España en Estados Unidos, situaciones que han dado lugar desde noviembre de 2019 al escenario de menor tributación y de máxima competitividad de los últimos años para las empresas españolas con inversiones en Estados Unidos.
¿Qué pasara a partir de ahora? Lo primero, que ya ha pasado, es que ha tenido lugar una reforma fiscal en España en la que se la limitado el régimen de exención para dividendos y plusvalías al 95% de su importe, quedando un 5% del dividendo o la plusvalía gravado en España a un tipo del 25%. Esto hace que la repatriación de caja de Estados Unidos a España en forma de dividendos o de plusvalías derivadas de una eventual desinversión, que hasta ahora estaba exenta de tributación en España, quede desde enero de 2021 sujeta parcialmente a tributación en España, incrementando por tanto el peaje fiscal de las inversiones en Estados Unidos.
Si a esto sumamos el previsible incremento del tipo federal del Impuesto sobre Sociedades en Estados Unidos, incremento que no va a poder deducirse en España, iremos a un escenario en el que el peaje fiscal para las empresas españolas con inversiones en Estados Unidos se incrementará, con el consiguiente impacto en la Tasa Interna de Retorno de las inversiones.
Aunque lo comentado no puede calificarse como positivo para estimular la inversión española en Estados Unidos, y tanto la reforma fiscal que se ha producido en España como la que previsiblemente se producirá en Estados Unidos, tienen como objetivo principal financiar un incremento del gasto público, creemos que las empresas españolas están tan sólidamente implantadas en Estados Unidos y el mercado estadounidense es tan grande y diverso, que la reforma fiscal de la Administración Biden no debería tener un impacto material en una inversión española en Estados Unidos cada vez más sólida y diversificada.
Deja un comentario