El desarrollo de esas finanzas sostenibles implica que en el proceso de toma de decisiones de inversión es obligado tener en cuenta los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, los denominados ESG. Confluyen dos vías: cada vez hay más empresas que invierten en proyectos que tratan de minimizar el impacto medioambiental o fomentar los aspectos sociales y de buen gobierno, y cada vez hay más inversores que tratan de rentabilizar su dinero, pero con la idea de que su acción inversora sirva también para mejorar el medio ambiente y la sociedad.
Aunque para tomar las decisiones en base a información veraz y adecuada, los inversores reclaman una mayor homogeneización y comparabilidad en los datos disponibles. Esto implica una evolución en la información proporcionada en materia ESG, que afecta a todas las compañías y entidades.
Aunque las cifras hay que tomarlas con mucha cautela por la falta de definiciones claras, estimaciones manejadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cifran el volumen de activos sostenibles gestionados en España en valores cercanos a los 285.000 millones de euros. Las emisiones de bonos verdes, según la misma fuente de datos, también han aumentado significativamente. En Europa, las emisiones se multiplicaron por dos en la segunda parte de 2020 y en España, el volumen de emisiones sostenibles registradas en la CNMV se ha multiplicado por cuatro en un año.
En ese proceso imparable, la información no financiera de empresas y entidades en materia de sostenibilidad es clave. Manda una máxima: lo que no se mide no se gestiona, y si no se gestiona, no se consiguen los objetivos. En la UE se aprobó en abril una propuesta para revisar la Directiva sobre divulgación de la información no financiera. La propuesta plantea ampliar el alcance de las entidades sujetas a la misma, eliminando el umbral mínimo de 500 empleados. El número de empresas afectadas pasarán de 11.000 a unas 50.000.
La propuesta de Directiva también quiere incorporar a las pymes cotizadas, lo que introduce una cuestión delicada en la ecuación información-tamaño. La elaboración de la información requiere de un cierto nivel de sofisticación que en ocasiones no está al alcance de todas las empresas, en particular, las más pequeñas, que pueden ver las nuevas exigencias como una carga excesiva.
En esa situación, el papel de los verificadores que auditan la información es clave. Los inversores demandan comparar los datos entre empresas de forma consistente y homogénea y que un tercero revise la información es un gatillo se seguridad para garantizar la calidad y, cuestión importante, para combatir los riesgos de greenwashing o blanqueo ecológico.
La información verificada es fundamental para elevar los flujos de fondos destinados a inversiones sostenibles y aumentar la transparencia. Pero es solo uno de los pilares. Otro importante, incluido también en el Plan de Acción de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles, es el Reglamento sobre Divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SDFR). Entró en vigor el 10 de marzo y establece las normas armonizadas sobre transparencia que deberán aplicar los participantes en los mercados.
El Reglamento, según Pilar Galán fija obligaciones de transparencia. ”Lo que pretende es garantizar unos estándares homogéneos en relación con cómo se informa al cliente sobre cómo se están teniendo en cuenta los riesgos de sostenibilidad y las potenciales incidencias adversas que sus inversiones pueden tener”. “Además”, aclara, “permitirá distinguir los productos que promueven características medioambientales o sociales (“verde claro”) y los que tienen un objetivo de inversión sostenible (“verde oscuro”), siendo éstos últimos los “más sostenibles”.
Para la banca, las nuevas obligaciones se van a traducir en test de estrés medioambientales que tendrán lugar entre los meses de febrero y julio de 2022 impulsados por el Banco Central Europeo (BCE). Las entidades deberán tener en cuenta factores de riesgo como fenómenos meteorológicos extremos, patrones climáticos crónicos, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad o las políticas y regulaciones medioambientales.
“Los bancos” explica Pablo Vañó, socio de FS Consulting de KPMG, “deberán desarrollar una metodología de estrés test que permita conocer el impacto de los riesgos físicos y de transición a la realidad de su cartera. La principal complejidad radica en que estos riesgos se materializan en el medio o largo plazo”. “La metodología”, añade, “se basa en tres bloques: un ejercicio de autoevaluación cualitativo; un segundo bloque que incluye dos indicadores y el tercer bloque que incluye proyecciones teniendo en consideración los riesgos físicos y de transición y su impacto en riesgo de crédito, mercado y operacional”.
Si se cumple lo previsto, el BCE comunicará a las entidades el alcance del ejercicio antes de diciembre de 2021. “Las entidades”, sostiene Vañó, “deben comenzar ya a trabajar en la recopilación de información ya que, sin duda, será el principal desafío para poder realizar todas las proyecciones. Aunque el BCE está tratando de simplificar la metodología, las proyecciones requieren analizar cómo afectan los shocks en los parámetros de riesgo”. El tiempo corre.
