RESPUESTA. La despoblación es un reto de primera magnitud y, por eso, el Plan de Recuperación tiene la mejora de la vertebración territorial y la cohesión social como uno de sus ejes principales y recoge inversiones por más de 10.000 millones de euros para impulsarlas en múltiples ámbitos como son la movilidad sostenible, la rehabilitación de espacios urbanos o el impulso del emprendimiento, por citar algunos.

La digitalización proporciona una oportunidad extraordinaria para que los ciudadanos puedan desplegar proyectos vitales y profesionales en cualquier lugar, así como para ofrecer servicios públicos de calidad, que es otro factor básico de arraigo. España parte de una posición sólida en conectividad digital de alta velocidad, pero el objetivo es llegar al 100% de la población en 2025.

España arrastra importantes desequilibrios en el mercado de trabajo desde hace décadas, que se proyectan en tasas muy elevadas de paro, de desempleo juvenil, de temporalidad y precariedad. No podemos resignarnos porque esta realidad lastra las posibilidades de desarrollo del país, penalizando sobre todo a nuestros jóvenes. Tenemos que europeizar nuestro mercado laboral. Y hacerlo con el máximo consenso social.

Hay bastante unanimidad en el diagnóstico y también una voluntad constructiva de los agentes sociales para abordar reformas que miren al futuro y articulen un nuevo contrato social, basado en la mejora de la educación y formación profesional, el aumento del tamaño de las empresas, la mejora de la regulación, la combinación de flexibilidad y seguridad laboral, etc. En este momento, la prioridad es impulsar la recuperación, y que sea rica en creación de empleo de calidad.

El Plan de Recuperación identifica cuatro ejes transversales para la transformación de España: las dos transiciones gemelas –verde y digital–, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Para avanzar, se plantea un ambicioso programa de reformas e inversiones, que van desde la agenda urbana y la vivienda a la nueva economía de los cuidados, desde la educación y la formación a la ciencia, la digitalización de las administraciones públicas y las pymes, al impulso de nuevos sectores de futuro. Es un proyecto de país que requerirá de la contribución del conjunto de la sociedad.

La salida de esta crisis será muy diferente de la anterior. En primer lugar, porque desde el primer día hemos tomado medidas para contrarrestar el impacto económico de la pandemia y proteger una base para la recuperación, que nos permitirá recuperar mucho antes la senda del crecimiento económico y evitar un impacto estructural sobre el empleo. Además, porque contamos con un plan coherente a corto, medio y largo plazo para modernizar el país.

Y, en tercer lugar, porque la respuesta europea nos permitirá contar con una financiación de 140.000 millones de euros para llevarlo a cabo. Con el fin de lograr un impacto contracíclico potente, hemos de concentrar el impulso de inversión pública y privada en los primeros años, para tratar de alcanzar cuanto antes los niveles previos a la crisis financiera, que no se han recuperado en los años de crecimiento económico, y poner el país en una senda más sólida de progreso.

Junto con las inversiones, la otra pata fundamental del Plan lo constituyen las reformas estructurales, que son el factor sine qua non para garantizar que la recuperación no se queda en un mero rebote. Se trata de sentar las bases de una modernización a medio y largo plazo, para aumentar la productividad y el potencial de crecimiento, y así alcanzar mayor sostenibilidad económico-financiera, social y medioambiental.

El esfuerzo reformista que comenzó en junio de 2018 y que no se ha detenido ni siquiera durante la pandemia alcanzará ahora mayor velocidad gracias a las reformas e inversiones del Plan, con la vista puesta en construir un país mejor, con mayor prosperidad y oportunidades para las siguientes generaciones.