La financiación socialmente eficiente del transporte público, una asignatura pendiente

El alcance de la nueva norma es muy amplio y busca regular aspectos que van desde la fiscalidad del transporte a la aportación de fondos a los operadores tanto públicos como privados, pero que también abordará otras cuestiones relevantes como la propia planificación de las infraestructuras, el fomento de modos sostenibles de transporte, la I+D+i en el sector y el fomento de sus niveles de competitividad, los problemas de distribución logística en ámbitos urbanos y la ordenación de los diferentes ámbitos competenciales de la Administración que afectan al transporte, entre otros.

Entre todos estos asuntos de importancia para el sector sobresale la cuestión, aún no resuelta plenamente, de cómo financiar de forma eficiente el transporte público en nuestro país. Partiendo de la idea base de que la movilidad es un derecho de los ciudadanos y una obligación de las Administraciones proveerlo, parece razonable invertir tiempo y energía en aprovechar la oportunidad que presenta esta nueva norma para buscar fórmulas financieras que garanticen la sostenibilidad del sistema de transporte no sólo en ámbitos urbanos densamente poblados, también en la España más vacía.

A nadie se le escapa que dentro de nuestro sistema encontramos operaciones rentables desde un punto de vista comercial y económico -por ejemplo determinados corredores ferroviarios de alta velocidad- y otras que por el contrario va a resultar muy complicado que puedan sostenerse en base a sus propios ingresos de operación. Es en este segundo ámbito debemos poner el foco cuando hablamos de movilizar recursos públicos para el sistema. Es especialmente importante, además, que seamos capaces de medir sus beneficios sociales y externalidades positivas generadas, lo que nos permitirá apuntalar sólidamente el “business case” de las inversiones públicas.

Más allá de la distribución competencial específica que aplique a las diferentes operaciones de transporte “no comerciales” o con carácter de OSP (Obligación de Servicio Público), creemos que es importante que exista una corresponsabilidad de los tres principales niveles de la Administración en el sostenimiento de éstas en su conjunto. La creación, por ejemplo, de un fondo de carácter estatal que apoye a los gestores del transporte urbano – Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- es vital, y además es importante que se reparta de forma eficiente y objetiva. El mantenimiento de esta corriente de financiación en el tiempo de forma estable, dando visibilidad y certeza a los gestores de los sistemas de transporte es también muy necesario. Idealmente deberíamos ser capaces de establecer criterios y estrategias de financiación que trasciendan los perdidos legislativos y sean resilientes ante cambios en el entorno, como por ejemplo los efectos de la reciente pandemia.

Por último, me gustaría acabar mencionando que toda esta cuestión está estrechamente relacionada con otros de los desafíos que afronta el sector del autobús, que es la transición energética de sus flotas a vehículos de cero emisiones, sean eléctricos o de pila de hidrógeno para distancias más largas. Aunque de esto hablaremos en otra ocasión con más profundidad, creemos que estas metas sólo serán alcanzables en periodos de tiempo razonables, si tanto los operadores públicos como privados reciben ayuda financiera finalista tanto desde el punto del CAPEX como del OPEX (al menos en las fases iniciales de la transición).