La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y el consecuente parón que ha sufrido durante más de año y medio la actividad de multitud de sectores de la economía han tenido sin duda un efecto muy significativo sobre las cuentas públicas. Por un lado, el impacto en sectores muy importantes de nuestra economía ha afectado a los ingresos de muy diversas empresas con la consiguiente y lógica disminución recaudatoria para las arcas públicas, como consecuencia de la disminución de la factura fiscal. Y, por otro, la Administración ha tenido que afrontar importantes inversiones tanto para la lucha contra la pandemia, como para ayudar directa o indirectamente a los sectores más afectados por la misma.
Estas circunstancias han hecho ganar fuerza a un debate previo a la irrupción de la pandemia, y cuyo resultado final será importante para determinadas compañías: el desarrollo de una estrategia fiscal a nivel internacional ante previsibles normativas impulsadas por organismos supranacionales. Una cuestión ante la que hemos asistido a avances importantes en los últimos meses y que los primeros ejecutivos españoles apuntan: 3 de cada 4 CEO encuestados en el informe ‘Global CEO Outlook’, elaborado por KPMG, reconocen que la presión que la pandemia ha ejercido sobre las finanzas públicas debe impulsar una mayor cooperación multilateral en el ámbito fiscal de cara al futuro.
Los primeros pasos han venido por parte de la OCDE: recientemente 136 países de los 140 que conforman esta organización han alcanzado un acuerdo para implementar una tributación mínima global del 15% en el Impuesto de Sociedades a las grandes multinacionales. De este modo, se prevén cambios de calado en el sistema fiscal global que generará incertidumbre entre los primeros ejecutivos, que necesitan disponer de una planificación para el desarrollo de sus compañías a medio y largo plazo basada en la seguridad jurídica.
Prueba de ello es que el 82% de los primeros ejecutivos españoles se muestra preocupado por el impacto que ese anuncio pueda tener en los objetivos de crecimiento de su organización. De hecho, el riesgo fiscal ha escalado posiciones respecto a años anteriores entre las principales amenazas al crecimiento de las compañías, lo que pone de manifiesto que los CEO son cada vez más conscientes de la importancia de las cuestiones fiscales para sus compañías.
Tampoco podemos dejar de lado el mayor escrutinio al que se ven sometidas las compañías a la hora de reportar y de ofrecer una mayor transparencia sobre su fiscalidad. Todos los grupos de interés, desde las autoridades fiscales hasta la sociedad en su conjunto, han incrementado notablemente sus exigencias en este sentido. Un aspecto que también se pone de manifiesto en cifras: el 68% de los CEO españoles encuestados señala que experimentan una mayor presión social a la hora de reportar información sobre las contribuciones fiscales globales. Como consecuencia de ello, las empresas están llegando al convencimiento de que, en el entorno actual, una mayor transparencia fiscal puede constituir un arma eficaz para poner en valor su contribución a las arcas públicas y a la sociedad, y para influir de forma positiva en su reputación y en la relación con todos sus grupos de interés.
En definitiva, las estrategias fiscales de las compañías tienen cada vez un mayor impacto en la reputación, que a su vez incide en el propio crecimiento de la organización. Un aspecto que también se refleja en los resultados de este informe, dado que el 82% de los CEO españoles considera que la confianza que la sociedad deposita en su marca está vinculada a la coherencia entre su estrategia fiscal y sus valores. Por todo ello, esta clara tendencia hacia una mayor transparencia fiscal también debería ir acompañada de un diálogo más ágil y fluido con las Administraciones, para potenciar que las empresas puedan estar preparadas en el contexto actual de incertidumbre y de cambio constante.
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