Se ha acabado un año que para las empresas ha estado marcado por cierto sabor agridulce: por un lado, las perspectivas de crecimiento y el impulso de la mano de los fondos europeos, junto con la elevada cifra de vacunación en España permiten apostar por el optimismo en las perspectivas a medio plazo. De otro, aspectos como la variante ómicron, que sigue disparando las cifras de contagios en las primeras semanas del año, la inflación o la crisis de suministro recuerdan a las compañías que la convivencia con la incertidumbre es la única certeza en el entorno actual.
Con todos estos factores, 2022 será el año en el que las empresas deberán comenzar a asentarse en esta incertidumbre. A apostar por aprovechar las oportunidades de un mercado en movimiento y alcanzar de este modo el objetivo compartido de incrementar el tamaño medio de las compañías españolas. Porque en un país de pymes de reducido tamaño es crucial que el tejido económico y empresarial aúne fuerzas para incrementar su competitividad y resiliencia. Trazando las líneas de un futuro más sostenible y digital, como marca la senda de la Unión Europea. Y que ponga el foco en las personas, con el objetivo de dotar de nuevas capacidades y habilidades para que nadie se quede atrás en este periodo de transformación y nuevos retos.
Ante la duda de si es posible estar preparado para lo impredecible en un contexto ciertamente complejo, lo cierto es que las empresas sí pueden comenzar el año adoptando medidas que hagan más transitables los retos y que garanticen una senda de recuperación y crecimiento. A continuación, resumimos las 10 claves que deberán tener en cuenta las compañías para un 2022 en el que prever será crucial:
El camino hacia el crecimiento cuenta con una dirección muy definida por Bruselas en el marco del Next Generation EU, llamado a transformar la economía bajo los pilares de la digitalización y la sostenibilidad. Y, en este camino, España está siendo ejemplo de rapidez y efectividad, según la secretaria general de fondos europeos. El camino hacia el crecimiento cuenta con una dirección muy definida por Bruselas en el marco del Next Generation EU, llamado a transformar la economía bajo los pilares de la digitalización y la sostenibilidad. Y, en ese camino, España está siendo ejemplo de rapidez y efectividad, según la secretaria general de fondos europeos, Mercedes Caballero. Para alacanzar la mayor eficacia posible en el despliegue de los fondos, es crítico que las empresas estén preparadas y hayan hecho el trabajo previo para poder presentar sus proyectos a las convocatorias y que puedan resultar elegidos. En este sentido, “la agilidad y la eficiencia de los solicitantes, al igual que el cumplimiento con los criterios de elegibilidad, serán claves para acceder a estos fondos, pues las convocatorias tienen plazos ajustados y vencen en los periodos establecidos, porque no existe posibilidad de ampliaciones o prórrogas”, señala Noelle Cajigas, socia responsable de Fondos Europeos de KPMG en España.
Ante un nivel de financiación histórico, que asciende a 140.000 millones de euros, el gran reto reside en ser capaces de canalizarlos, paso fundamental en el que la única llave del éxito será la colaboración entre Administración Pública y sector privado. Para ello, se ha desarrollado un sistema paralelo al empleado en los fondos estructurales, basado en la gobernanza multinivel y en establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación. “Tenemos delante una doble oportunidad, la de transformar la economía, pero también la Administración Pública española desde un punto de vista interno. Ya no se trata de gastar por gastar sino de cómo somos capaces de acreditar que hemos conseguido el hito que tenemos que demostrar a Bruselas para conseguir la financiación”, destaca Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad.
Pero para que los tramos aterricen finalmente y poder aprovechar esos fondos, España se ha comprometido a llevar a cabo una serie de reformas en unos plazos concretos. Entre ellas, la reforma laboral, que logró ser aprobada en los últimos días del año, trae consigo importantes modificaciones relevantes en materia de contratación temporal con un foco relevante en la necesidad de limitar su uso, y, en consecuencia fortaleciendo la contratación indefinida, desde el impulso a la contratación de los fijos discontinuos, y desde el impulso de los planes de lucha contra el fraude en la contratación temporal con el agravamiento de las sanciones y la ampliación de las conductas sancionables.
Y asimismo es relevante el nuevo papel de la negociación colectiva, fortaleciendo el convenio supraempresarial y limitando la prevalencia del convenio de empresa en materias tan sensibles como el salario y la contratación. Y a estos cambios las compañías deberán adaptarse con cierta celeridad, pues la regulación de los contratos temporales, entre otras, entran en vigor el 30 de marzo, por lo que el año comienza ya con importantes retos en materia laboral. Este nuevo marco normativo exige adaptación de las políticas contractuales de las empresas y considerando que “el tejido empresarial español es muy diverso en cuanto a tamaño y sectorización, por lo que el marco normativo dispuesto por el RD Ley 32/2021 va a exigir de las empresas un análisis de adecuación a la normativa laboral que, probablemente, afecte a sus estructuras de plantilla y de coste por lo que esta adaptación sea segura es absolutamente necesario para preservar la estabilidad de costes y resultados de la compañía”, asegura Javier Hervás, socio responsable del área de Laboral de KPMG Abogados.
A la reforma laboral, se suma la anunciada reforma en materia tributaria, prevista teóricamente para este año y para la que el Ministerio de Hacienda ha constituido un comité de expertos con el objetivo de elaborar un libro blanco que sirva de base para la misma y cuyas conclusiones serán presentadas en los próximos meses. Adicionalmente, y como ya es habitual, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, ha introducido novedades en materia fiscal. Entre ellas, la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades o la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos. Por otra parte, en materia internacional, el año vendrá marcado por el desarrollo por la OCDE de los conocidos como “Pillar I” y “Pillar II” con los que se pretende garantizar un nivel de tributación mínima global para grandes empresas, así como un gravamen efectivo de la economía digital, que conllevarán iniciativas paralelas en el ámbito de la UE, y que, sin duda, generarán incertidumbre en el músculo empresarial. “Por todo ello, sin duda, la política fiscal y las implicaciones fiscales de las decisiones empresariales serán cada vez más importantes en la toma de decisiones de los Consejos de Administración de las empresas” señala Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados.
Otro de los cambios que ya cosechó gran protagonismo en el año que dejamos atrás y que va a seguir teniéndolo de cara al próximo es la transformación digital. Tras verse obligadas a adaptar sus procesos en tiempo récord para adaptarse a una manera de funcionar que parecía coyuntural, las compañías han sabido entender que la digitalización ya no es una opción. Como también lo han hecho los retos que trae consigo, entre los que se encuentra la necesidad de blindar la ciberseguridad de sus organizaciones y, sobre todo, de sus datos. Y es que los ciberataques han aumentado considerablemente, aupados por el impulso que ha experimentado la digitalización, lo que supone un riesgo para las compañías en múltiples ámbitos, desde reputacional a regulatorio. Ahora, la prioridad es estar preparado para responder a cualquier vulneración o ataque, pues ningún sector está exento de poder sufrirlos.
Y es que, de cara al nuevo año, se ha comprobado que no solo bastará con ser capaces de protegerse, detectar y responder a estos ataques potenciales, sino que el reto reside en “ser capaces de trasladar esta necesidad tanto internamente como como a las demás organizaciones con las que se mantienen relaciones de cualquier tipo, con el objetivo de que esa transparencia con la que se trata el problema genere confianza en los stakeholders y, por tanto, aumente el valor de nuestra organización frente a nuestros competidores”, Marc Martínez, socio responsable de ciberseguridad de KPMG en España.
Si 2020 fue el año del shock y de la supervivencia y 2021 el del despegue de la actividad económica, 2022 está llamado a ser el año de la consolidación del crecimiento, aunque sin apartar la mirada de la evolución de la pandemia, que continuará impactando en el panorama económico. Sin embargo, lo que es evidente es que las compañías han puesto el foco en seguir creciendo y aumentar su competitividad en un entorno en el que prevalece la incertidumbre.
Así, de cara al año que comienza, la búsqueda de alternativas de financiación a la tradicional continuará creciendo, como ya lo hizo en 2021, un año que ha sido calificado como “el año del private equity”. Y es que esta tendencia irá en aumento ya que, “este mercado ha alcanzado su madurez y estamos viendo cómo los fondos nacionales empiezan a encontrar una fuerte competencia de vehículos paneuropeos que ya tienen el punto de mira en España, algo que hace unos años no sucedía”, subraya José González-Aller, socio responsable de Private Equity de KPMG en España.
Si el último año ha dejado una enseñanza clara en esta materia es que el private equity ha dejado de ser una forma de financiación alternativa para convertirse en mainstream, impulsada por la proliferación de multitud de soluciones diferentes que han surgido en los últimos 10 o 15 años, con fondos secundarios, híbridos, de deuda, etc. A lo que se une su papel decisivo como dinamizador de la economía, tan relevante en momentos disruptivos y de constante cambio como el que vivimos.
Pero no solo la obtención de financiación se impondrá como forma de crecer en el tejido empresarial. En un momento en el que lo único constante es el cambio y en el que este, además, sucede a una velocidad vertiginosa, es fundamental disponer de los medios y la flexibilidad para adaptarse a las nuevas tendencias en tiempo y forma.
Consecuencia de ello ha sido la consolidación del M&A como un vehículo clave ante la necesidad de las compañías de transformarse para dar respuestas a las necesidades de un mercado y un usuario cada vez más exigentes en cuanto al qué y al cuándo. La aceleración de la digitalización ha dado lugar a un inversor y financiador más exigente, mejor informado y que está más comprometido y sensibilizado con los problemas medioambientales y sociales, hasta el punto de que la agenda ESG ocupa y seguirá ocupando un lugar clave en la estrategia de las compañías e inversores.
En definitiva, “podemos afirmar que nos encontramos ante un momento único. Un entorno de inversores profesionales con elevada liquidez en búsqueda de oportunidades con la adecuada ecuación riesgo-rentabilidad y un momento de reflexión estratégica de accionistas (corporativos o privados), en el que la variable pandemia ha sacudido con fuerza parámetros de decisión standard”, asegura Jorge Riopérez, socio responsable de Corporate Finance de KPMG en España, responsable de M&A en la región de EMA y miembro del Comité de Dirección de Global M&A de KPMG en España. Por todo ello, de cara a los próximos meses, la industria del M&A continuará consolidándose como un factor clave en el desarrollo corporativo de las empresas españolas.
De manera transversal a todos los cambios que se están sucediendo y que, sin duda, continuarán en 2022, permanece la tendencia hacia un tejido productivo más sostenible y responsable con la gobernanza y con las cuestiones sociales. Tras la celebración de la COP26, llamada a ser un punto de inflexión en esta materia y que finalizó con sentimientos encontrados ya que para muchos no se alcanzaron todas las expectativas previstas, lo cierto es que sí ha dejado acuerdos que afectarán el desarrollo de la economía en los próximos años. Entre ellos, el compromiso de reducir el aumento de temperatura global hasta alcanzar los 1,5 grados. Se abre de este modo un periodo en el que tanto las empresas como los gobiernos deben hacer los deberes y entrar en materia para continuar avanzando en la contribución a la descarbonización de la economía, a través de la fijación de objetivos y la aportación de información transparente a todos los grupos de interés.
Y es que el escrutinio de la sociedad y los reguladores en las cuestiones sociales, el cambio climático o las cuestiones de gobernanza, cada vez será mayor. Sin embargo, el especial foco que han puesto las compañías en la transformación sostenible y responsable dentro de las siglas ESG irá dejando paso cada vez más, aunque sin abandonarla, a una mayor importancia de la “S” y la “G”. Es decir, a un mejor y más transparente gobierno en las organizaciones y una mayor implicación en las cuestiones sociales. Ello impulsado precisamente por ese mayor escrutinio en las cuestiones ESG y la demanda de respuestas y acciones concretas a las compañías.
En línea con la necesidad de aportar información de manera transparente sobre las cuestiones ESG, el pasado mes de noviembre se creaba el ISSB, la nueva Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad, lo que ha marcado un antes y un después en el peso de la información no financiera. Tanto es así que el objetivo de esta nueva junta es situar los informes de sostenibilidad al mismo nivel que los informes financieros al establecerse como un organismo equiparable a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Así, “nos encontramos en un momento tan decisivo y ambicioso como la creación de las normas internacionales de información financiera hace 20 años”, destaca Bernardo Ruecker, socio de auditoría y responsable de Accounting Advisory Services de KPMG en España. Y es que, de cara a los siguientes ejercicios, se precisa una base global sobre la que las distintas jurisdicciones nacionales y regionales establezcan estándares complementarios que den respuesta a las necesidades específicas en materia ESG. Y las compañías deben adaptarse para cumplir con esta normativa, que no tiene punto de retorno.
Pero todo ello debe tener su impronta real en el entorno. Esa fue la premisa de la UE cuando adquirió el compromiso de lograr la neutralidad climática para 2050 y reducir las emisiones de GEI al 55% de los niveles de 1990 para 2030. Un compromiso que se ratificó también en la a 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), que culminó con un acuerdo por el que los países firmantes de comprometieron a actualizar sus planes climáticos para 2022 y reducir para 2030 en un 45% las emisiones de dióxido de carbono respecto a las del año 2010.
Sin embargo, queda aún mucho por hacer y el tiempo apremia, por lo que “2022 será un año decisivo en el que las compañías deberán acelerar e intensificar la puesta en marcha de medidas efectivas que lleven al cumplimiento de estos objetivos climáticos”, apunta Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España. Y, sobre todo, deberán establecer una hoja de ruta que tenga como resultado la generación de un impacto positivo y real, y resultados tangibles en esta materia.
Otro reto fundamental de cara a los próximos años es un aprendizaje que, sin duda, viene de la mano de las consecuencias de la COVID-19, cuando las compañías aprendieron la necesidad de prepararse para lo inesperado. Tras ella, las organizaciones han visto necesario tratar de monitorizar y anticipar posibles disrupciones que puedan impactar en sus negocios, un aprendizaje que deben adoptar también de cara al próximo año. Pero no solo habrá que poner el foco en lo que ocurre externamente a la organización sino también en identificar cuáles son los puntos de vulnerabilidad interna. Y en este sentido, uno de los ámbitos en los que deben fijar su atención y esfuerzos es en la cadena de suministro.
El desabastecimiento que ha copado gran parte de los titulares en 2021 y que ha afectado especialmente a industrias como la de automoción, productos eléctricos y electrónicos, caucho, plástico o la química, ha obligado a que “las empresas de todo el mundo, conscientes de esta debilidad, hayan comenzado a revisar y rediseñar sus cadenas de suministro con el objetivo de hacerlas más flexibles y resilientes”, subraya Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España . Un proceso que deberá continuar el año próximo, unido a la necesidad de diseñar estrategias con las que ser capaces de atenuar los efectos posibles disrupciones.
Pero nada de lo anterior será posible sin las personas, el verdadero motor del tejido empresarial y de la economía. De cara a los próximos años, será crucial contar con talento cualificado y competente en las disciplinas que mayor desarrollo van a experimentar a futuro, pues será esa la garantía de seguir el ritmo de avance de las tendencias que se han acelerado en el último año y medio y que han llegado para quedarse.
Además, la crisis sanitaria que nos ha azotado y que sigue latente, ha dejado un aprendizaje claro por encima de todos los demás: “cuidar de las personas, de su salud física y emocional se ha vuelto prioritario”, destaca Cristina Hebrero, socia responsable de People & Change de KPMG en España. Las compañías lo han sabido recoger, y están adaptando y flexibilizando sus modelos de trabajo e incorporando medidas para asegurar el bienestar de los profesionales. Más que nunca el empleado está en el centro y es el motor para el crecimiento de las organizaciones y el progreso de la economía.
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