Cómo acceder a las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico
Las bases reguladoras del PERTE VEC, más flexibles de lo que se esperaba, ya están publicadas.
25 enero, 2022
5 min
Unos 12.000 millones de euros procedentes de la Comisión Europea llegarán a España en los próximos meses. Forma parte de la segunda petición a la que tiene derecho el Gobierno español a través de los fondos europeos. Sin embargo, el entorno se ha tornado más complejo, cuyos problemas derivados de la pandemia se han agudizado con el conflicto de Ucrania y su impacto en la economía europea. Por ende, los países que soliciten acceder a los fondos “deberán tomar ciertas medidas adicionales y sobre todo desarrollar más rápidamente inversión y reformas sobre energías renovables”, según indicó María Teresa Fábregas, directora del Grupo de Trabajo para la Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, en la segunda entrega del programa ‘Plan Europa’, impulsado por Agencia EFE y KPMG.
Respecto a la inflación, recordó que “el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MMR) no está basado en costes finales sino en la consecución de los objetivos”. De este modo, el avance de los fondos no está vinculado a la evolución de la geopolítica y de la coyuntura económica. Así, María Teresa Fábregas incide en que aún hay tiempo puesto que los calendarios de las peticiones son “indicativos”. Eso sí, solo se pueden solicitar dos veces al año. “La mayoría de los Estados miembros van a presentarse a ambas convocatorias, una en el primer semestre y otra durante el segundo. España no va a tardar en la solicitud. Además, ya sea en un periodo u otro no tiene gran impacto para nosotros en la Comisión Europea”, sostuvo Fábregas. Lo que resulta seguro es que el país pedirá los préstamos a los que tiene derecho y que ascienden a 70.000 millones de euros.
Tras los números, las palabras. ¿Cuándo llegará el dinero a la economía real? ¿Cuándo lo sentirán las empresas, pymes y autónomos? La aprobación de ese pago de 12.000 millones tardará unos cuatro o cinco meses. La experta traza con la precisión de un cartógrafo la hoja de ruta. “Tras recibir la información, la Comisión tiene dos meses para verificarla, si hay una opinión positiva se presenta a un grupo del Consejo, tras su validación, pasa a un Comité con todos los Estados miembros para su aprobación final. De ahí esos cuatro o cinco meses”, describe, aunque depende, también, de la complejidad de la documentación enviada.
Este sistema de ayuda es tan nuevo y ambicioso que, lógicamente, hay cambios sobre la marcha. “En junio se recalculará la fórmula para fijar la cantidad que cada Estado miembro puede recibir en fondos no reembolsables”, indicó María Teresa Fábregas. Esto puede aportar más ingresos a algunas naciones y menos a otras. Habrá que esperar (las cifras se obtendrán teniendo en cuanto las estadísticas de 2021) al resultado de las reglas de ese nuevo mecanismo. Eso sí. “No habrá ninguna reformulación posterior”, zanjó.
España, es bien conocido, tiene previsto recibir 140.000 millones de euros en trasferencias y créditos hasta 2026. De 2021 a 2023 llegarán 70.000 millones. Teniendo en cuenta que se va a recalcular esos ingresos no reembolsables, la Comisión Europea prepara una guía que explique a los Estados miembros cómo presentar las modificaciones.
Lo que no se alteran son los objetivos: y la transición verde o la digitalización son parte de esta “nueva Europa”.
Vivimos el gran desafío de nuestra era: el cambio climático o la emergencia climática. Dos formas de nombrar a un mismo problema. La sequía y la escasez de agua en nuestro país es una dificultad endémica, cuya solución ya no es levantar más presas —unas 1.064 presas en España tienen una edad media de 56 años— y alterar el natural discurrir de los ríos. En este sentido, la tecnología y la digitalización se erigen como las principales herramientas de desarrollo del siglo XXI. Como recuerda, Cándido Pérez, socio responsable en Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG España, y experto en Fondos Europeos, en el contexto del cambio climático España sufre periódicamente sequías y la escasez de agua es un problema de primer orden. Así pues, en plena sociedad del conocimiento no se dispone de información completa sobre el uso del agua: pérdidas, fugas, roturas o filtraciones que se producen en la red de distribución, por lo que urge una solución.
Los números del damero para alcanzar este objetivo son precisos. Un PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de 3.060 millones de euros. Una cifra elevada que fluye en paralelo al desafío. El objetivo es claro: eliminar las deficiencias detectadas; y una herramienta esencial es la digitalización, que oscila al igual que un péndulo desde los ciudadanos a los regadíos. Pero dentro de esa cantidad existe una partida que exige detenerse. Son 1.700 millones. ¿Su destino? Administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua. Aunque el goteo va más allá. También busca el mejor uso de las aguas subterráneas —un “tesoro” hídrico escondido de 110.855 hectómetros cúbicos—, junto con el máximo aprovechamiento en las comunidades de regantes y la industria.
Todos estos cambios, lógicamente, necesitan un nuevo espacio normativo. Este PERTE lo renueva. Contempla la Ley de Aguas (promulgada en 2001) e incluye los avances en digitalización y, sobre todo, una actualización del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En este particular damero una ficha mueve a otra y se espera la creación de 3.500 nuevos puestos de trabajo en especial ingenieros, expertos en tratamiento de datos, telecomunicaciones, ciencia.
La clave es la información. Estar atento a las convocatorias. Porque los plazos establecidos por la Administración son limitados. “Los requisitos aparecen, por ejemplo, en la página Planderecuperacion.gob.es, pero otra opción es recurrir a firmas como KPMG que sepan de qué forma trabajar y presentar los proyectos”, valora Cándido Pérez. Y añade: “Hay que ser ágiles, eficaces y asegurarse de que se cumplen con los criterios de elegibilidad”.
Las conferencias sectoriales —órganos de encuentro de representantes de las diversas Administraciones públicas con competencia en una materia determinada— han asignado partidas a las comunidades autónomas. En concreto, 11.151 millones de euros a finales de diciembre pasado, cuyos objetivos centran su mirada en la transición verde, la digitalización, ciencia, cultura, protección social o turismo sostenible. Los principales beneficiados —con asignaciones superiores a los 1.000 millones— son Andalucía, Cataluña, la comunidad de Madrid y la comunidad valenciana.
Porque los ingresos ya están en movimiento. De este modo, la Administración General del Estado y las CCAA deben gestionar sus propios contratos a través de licitaciones o sus convocatorias de ayudas para las temáticas asignadas, y a partir de ese paso, llega a los adjudicatarios de contratos o a los beneficiarios de las subvenciones. “En este último supuesto, los beneficiarios, públicos y privados, deben ejecutar las actuaciones subvencionadas”, destaca Pérez. En la mayoría de los casos, mediante contratos ejecutados por empresas privadas. En este proceso, los fondos se van empleando en la finalidad elegida, impactando en la economía española.
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