La invasión de Ucrania por parte de Rusia implica, además de graves consecuencias humanitarias, nuevos desafíos para la recuperación de la economía y el crecimiento de las empresas. Y es que el conflicto de Ucrania ha agudizado problemas ya presentes como la crisis de suministro, la escalada de los costes de la energía, el aumento del precio de las materias primas o el mayor riesgo de ciberamenazas. Esta coyuntura, que se extiende más allá de las organizaciones que operan de forma directa en la zona del conflicto, supone un esfuerzo de análisis y adopción de medidas para la mitigación de potenciales riesgos.
“Este escenario de suma complejidad para las empresas implica desarrollar una adecuada gestión de riesgos: desde adoptar medidas clave en materia de ciberseguridad y gestionar el riesgo en torno a las Terceras Partes, hasta abordar los riesgos contractuales que ha supuesto el conflicto”, explica Pau Bernad, socio responsable de Mercados y Consulting Corporates de KPMG en España. Todo ello con el objetivo de reducir el impacto de la actual coyuntura y asegurar la continuidad de negocio.
No hay duda de que la actual situación geopolítica está impactando de manera decisiva en el rumbo de la economía global y, por ende, en el devenir de las organizaciones. No solo desde el punto de vista de los costes económicos directos, sino desde el replanteamiento de las reglas y valores que sustentan el actual sistema económico, político y social, sus interrelaciones entre países y las reglas que lo conforman. En este sentido, José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, destaca que las economías tendrán la responsabilidad de “reconstruir el mundo y replantear la globalización una vez que se estabilice la actual situación”. Un reto que, a su vez, tendrá importantes consecuencias para las compañías, especialmente en relación con el replanteamiento de sus valores y el impacto de la reputación corporativa.
Por el momento, las organizaciones se enfrentan a un escenario de gran volatilidad no exento de desafíos y potenciales riesgos. Entre ellos destaca el aumento significativo de ciberamenazas, cuyos efectos entrañan importantes implicaciones para las estrategias corporativas en materia de ciberseguridad.
Desde que estalló el conflicto de Ucrania, se han multiplicado las amenazas cibernéticas, lo que ha obligado a que las empresas desarrollen planes sólidos y resilientes como repuesta a estos incidentes. “La actual coyuntura, marcada por un aumento significativo de las amenazas cibernéticas, requiere por parte de las compañías de un profundo análisis y revisión de los planes de respuesta ante posibles incidentes, pues aunque el futuro es impredecible conviene estar preparados para escenarios comprometidos de ciberseguridad que podrían afectar a los propios negocios, a nuestra tecnología o a la de nuestra cadena de suministro”, destaca Marc Martínez, socio responsable de Ciberseguridad de KPMG en España.
A tal efecto, el socio responsable de Ciberseguridad de KPMG en España, incide en tres puntos fundamentales sobre los que poner el foco: “la resiliencia y preparación para la adecuada respuesta de incidentes, seguido de la revisión del nivel de protección y la optimización de la monitorización y detección de potenciales amenazas”. En este sentido, es aconsejable que las compañías revisen su nivel de protección, lo que implica establecer medidas concretas como comprobar que los sistemas críticos se encuentran actualizados en su última versión, revisar la robustez de los controles de acceso o asegurar que la empresa cuenta con protección antimalware, entre otras medidas.
De igual modo, las compañías necesitan priorizar y fomentar el flujo de información sobre ciberseguridad entre el conjunto de sus profesionales, asegurando así que cuentan con el acceso a fuentes de información fiables y que son conscientes del riesgo de phishing o sitios web fraudulentos.
“Las sanciones establecidas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos pueden implicar riesgos relevantes tanto desde el punto de vista regulatorio como financiero sobre la perspectiva de las Terceras Partes, lo que afectaría a toda la cadena de valor”, explica Enric Olcina, socio responsable de Financial Crime de KPMG en España. En consecuencia, el incumplimiento desde el punto de vista regulatorio puede suponer multas, investigaciones y procesos judiciales o, incluso, el cierre o interrupciones de relevancia en el negocio.
Asimismo, existen riesgos directos desde el punto de vista financiero ante el incumplimiento de sanciones, lo que podría llegar a suponer la pérdida de negocio o cuotas de mercado. Sin olvidar, como destaca Enric Olcina, “la importancia del riesgo reputacional al que se enfrentan las compañías en relación con la marca de determinadas empresas y su exposición en el mercado ruso, lo que podría generar pérdida de confianza en el consumidor o un impacto negativo en los medios”.
Especial mención merece la situación de las entidades financieras, cuyo colectivo también ha tenido que asegurarse de su exposición de riesgos ante las sanciones derivadas del conflicto, pues pueden tener una exposición directa e indirecta a través de clientes que puedan estar sancionados.
El conjunto de sanciones establecidas derivadas del conflicto supone todo un reto para las relaciones contractuales de las compañías. Desde sanciones individuales, como la congelación de activos o la restricción de desplazamientos, hasta sanciones financieras, tales como la restricción de acceso a mercados de capitales, la prohibición de financiación o la exclusión del SWIFT. Además de las sanciones en términos económicos, entre ellas la prohibición de importaciones y exportaciones o el cierre de espacios aéreos, entre otras.
“El impacto del conflicto de Ucrania en torno a las relaciones contractuales implica realizar un ejercicio de revisión, preparación y planificación para establecer medidas preventivas o de remediación ante posibles escenarios”, detalla Javier Bau, socio del área Mercantil de KPMG Abogados en España.
Ante el posible impacto en las relaciones contractuales, cabe tener en cuenta otros procedimientos para detectar posibles debilidades, como el análisis de los mecanismos de los pagos o el impacto en las cadenas de suministro desde el punto de vista contractual. Otra cuestión relevante son las cláusulas de Compliance, que a pesar de su elevada complejidad deberán adaptarse a las actuales circunstancias. Además, se aconseja revisar desde el punto de vista contractual el estado de las operaciones de M&A.
Así las cosas, las compañías se enfrentan a numerosos desafíos en torno a la gestión de riesgos, que se han agravado ante el conflicto y la creciente incertidumbre del entorno. Se trata de nuevos retos en materia de ciberseguridad, riesgos en relación con las Terceras Partes o desde el punto de vista contractual, que plantean en su conjunto la necesidad de reflexión, análisis y monitorización por parte de las empresas para una adecuada toma de decisiones. Todo ello sin perder de vista la evolución del entorno geopolítico y sus implicaciones en la mitigación de riesgos para garantizar la continuidad de negocio.
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