La (r)evolución verde para conseguir una economía circular y el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático tiene un pilar básico en la gestión de residuos.
El nuevo marco normativo tras la aprobación de la nueva ley de residuos provocará cambios en los modelos de producción y consumo que tendrán que ser considerados por las empresas. Sus efectos impactan desde el diseño y fabricación de los envases hasta su comercialización pasando por los sistemas actuales de recogida y tratamiento de residuos. Y entre los sectores que se verán más afectados se encuentran la hostelería, la alimentación, la distribución, las empresas dedicadas al reciclaje, las administraciones locales y todos nosotros como consumidores.
Con su entrada en vigor, esta norma – Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular- trata de impulsar la economía circular en nuestro país, pretende reducir el impacto global del uso de los recursos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Además, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12, 13 y 14.
Por primera vez, se acomete una revisión del marco regulatorio de los residuos desde un punto de vista integral, incluyendo los aspectos de carácter económico-tributario. Y tras publicarse en el BOE el pasado 9 de abril, España ha aprovechado para trasponer los exigentes objetivos marcados por las directivas europeas en la gestión de residuos y la utilización de envases de plástico para los horizontes 2025, 2030 y 2035.
De forma resumida, son numerosos los cambios que introduce la norma y que afectarán a la actividad empresarial y a los hábitos de los propios ciudadanos. Entre ellos, destacamos:
1. Refuerzo de la recogida separada de residuos: Los biorresiduos de origen doméstico, cuyos niveles de mejora podrían ser significativos, junto a la reducción del desperdicio alimentario y a otras exigencias de la nueva ley, como son:
2. Revisión del marco regulador de la responsabilidad ampliada del productor del residuo: Se adapta el régimen jurídico de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP), con el fin de garantizar la transparencia en su funcionamiento, la participación de los productores en la toma de decisiones de los sistemas colectivos y su régimen económico-financiero. En estos últimos se establecen nuevas herramientas como la aplicación de criterios de ecomodulación para determinar el importe de las cantidades que deben abonar los productores para financiar estos sistemas. Cuestiones como el littering o la limpieza viaria ahora serán también responsabilidad de estos sistemas.
3. Venta a granel: Los supermercados de más de 400 metros cuadrados deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos a granel antes de que finalice 2023. Además, los establecimientos de alimentación donde se vendan productos frescos, bebidas y alimentos cocinados deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables que lleven los clientes.,.
4. Agua no embotellada: El sector de la restauración y hostelería debe disponer de forma complementaria a su oferta, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. De forma análoga, en todas las administraciones se debe fomentar el consumo de agua no embotellada en sus instalaciones a través de la instalación de fuentes públicas.
5. Tabaco en las playas: La norma ofrece el respaldo legal a los ayuntamientos que quieran vetar el tabaco en sus playas y aplicar multas si así lo desean.
6. Destrucción de excedentes: Se prohíbe la destrucción de los “excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”. Dichos excedentes han de destinarse a canales de reutilización (incluida la donación), y si esto no fuese posible, a la preparación para la reutilización.
7. Dos nuevas figuras impositivas de ámbito estatal: La ley crea dos nuevos impuestos que serán exigibles, de forma diferida, a partir del día 1 de enero de 2023:
Respecto a la fiscalidad local, se establece un plazo de tres años para que los municipios implanten sistemas de pago por generación, entendido como una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, trasporte y tratamiento de los residuos.
8. Suelos contaminados: Por último, la regulación de la norma sobre esta materia está alineada con el régimen jurídico previo existente, y aporta como principal novedad, el Inventario Estatal de Descontaminaciones Voluntarias de Suelos Contaminados.
Cabe señalar en este sentido que la declaración de un suelo como contaminado puede implicar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación o de otros usos del suelo, y el establecimiento de un plazo de tres años para ejecutar las operaciones de descontaminación.
Tras la aprobación de la norma, es momento para que los distintos agentes afectados analicen y evalúen los impactos y acometan las transformaciones necesarias que se ajusten al nuevo marco. También en el caso de las empresas dedicadas al fomento del reciclado de productos plásticos, es relevante que conozcan que deberán contar con una certificación de un emisor acreditado, según la norma UNE-EN 15343-2008. En definitiva, con el nuevo marco, son los profesionales de la gestión de residuos los que deben fomentar el conocimiento de la norma y su aplicación práctica.
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