El Gobierno amplía hasta el 17 mayo la posibilidad de pedir las ayudas del PERTE-VEC y mejora y facilita sus condiciones de acceso.
Pocas industrias en España tienen la importancia de la automovilística. Supone cerca del 10% del Producto Interior Bruto (PIB). No es casualidad que el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) fuese el primero que aprobó el Consejo de Ministros el 13 de julio de 2021. Y así también se entiende que el Ministerio de Industria haya ampliado el plazo para presentar iniciativas hasta el 17 de mayo, en vez de cerrarlo, como estaba previsto, el 3 de mayo, a petición de las empresas del sector ante la complejidad de la documentación requerida. Hablamos de la convocatoria industrial del PERTE de unos 3.000 millones de euros en fondos destinados a la fabricación de esos vehículos eléctricos y conectados. “Estamos ante una oportunidad histórica para contar en España con un hub de electromovilidad. Es el momento de que las empresas presenten sus mejores iniciativas”, anima Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España, en el tercer programa de Plan Europa, una iniciativa de KPMG y Agencia EFE.
Este es el calendario. La hoja de ruta del PERTE-VEC ya está en marcha. La convocatoria se ha publicado bajo el criterio de concurrencia pública, con un impacto mínimo en dos comunidades autónomas y basadas en la cooperación de toda la cadena de valor del VEC. Las agrupaciones empresariales que presenten las iniciativas deben estructurarlas en tres bloques: un fabricante de automoción, uno de baterías y otro de la industria de componentes. Esas agrupaciones tienen que estar formadas, al menos, por una empresa vertebradora, cinco participantes y un 40% de las firmas han de ser pymes. La asignación de los fondos se efectúa en función de la inversión de cada empresa. Un dato, Seat y 61 socios ya han registrado su proyecto.
Pero una de las partidas más interesantes son las condiciones de financiación que finalmente ha propuesto el Ministerio de Industria. “Se ofrece un plazo de diez años de inversión, con tres de carencia y a un tipo de interés cero. Algo muy importante, si pensamos de qué forma se está comportando el precio del dinero en los mercados”, reflexiona Begoña Cristeto. ¿Y después? ¿Cómo transcurre el tiempo?
Cuando el 17 de mayo se cierre la convocatoria, Industria tiene seis meses para resolverla y notificar las ayudas a todas las compañías que han participado. Medio año que abarca, desde el 1 de abril —plazo de apertura de la petición— hasta el 1 de octubre. La siguiente pregunta cae al igual que la manzana de Newton. ¿Las ayudas cómo se desembolsan? Están previstos dos pagos. El primero cuando se dicte la resolución de la concesión y por el importe de ayuda correspondiente a 2022. El segundo replica las condiciones que se establecieron el ejercicio anterior pero de cara a 2023. Condicionadas, eso sí, recuerda Cristeto, a la presentación, antes del 15 de septiembre, de la situación y los gastos efectuados por las empresas hasta el 15 de junio de ese año.
Los tiempos pueden resultar un tanto apresurados, pero son esenciales para cumplir con Europa. Hay que adaptarse. “La ampliación al 17 de mayo nos parece bien”, refrenda José Luis López-Tafall, director general de Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). “También el esfuerzo que ha hecho Industria para aclarar la solidez financiera de las empresas de reciente creación, de esta forma no se quedan fuera las starts-up”.
Como todo lo nuevo —desgrana el representante del sector— tiene capacidad de mejora, “el proceso de descarbonización durará muchos años. Tenemos que recuperar el retraso que llevamos. El dinero que llega es importante y debemos ser eficaces a la hora de moverlo”, observa López-Tafall. Y añade: “Vamos bien. Pero teníamos que ir más rápido con respecto a lo que nos exige Bruselas, como en las infraestructuras de recarga”, precisa. Pero pensemos que los dispositivos de recarga (1.100 millones) ya están promovidos por los Planes MOVES III y MOVES Singulares. Y en términos de empleo, este PERTE-VEC podría añadir 140.000 nuevos puestos de trabajo.
Junto con este PERTE automovilístico, el Plan de Recuperación sigue avanzando a través de otros sectores. Los números tienen una capacidad maltusiana, multiplicadora. Hasta hace poco había cuatro convocatorias abiertas que sumaban unos fondos de 4.000 millones. El 6 de mayo pasado se cerró la ventana del Hidrógeno Pioneros (desde la generación hasta su consumo industrial), pero siguen abiertas tres oportunidades para diferentes sectores. El PERTE-VEC con sus, como hemos visto, casi 3.000 millones de euros, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (720 millones), hasta el 17 mayo, y la primera Línea de Impulso del Hidrógeno Renovable PERTE-ERHA (220 millones), que alcanzará el 7 de junio.
En sus cifras globales, a 21 de abril se habían transferido más de 13.300 millones de euros a las comunidades autónomas. Las tres más favorecidas, por ahora, son Andalucía (2.258 millones), Cataluña (1.930) y Madrid (1.463). Respecto a las convocatorias resueltas —da una idea de la magnitud de la oportunidad— pensando en el 31 de marzo superaban las 520 con un montante de 8.500 millones, lo que ha permitido poner en marcha unos 11.500 proyectos. De hecho, España acaba de pedir a Europa el tercer desembolso del Plan de Recuperación y Resiliencia al que tiene derecho por 12.000 millones de euros. Desde 2021 ha recibido una cantidad superior a los 19.000 millones.
Estamos frente al principio del comienzo. “El PERTE-VEC es una palanca más, no es un final ni un camino, sino una estación dentro de un proceso que debe conducirnos hasta 2040”, subraya José Luis López-Tafall. Sin duda, aunque, antes de llegar a la meta, estos fondos suponen una oportunidad única para dinamizar proyectos, grandes y medianos y, sobre todo, ganar competitividad en una industria que es parte fundamental de la prosperidad de España. Porque el objetivo de este PERTE-VEC es nítido. “Ayudar a la industria española y a toda su cadena de valor en su transformación estratégica, que permita el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país, pero también que dé respuesta a los retos de una nueva movilidad basada en las bajas emisiones, la conectividad, la conducción autónoma y la movilidad compartida”, condensa Begoña Cristeto. El país se conecta al crecimiento.
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