Mayo deja un récord importante. Fue el mes, desde que están en marcha los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que más dinero se adjudicó en licitaciones. Nada menos que 2.433 millones de euros. Resulta trascendente situar el número en perspectiva. El volumen total de esas licitaciones adjudicadas se acerca a los 6.293 millones. El reparto de esa cifra única es un triángulo con sus tres vértices. Por orden: Comunidades Autónomas (1.400 millones); Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif (931 millones); y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa (717 millones).
Los fondos están en movimiento y, mientras unos inician su recorrido, otros viven su particular madurez. El PERTE de Nueva Economía de la Lengua comienza su camino, mientras convive con el Kit Digital y la ley de Startups (empresas emergentes).
Pero empecemos por el principio, el PERTE de Nueva Economía de la Lengua. España disfruta de un enorme potencial para transformar el español y las lenguas cooficiales en un instrumento de generación de riqueza y prosperidad. Por lo tanto, el PERTE de la nueva economía de la lengua es una apuesta de país. “Hay previsto 1.100 millones de euros de inversión pública que se esperan completar con la movilización de unos 1.000 millones procedentes del mundo privado”, describe Natán Díaz, socio responsable del sector Público, Infraestructuras y Transportes para Consulting Corporates de KPMG en España.
De hecho, reconoce Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el PERTE de la nueva economía de la lenguaes es el único PERTE transversal, y llevamos 12, ya que todos los aprobados mantienen una relación vertical. “Queremos convertir a la lengua española en un activo económico y cultural y poner en valor su patrimonio”, sostiene Artigas.
La palabra como motor económico es una novela de una inmensa ambición. Está escrita en cinco capítulos, o ejes:
España es una potencia mundial en la palabra y debe saber monetizar este privilegio. Esa transversalidad abre la entrada a que muchos tipos de empresas puedan solicitar esos más de 2.000 millones. Por ejemplo, medios de comunicación, compañías que crean contenidos audiovisuales y videojuegos, firmas de Inteligencia Artificial, fundaciones, universidades y organismos del 3º sector que tengan un foco cultural.
Aunque, si existe un Plan que ha tenido un efecto llamada intenso es, sin duda, el Kit Digital (con un montante de 3.067 millones de euros) para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. “Desde el 15 de marzo, hemos desplegado la primera fase, que supone unos 500 millones de euros para pymes de entre 10 y 49 empleados”, narra Carme Artigas. “En España existen unas 110.000. ¿El resultado? En apenas dos meses hemos gestionado 60.000 solicitudes de subvención y entregado 10.000 bonos de digitalización. además de 500 acuerdos”. El 55% de las compañías que están dentro de estos requisitos han pedido la ayuda. Diríase que es la geografía de un éxito. Teruel alcanza un porcentaje del 70% mientras Lérida y Tarragona comparten el 60%.
“La siguiente fase, que se lanzará a finales de junio, son las empresas que van de tres a nueve trabajadores, las cuales obtendrían un bono de 6.000 euros. Después, en los últimos días de agosto, como muy tarde, sacaremos el último tramo que estará dirigido a autónomos y firmas de uno o dos empleados, que recibirán 2.000 euros”, avanza la secretaria de Estado de Digitalización. Las solicitudes existentes equivalen a unos 120 millones de euros sobre un presupuesto de 500 millones, pero la Administración no descarta otra convocatoria si en algunos de los tramos la demanda es elevada. Eso se verá en 2023. Aunque el plazo final, por ahora, del Kit Digital es de seis meses a contar desde el pasado 15 de marzo.
Pero antes de que el calendario descuente esa fecha, la empresa podría preparar la convocatoria actual. La demanda de bonos está siendo muy alta y las pymes pueden adelantar algunos procesos para estar bien situadas, como realizar su diagnóstico digital en la web estatal de la aceleradora pyme y registrase en la sede electrónica del Kit Digital. Además, para simplificar las tramitaciones es posible recurrir a la figura del “Representante Voluntario”, que asiste a las pymes. “Otra opción que garantiza la presentación en forma y tiempo es, sin duda, optar por compañías especializadas como KPMG”, observa Díaz.
La que parece que ya encuentra su aprobación es la esperada ley de Startups. Ha llegado al espacio legislativo. Hasta el 15 de junio existe margen para que los distintos partidos políticos presenten enmiendas. El 1 de septiembre, el Gobierno espera que esté aprobada y se pongan en marcha a finales de año. Para la Administración es una normativa estrella.
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