El desarrollo del sector de las telecomunicaciones es clave para la transformación del tejido productivo y del bienestar de la sociedad. Durante la pandemia ha demostrado su potencia de fuego y ahora afronta un futuro plagado de desafíos, pero también de oportunidades. La digitalización se ha acelerado y esto es básico para la evolución de las empresas y la mejora del nivel de vida de los ciudadanos. El grado de inversión en infraestructuras que demanda este proceso es colosal y va a requerir de manera creciente de la colaboración público-privada y de un apoyo sostenido del presupuesto del Estado. Estas son algunas de las conclusiones del reciente encuentro organizado por KPMG y el diario El País sobre el sector de las telecomunicaciones.
Juan José Cano, presidente de KPMG en España, apuntó las circunstancias por las que atraviesa el sector: la velocidad de los cambios, la necesidad de capital para impulsar la tecnología 5G a partir del próximo año y la correspondiente y eventual sucesión de movimientos corporativos en un marco presidido por la alta competitividad del sector, la lucha por los ingresos y el combate por fidelizar a los clientes. Este es el contexto en el que los fondos europeos deben jugar un papel esencial, aseguró Cano. Tienen que lograr la mayor eficiencia posible para acompañar la velocidad de los cambios que se producen sin solución de continuidad en el sector.
En el acto intervino Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones, que recalcó los objetivos de los próximos años: una sociedad en la que el individuo esté permanentemente conectado, en la que nadie se quede atrás, y en la que, por tanto, aumente la calidad de vida y el bienestar general. Esto pasa por proporcionar servicios cada vez más sofisticados pero asequibles a todo el mundo. “Necesitamos más fibra, y los servicios 5G y posteriormente 6G deben dar la respuesta a la demanda creciente”, afirmó.
A este respecto, declaró la voluntad del Gobierno de apoyar al sector con un plan de inversiones por un valor cercano a los 20.000 millones que debe concretarse en multitud de proyectos como el que ya se ha definido en el PERTE sobre microelectrónica, a fin de ir de la mano del sector allí donde no puede obtener el debido rendimiento y retorno de las inversiones, que en algunos segmentos de mercado son inevitablemente deficitarias. Como conclusión, el secretario de Estado manifestó la necesidad de que Europa y en particular España recuperen la soberanía digital. Necesitamos más fibra, vamos a requerir de más frecuencias y esto va a obligar a una intensificación de las comunicaciones por satélite, concluyó.
En la mesa redonda posterior, Juan Montero Rodil, director de Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios de Telefónica, advirtió de los riesgos que atraviesa la industria. “Cada vez nos distanciamos más de América y del Pacífico, corremos el peligro de perder este tren, podemos ir a la segunda división, y para evitar esta posibilidad necesitamos una política de industrialización decidida y que el Estado se implique en las inversiones necesarias para acelerar y completar la digitalización de la economía española”. Montero aseguró que entre todos los países de la zona euro se requieren 300.000 millones en los próximos años para el despliegue de toda la red 5G y de la red fija de fibra óptica que se necesita para lograr los objetivos de digitalización del tejido productivo.
Javier Arenzana, socio responsable del sector de Telecomunicaciones de KPMG, insistió en que necesitamos una extensión de las infraestructuras, que los operadores tengan el músculo suficiente para acometer los nuevos desarrollos y que fragüe un modelo de colaboración entre los operadores para reforzar una oferta común.
Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Orange, insistió en los retos del sector: “Tenemos un mercado en el que la industria ha perdido un 30 por ciento de los ingresos y a la vez precisamos de inversiones urgentes. Nos encontramos con veinte marcas principales y cien operadores virtuales en un entorno en el que necesitamos diez mil millones para completar la conectividad universal”. En su opinión, esto exige una consolidación del sector -en la que ahora está inmersa Orange con Masmovil-. “Nos estamos jugando el futuro y el sector tiene una importancia crucial desde el punto de vista económico. El suceso de la ampliación de la velocidad de Internet aporta un punto porcentual al PIB, eso son 10.000 millones. Tenemos una gran vocación inversora, pero necesitamos apoyo público para afrontar el negocio deficitario que no tiene retorno a fin de extender la digitalización al conjunto del país”, aseguró.
Elena Otero-Novas, directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa de Vodafone, redunda en la tesis de que podemos dejar de ser punteros en España y que, de hecho, no lo somos en el sector de las pymes, que tienen una importancia crítica en el tejido productivo. “Para corregir esta deficiencia es preciso el apoyo del sector público, nosotros solo no podemos hacerlo, y es imprescindible que haya unas políticas regulatorias y fiscales que alivien nuestra carga tributaria porque ahora pagamos más con menos ingresos“. “Nuestra contribución es básica para aumentar la productividad de los negocios de menor tamaño, podemos ayudarles de manera decisiva a que mejoren el control de sus procesos de producción y finalmente a mejorar su facturación”.
Todos los participantes en la mesa redonda abordaron muy críticamente la relación entre las operadoras y las diversas plataformas digitales de contenidos, que absorben el 60 por ciento del tráfico en la red pero que no contribuyen a la inversión. Según Juan Montero, de Telefónica, este no es un problema nuevo, pero ha llegado la hora de que las plataformas paguen por el servicio. Esta es una cuestión en la que la Comisión Europea debería tomar cartas en el asunto, afirma la responsable de Orange, y la secunda Elena Otero-Novas, de Vodafone: “Nosotros concurrimos, invertimos y tenemos el peso en Internet. Ellas introducen en la red sus contenidos, pero se desentienden de las inversiones. No se ha abordado el problema y esta es una relación que debe reequilibrarse de manera definitiva”. “Hay un desbalance económico enorme entre quien consigue el beneficio y quien tiene que invertir”, apuntala Javier Arenzana, socio responsable del sector de Telecomunicaciones de KPMG.
“El nivel de rapidez con el que se suceden los cambios exige muy buenas infraestructuras y por consiguiente inversiones muy significativas, comenta Juan José Cano, presidente de KPMG. Y esa necesidad de recursos está llevando a movimientos corporativos dentro de las empresas del sector que buscan una mayor eficiencia operativa.
La digitalización de la economía, en gran parte en marcha, es el desafío más importante que afronta la nación en el futuro. Es esencial para incrementar la productividad del país, aumentar el músculo de las pymes y elevar la empleabilidad de los trabajadores, así como el confort de los ciudadanos. Veremos a corto plazo cambios en el modelo de negocio, una transformación del paradigma de desarrollo hasta ahora conocido y unas nuevas relaciones entre las operadoras y las plataformas de distribución de contenidos, hasta ahora ausentes del esfuerzo inversor preciso.
Como insistieron los participantes en el encuentro organizado por KPMG y el diario El País, el reto es no perder el tren, no descender a la segunda división y que Europa y España estén a la altura de las circunstancias para participar esta vez en la primera línea de los próximos cambios, alcancen la soberanía digital y estén en condiciones de liderar la transformación de un futuro que ya es presente.
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