Ha sido un verano difícil. El complejo entorno geopolítico, la continuada inflación, la crisis energética o el punto de inflexión en política monetaria son la máxima prioridad de las organizaciones, que ven alejarse las perspectivas de crecimiento económicas. Recuerda aquella frase del escritor argentino, Jorge Luis Borges: “Les tocó, como a todos los hombres, tiempos difíciles en los que vivir”. A pesar de estos desafíos, los fondos europeos continúan su camino y ha sido un estío muy intenso en PERTEs, licitaciones, convocatorias.
Bruselas no ha descansado. El 29 de julio la Comisión Europea transfirió al Tesoro español los 12.000 millones de euros correspondientes al segundo rembolso del Plan de Recuperación. Además, los grupos parlamentarios y los agentes sociales tienen una carta encima de sus mesas en las que pueden proponer adiciones a la famosa adenda (que reforzará el impacto del Plan de Recuperación a partir de 2023 y que incluyen las reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a los préstamos del mecanismo Next Generation EU que corresponden a España, así como la asignación definitiva de transferencias a España, conocida el pasado 30 de junio, y las transferencias adicionales del proyecto de reglamento de REPowerEU ).
Esto sucedía en julio, pero el mes de agosto también ha contado con importantes novedades. El Gobierno publicó la resolución provisional, de, quizá, el programa estrella: el PERTE VEC del Vehículo Eléctrico y Conectado. Los números tienen sus defensores y sus detractores, a ambos lados de la mesa. Se han asignado 703 millones de euros a una decena de iniciativas, lo que representa un montante del 23% dentro de un PERTE con un presupuesto de 2.975 millones.
Otros dos PERTEs, el Naval (es una segunda convocatoria de 200 millones y tiene una estructura similar al PERTE VEC) y el Agroalimentario (se presentaron sus bases reguladoras y una cuantía de 500 millones) veían, bajo el auspicio del Ministerio de Industria, la luz verde con un presupuesto de 700 millones de euros.
También ha habido tiempo para las sorpresas, con el anuncio de un nuevo PERTE. “El Gobierno lanzará antes de final de año (en principio, falta la confirmación, con un montante de 400 millones de euros) un programa destinado a la descarbonización de la industria”, avanza Cándido Pérez, socio Responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KMPG España. Por su parte, el Kit Digital (segmento II) sigue avanzando con el objetivo de impulsar digitalización de las pymes de entre tres y diez empleados, dotando con 6.000 euros a cada empresa.
Por otro lado, el Consejo de ministros aprobó la distribución de 1.389 millones de euros a las comunidades autónomas destinados a financiar las Actuaciones de Rehabilitación Residencial y la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. El año que viene se añadirán otros 500 millones. Y, en términos de licitaciones públicas, se propusieron unos 700 millones de euros.
El PERTE de la Economía social y de los cuidados maneja un presupuesto de 808 millones. Es el proyecto más “especial” de todos los que tienen su origen en los Planes de Recuperación y Resiliencia. El propósito es claro, en palabras de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social: “Crear en España un hub estratégico donde la economía social sea una alternativa viable a otras fórmulas económicas, que se basen en la solidaridad, la cooperación y en algo muy importante: los puestos de calidad”.
Una de las novedades de este PERTE de la economía social y de los cuidados es su carácter transversal: están involucrados 13 ministerios, ocupa el 10% del PIB, más de 40.000 empresas y unos 12.000 empleos. Ahora, la estrategia del Gobierno es fortalecer el cooperativismo y que las pequeñas compañías, con enfoque social, aprendan a colaborar entre ellas.
Los cálculos en torno a este PERTE de la economía social y de los cuidados que, como el conjunto de los fondos europeos busca favorecer el crecimiento del tejido económico y social tiene que ganar tamaño, son ambiciosos. “Tendrá un impacto en el empleo que podría superar los 10.000 puestos de trabajo en el tejido de la economía social”, concede Joaquín Pérez Rey. Y añade: “En este caso, a diferencia de otros PERTEs, me gustaría más resaltar los aspectos cualitativos que los cuantitativos del PERTE de la econoía social y de los cuidados. Las entidades de economía social siempre han logrado esa mayor calidad en el empleo. Y además poseen una enorme capacidad de resistencia frente a la crisis”.
Y en esta estructura, ¿dónde encaja la otra palanca de los fondos, la tecnológica? En el fondo, el ADN de este PERTE de la economía social y de los cuidados, igual que casi la totalidad de los PERTE, tienen esa misma base. El Ministerio de Economía Social propone la opción de crear plataformas digitales que, además de impulsar la vertiente económica, ayudarían a fijar la población en el territorio y luchar así contra la despoblación.
Algunas de las convocatorias ya están trabajando en este sentido. El Ministerio de Agricultura, ahonda el secretario de Estado, empieza a llevar a cabo convocatorias sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y el Ministerio de Trabajo y Economía Social dedicará 100 millones a impulsar estos tejidos cooperativos. La primera convocatoria llegará, en principio, en un mes.
Este año, según las predicciones del Gobierno, debería haber sido el de la velocidad de crucero en la ejecución de los fondos. No todas las voces respaldan ese pensamiento. Por ejemplo, el actual 23% de ejecución del PERTE VEC, reflexiona Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, resulta mucho más bajo del que estaba previsto. “Ha sido un verano mejorable”, concede.
Tal vez, con las alegaciones que están en marcha, ese porcentaje aumente, pero, por “desgracia, nos vamos a quedar muy lejos del 100% de ejecución, y de la velocidad de crucero. Necesitamos tomar nota de lo que no ha funcionado de cara a las próximas convocatorias”, detalla. Aun así, quedan cuatro meses para el final de 2022 en los que sucederán situaciones importantes. La adenda es quizá lo más trascendente.
Es una política, narra Luis Socías, de país, no de Gobierno. Pues se ejecuta entre 2024 y 2026. Mucho más allá del fin de la legislatura actual. Hay que reformar lo que no funciona. Superar la barrera que supone la atomización de las convocatorias. “Y resulta muy importante que, en la adenda, aunque España reciba los fondos en forma de préstamos, la empresa lo perciba como subvenciones a fondo perdido para que no sea una barrera adicional de cara a esa concurrencia”, reclama el responsable de la Oficina.
Mientras todo esto sucede, habrá que estar atentos al calendario. El próximo 29 de septiembre se cierra la convocatoria de este este año para el Programa de Ayudas a municipios de cara a la implantación de zonas de bajas emisiones con el fin de descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. Tiene una dotación inicial de 500 millones de euros de los Fondos Next Generation. Y es que las oportunidades no se detienen.
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