(13/julio/2023) Artículo escrito por Francisco Fernández, socio del área Laboral de KPMG Abogados, Carmen Mulet, socia del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG Abogados e Itziar Galindo, Socia responsable del departamento de Corporate Tax Servicios y responsable del sector tecnológico en KPMG
El desarrollo sostenible exige una respuesta coordinada entre ciencia y derecho. Las organizaciones deben conseguir que todas las áreas aborden esta cuestión de manera holística y apuesten por la sostenibilidad con una visión coordinada global. Y el papel de la asesoría jurídica y fiscal en torno al ESG es clave. Porque respecto de cada una de las siglas que componen el término “ESG” hay mucho trabajo por hacer y mucho que aportar desde los departamentos jurídicos, de RRHH y fiscales de las compañías.
Existen exigencias medioambientales cada vez más diversas y específicas que requieren que la organización, además de abordar el cumplimiento normativo, implante metodologías para garantizar un cumplimiento continuo.
Tanto los inversores como el legislador son progresivamente más exigentes en aspectos como la gestión y producción de residuos, el consumo y gestión del agua, la transición energética hacia una economía baja en carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero o, incluso, el impacto energético del almacenamiento de datos. Y todas estas cuestiones relacionadas con los asuntos ESG exigen de una importante coordinación de las áreas técnica y jurídica de la compañía, puesto que requieren un conocimiento integral de temas ambientales, legales, técnicos, corporativos y contractuales.
Además de las políticas medioambientales, la relación de las empresas con las administraciones públicas debe respetar los requisitos legales ligados a aspectos sociales, éticos y ambientales, que están cada vez más presentes en los procesos de contratación y de negociación con el sector público. En este sentido, las organizaciones deben adaptar sus prácticas a los objetivos y principios orientadores de la transición ecológica, como es el principio de “no dañar significativamente al medioambiente”.
La contratación pública es un mecanismo clave de dinamización a través de la implantación progresiva e integral de la llamada “contratación pública ecológica”. Esta contratación persigue contribuir a objetivos más amplios de las políticas públicas, como los de promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental, o el de servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular.
Las cláusulas medioambientales en los pliegos de las licitaciones adquieren cada vez mayor presencia y se incrementa su relevancia en los criterios de ponderación de ofertas. Por ello, es cada vez más importante que las empresas que habitualmente licitan con el sector público desarrollen una estrategia orientada a la implementación de aspectos ambientales en sus productos y servicios, garantizando con ello su posicionamiento futuro en el mercado.
Dentro de los asuntos ESG, los relacionados con la ‘S’, es decir, con el impacto social de la actividad de la compañía, están cobrando especial relevancia. Y es que las personas son la base y el futuro de la organización. Es por ello por lo que la gestión del equipo humano basada en los principios ESG, tales como la igualdad, la diversidad, la inclusión, la seguridad, la salud, la conciliación y los derechos humanos, es imprescindible para el futuro de las compañías y la adecuada búsqueda y gestión del talento. Estas requieren de la implantación de las mejores prácticas desde la redacción de los documentos, protocolos y políticas necesarias mediante la continua negociación colectiva necesaria para su implantación y adaptación. Asimismo, los planes de retribución deben ser diseñados con criterios de sostenibilidad e igualdad definiendo y midiendo objetivos.
La responsabilidad social corporativa y la necesidad de priorizar los factores ESG exigen a la empresa perseguir el objetivo de la igualdad mediante una implicación activa continua que va más allá de disponer de un plan de igualdad. Porque gestionar los recursos humanos sin tener presentes los criterios ESG tiene ya un importante impacto en inspecciones y graves efectos no solo económicos y de negocio sino reputacionales, de marca y, por tanto, en el talento de la compañía.
Y es que hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la empresa en materia de igualdad no termina con la negociación e inscripción del Plan de Igualdad. Es imprescindible, por tanto, el seguimiento y cumplimiento en plazo de todas las obligaciones y compromisos asumidos durante la negociación de este (planes de inclusión y diversidad, desconexión digital, protocolos de prevención de acoso, sistemas de selección y promoción, teletrabajo, políticas de adaptación de jornada, etc.).
Por la parte de fiscalidad, existe la necesidad de adaptar las políticas fiscales de las compañías a los criterios de ESG puesto que resulta innegable la importancia que la contribución fiscal tiene en el desarrollo de la sociedad. Los impuestos medioambientales ayudan al desarrollo sostenible de las empresas y de la comunidad, y las políticas fiscales son trascendentes en la retribución de consejeros y alta dirección o, incluso, en las políticas de recursos humanos.
Y tanto los inversores como las autoridades tributarias son cada vez más exigentes con estos principios ESG. En este sentido y a modo de ejemplo:
La tributación responsable se sitúa en el epicentro del gobierno corporativo y es un tema habitual en los Consejos. Integrando los principios ESG en la fiscalidad de la compañía, el gobierno corporativo no solamente será capaz de manejar un posible riesgo fiscal o reputacional, también será capaz de utilizarlo como un catalizador de cara a un crecimiento sostenible. Además, las compañías que lo integren tendrán una relación más cercana con las diferentes administraciones tributarias y mejorarán su imagen frente a terceros, ya sea con futuros inversores, empleados o con la sociedad en general, generando más confianza.
Algunas de las cuestiones que debe plantearse un responsable legal, de RRHH y fiscal para asegurar que las políticas de su compañía estén alienadas con los principios ESG, serían:
En definitiva, los departamentos legales, de RRHH y fiscales deben estar más preparados que nunca para abordar el reto del ESG. No hay duda de que estas funciones deben ayudar a interpretar normas, negociar y definir políticas, metodologías de evaluación y mecanismos de control para que la sostenibilidad sea una realidad y un éxito en la organización. No hacerlo no es una opción.
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