Hasta ahora, las reglas del juego en relación al reporte de información no financiera las marcaba la ley 11/2018, que se publicó un 28 de diciembre. A partir de la publicación de la nueva regulación en materia de reporte de sostenibilidad que proviene de una directiva europea, la famosa CSRD, estas reglas han cambiado. Hemos pasado a otra liga.
Esta nueva regulación trae de cabeza a todas las direcciones de sostenibilidad que requieren de apoyos externos porque literalmente no “llegan” a todo. Adicionalmente, las responsabilidades al respecto son discrecionales en cada organización, fluctuando en un difícil equilibrio entre los responsables de sostenibilidad, los financieros y auditoría interna, en su rol de asesor de confianza, cuando la dirección financiera no “coge” el testigo y la dirección sostenible requiere de un apoyo en el arte del riesgo y el control.
Y en medio de esas ocupaciones, hay un aspecto nada desdeñable que supone un gran esfuerzo en tiempo y recursos que es preparar a esas compañías para poder enfrentarse a un aseguramiento limitado sobre la información reportada y que muy probablemente en un par de años pase a ser razonable. Para los profanos en la materia, asegurar significa que un tercero emita una opinión sobre el control interno de esa información para comprobar que es efectivo y que, por tanto, esa información refleja la imagen fiel de la información reportada.
Esto conlleva (i) identificar los riesgos y controles asociados a los indicadores clave dentro de los asuntos materiales que se hayan definido siguiendo el ESRS 2 de materialidad, (ii) documentarlos y (iii) comprobar que son efectivos (en términos de diseño para limitado y también efectividad en razonable), teniendo en cuenta que el número medio de intervinientes puede rondar entre dos a cuatro por materia, que se podría multiplicar por negocios u otras unidades dependiendo del modelo organizativo de cada organización. Si volvemos a cuantificar el número de indicadores, considerando que muchos de ellos deberán obtenerse de fuentes distintas, la complejidad aumenta y el tiempo se acorta. Y ya de los desgloses cualitativos, ni hablamos.
Desarrollar un modelo acotado para definir lo que sería un primer tiro del SCIINF bajo CSRD puede llevar de media unos tres meses. Eso no significa que se dé cobertura a todas las materias materiales, pero sí a una gran parte. De ahí, harán falta otros pocos meses (dependiendo del número y dificultad de los asuntos materiales identificados) para desarrollar lo que quede y para ajustar en lo que proceda el modelo organizativo del nuevo contexto y llevar a cabo una gestión del cambio en todos los niveles y líneas de defensa de la organización.
La finalidad es que el día que se emita ese informe de aseguramiento razonable, el revisor externo pueda opinar que su control interno de la información no financiera es efectivo. En caso contrario, puede poner en riesgo la reputación de la compañía, bajo el efecto exponencial del greenwashing que está a la orden del día. Si el cristal en el que se miran los inversores está roto y las piezas no encajan, cogerán otro y ya nadie se volverá a fijar en el primero.
Decía Nitzche: “No estoy molesto porque me mientas, estoy molesto porque a partir de ahora no podré creer en ti”. Se trata de una cuestión de confianza. Aunque la intencionalidad no sea esa, al final si lo que publicas no se corresponde con la realidad, pierdes esa confianza. Preservarla es vital para las organizaciones hoy en día. Es por ello que es preciso dotar de un aseguramiento a la información que se publica en relación a la información no financiera. Empezar ya a diseñar y poner en marcha los SCIINF no es pronto, es sensato y razonable para evitar los sprint a los que creemos que nos hemos acostumbrado ya y que todo saldrá, cuando la liga a la que nos enfrentamos es otra totalmente distinta.
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