En la última década, la regulación relacionada con temas de sostenibilidad se ha acelerado considerablemente, y es previsible que esta tendencia continúe en los próximos años. De hecho, más de la mitad de las empresas (56%) sitúa como principal desafío cumplir con los requisitos ESG en materia de sostenibilidad, según el último sondeo de ‘Pulso empresarial’, realizado por KPMG y La Vanguardia. Y es que las organizaciones afrontan un horizonte legislativo ciertamente complejo.
Sin ir más lejos, la Directiva de Reporte Corporativo de Sostenibilidad (CSRD) impondrá más de 1.100 requerimientos directos a más de 49.000 empresas, con un coste medio de adaptación de 500.000 euros por empresa. A su vez, estas 49.000 empresas pondrán el foco en su cadena de valor, por lo que se prevé un aumento de requerimientos indirectos en toda la economía a partir de 2024. A la CSRD se suman otras normativas, tales como el reglamento de deforestación que ya está en vigor, la directiva de debida diligencia, las regulaciones en materias de economía circular y el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM), por mencionar algunos ejemplos.
Muchos empresarios y directivos consideran que esta nueva regulación resta competitividad a la economía de la UE porque trae consigo demasiados obstáculos y sobrecostos que están entorpeciendo el desarrollo normal de la economía y encareciendo los bienes y servicios para los ciudadanos. Esta visión tiene un problema de enfoque y otro de desinformación.
En primer lugar, el problema de enfoque consiste en ver la sostenibilidad exclusivamente como un riesgo. Las empresas que ven la sostenibilidad como un riesgo a mitigar, efectivamente verán su competitividad mermada o incluso verán que su modelo de negocio no es viable en la UE. Las medidas para poder seguir operando como de costumbre añadirán costes y traerán pocos beneficios. Por el otro lado, las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad de crecimiento, tendrán el respaldo de la regulación y de todo un aparato productivo que está pivotando en ese sentido. La sostenibilidad no es solo un tema de regulación, sino también de estrategia, y por tanto un tema que atañe al consejo de dirección y no solamente al departamento de sostenibilidad. Es hora de que las empresas europeas se anticipen a los cambios y se adapten a las nuevas demandas de los consumidores, los inversores y la sociedad.
En segundo lugar, el problema de desinformación consiste en pensar que Europa está remando sola mientras otros países se dedican a crecer a toda costa. Es cierto que Europa es quien más tira del carro, pero también es cierto que otros países (incluido China) están impulsando regulaciones ambiciosas en materias de sostenibilidad. El Inevitable Policy Response (IPR), una iniciativa global que sigue la evolución regulatoria en materia de sostenibilidad a nivel global, concluye en su informe de este año que este tsunami regulatorio está en marcha en la mayoría de sectores y en la mayoría de los países, tanto en economías emergentes como avanzadas. El análisis concluye que la mayoría de los países son conscientes de la inevitabilidad del movimiento sostenible y están actuando en consecuencia. Esperan que para 2025 se hayan implementado más de 300 políticas climáticas en 21 países, que representan el 80% del PIB global y el 74% de las emisiones.
En conclusión, lejos de ser un obstáculo, la transición sostenible es una oportunidad para las empresas europeas, que pueden aprovechar su posición de liderazgo para innovar, diferenciarse y acceder a nuevos mercados. Hay numerosos ejemplos de empresas que ya están obteniendo beneficios por haber apostado por la sostenibilidad, tanto en términos de rentabilidad como de reputación.
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