Reforma de las pensiones: ¿garantizan las últimas medidas la sostenibilidad del sistema?
El RD Ley 2/2023 recoge medidas que impactan en el gastoy otras orientadas a los ingresos para la SS.
28 marzo, 2023
La reforma del sistema de pensiones ha culminado tras tres años fraguándose. Una reforma tan relevante como polémica, por abordar de manera simultánea las pensiones públicas de Seguridad Social y las cada vez más necesarias pensiones privadas complementarias, abanderadas per el segundo pilar de previsión, la previsión social colectiva promovida por las empresas. En este contexto, las medidas acordadas en dicha reforma han cobrado especial protagonismo en la última edición de nuestro Estudio sobre la situación de las pensiones en España, en el que recogemos la opinión de 513 empresas que representan a todos los sectores de la economía
Cabe recordar que esta reforma se lleva a cabo con el doble objetivo de lograr la sostenibilidad, equidad y suficiencia de las pensiones públicas y de incentivar el desarrollo de los planes de previsión empresariales. Este último, mediante la aprobación de la Ley 12/2022 para el impulso de los planes de pensiones promovidos por las empresas, y del Reglamento que la desarrolla. Se pretende también impulsar este ahorro complementario empresarial, mediante la incorporación al segundo pilar de los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresa, las “PYMES”.
Con respecto a las medidas aplicadas en la reforma de la Seguridad Social, 8 de cada 10 empresas consideran que esta reforma va a suponer un sobrecoste para ellas, principalmente como consecuencia del incremento en las cotizaciones sociales mediante el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional o MEI, ya en vigor, y de la nueva cuota de solidaridad que será aplicable a partir del año 2025. Además, el 93% de las empresas que han participado en este informe, considera que las medidas aprobadas para la reforma de la Seguridad Social no son suficientes y serán necesarias nuevas reformas en el sistema de Seguridad Social.
Obviando las “PYMES” y los trabajadores autónomos, donde la previsión social complementaria del segundo pilar es prácticamente inexistente, el informe arroja un dato que justifica la necesidad de desarrollo de dicha previsión complementaria, donde sólo un 27,88% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de previsión para sus empleados, siendo los sectores financiero, energía y químico, los que cuentan con mayor protagonismo en el fomento del ahorro para la jubilación de sus empleados, destinando, en promedio, un 3,83% de la masa salarial a realizar aportaciones a los planes de jubilación de sus personas trabajadoras. Además, un 95,2% de los participantes en el estudio de mercado manifiesta que será necesario ahorrar para la jubilación para tener una pensión que pueda complementar a la pensión de la Seguridad Social.
Serán fundamentalmente, los nuevos planes de pensiones simplificados que surjan de la negociación colectiva o que sean promovidos por determinadas asociaciones (aquellas que integren a diferentes colectivos de trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre otras), algunos de los instrumentos que ofrece la reforma del sistema privado de pensiones para que se pueda impulsar y desarrollar el ahorro colectivo para la jubilación.
Por otro lado, los nuevos fondos de pensiones públicos promovidos por el Estado son otra nueva figura de relevancia en la reforma, pero que constituye “un elemento desconocido” para algo menos del 50% de las empresas en España. Y es que también se ha puesto de manifiesto en el informe el alto grado de desconocimiento existente en relación con el sistema de pensiones y con muchos de los aspectos abordados en la reciente reforma, habiendo declarado un 69% de las empresas participantes que desconocen la nueva figura de los planes de pensiones simplificados.
Es en el sector de la construcción, que ya ha dado el primer paso a nivel sectorial para el impulso del segundo pilar mediante la aprobación del VII convenio colectivo, en el que se establece la creación del primer plan de pensiones de empleo simplificado que será aplicable a todas las empresas de este sector con efecto inmediato y reconocimiento de aportaciones desde el año 2022. Se trata de una medida de mucha relevancia que afectará a más de 1.300.000 personas trabajadoras del sector de la construcción.
Además del impulso que estos convenios colectivos sectoriales puedan dar al ahorro colectivo, un 62% de las empresas ya tienen en su agenda de Recursos Humanos a corto o medio plazo la toma de medidas para la planificación de la jubilación de sus empleados. Aunque manifiestan en su mayoría que estarían dispuestas a realizar aportaciones a planes de jubilación a favor de sus trabajadores, casi un 50% dice que en la actualidad no se dan las condiciones para poder hacer estas aportaciones y desconocen la posibilidad y ventajas de poner en marcha planes de jubilación para sus trabajadores que no impliquen un coste para la propia empresa, mediante planes de retribución flexible.
Además de la negociación colectiva y los nuevos planes de pensiones simplificados, se han incorporado en la reforma incentivos fiscales y de Seguridad Social que puedan motivar a las empresas a poner en marcha planes de pensiones para sus trabajadores. Si bien estos incentivos, especialmente los fiscales, son conocidos por una gran mayoría de empresas, un 57% de ellas ha manifestado que no son suficientes para lograr el objetivo pretendido del desarrollo del segundo pilar, recomendando que se establezcan nuevos incentivos fiscales, fomentar la comunicación, información y transparencia, así como establecer la obligatoriedad de realizar aportaciones por parte de la empresa y/o empleados a planes de previsión.
El foco de la reforma en el desarrollo del ahorro colectivo en perjuicio del ahorro personal mediante planes de pensiones del sistema individual, como consecuencia de la reducción en los límites de aportación a este tipo de vehículos de ahorro individual, ha tenido ya su impacto en los fondos de pensiones individuales para los que las aportaciones realizadas durante los años 2022 y 2023 han sufrido una disminución drástica con respecto a ejercicios precedentes. En este sentido, el 78% de las empresas han opinado que dicha reducción limitará la capacidad de ahorro en planes de pensiones individuales.
Por último, se ha manifestado por parte de las empresas la necesidad de Educación Financiera en España, como aspecto clave y necesario para conseguir el adecuado crecimiento de la previsión social complementaria y de llevar a cabo una adecuada planificación de la jubilación. En este sentido, un 87% de las compañías considera que la tecnología es un aspecto clave para colaborar en el desarrollo de la Educación Financiera.
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