El impacto de la declaración del estado de emergencia por sequía en la actividad empresarial catalana

Senior Manager del Departamento de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG Abogados

31 enero, 2024

1 min

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decretado el estado de emergencia por sequía en la ciudad de Barcelona y su región metropolitana, y en parte de la Cataluña Central y Girona. Ello afectará a más de 200 municipios catalanes, distribuidos en las comarcas de Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonés, Berguedà, Garraf, Girones, Maresme, Selva, Solsonès, Vallès Occidental y Vallès Oriental, con restricciones significativas en el uso del agua, especialmente para las actividades empresariales que se ubican en esos municipios.

¿Qué restricciones traerá consigo esta declaración?

Entre las restricciones que aplicarán al tejido empresarial ubicado en los municipios afectados, previstas en el Plan Especial de Sequía y en varios acuerdos recientes del gobierno catalán, cabe destacar:

Se reducirá un 25% el consumo de agua de los usuarios industriales; y un 50 % el uso de agua ganadero; y que se suprimirá el riego agrícola hasta un 80%; pudiendo incluso aplicarse reducciones de presión por las entidades prestadoras del servicio de abastecimiento de agua para la contención del consumo.

En estos casos, este consumo limitado del recurso podría complementarse con agua regenerada procedente de estaciones depuradoras de aguas residuales, a cargo de la actividad empresarial, siempre que exista disponibilidad de caudales.

La prevista declaración del estado de emergencia por sequía en la ciudad de Barcelona afectará al tejido empresarial ubicado en sus más de 200 municipios afectados

La Agència Catalana de l’Aigua podría establecer modificaciones temporales de los aprovechamientos del uso del dominio público hidráulico concedido (concesiones, autorizaciones de aprovechamiento o de vertido) y podría suspender temporalmente la tramitación de nuevos aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas.

No obstante, las personas titulares de estos aprovechamientos podrían optar por proponer a la Agència Catalana de l’Aigua un plan de ahorro de agua, acordando la aplicación de un porcentaje de reducción del consumo inferior al previsto en el Plan Especial de Sequía, teniendo en cuenta las particularidades de cada uso, las dotaciones y eficiencia del suministro en condiciones de normalidad y el grado de afectación o interferencia que las captaciones de las explotaciones suponen para los abastecimientos municipales de su entorno.

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En paralelo a las mencionadas restricciones, el gobierno catalán ha aprobado recientemente un acuerdo destinado a delimitar las actividades mientras esté activada la situación de emergencia por sequía. Por ejemplo:

En el ámbito de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, así como en instrumentos de planeamiento urbanístico, la Agència Catalana de l’Aigua deberá valorar la compatibilidad del proyecto o actividad con las restricciones derivadas del estado de emergencia, pudiendo incluso condicionar la ejecución del proyecto o el inicio de la actividad a la finalización del estado de emergencia del municipio en el que se prevea desarrollar el proyecto o actividad.
En el ámbito de actividades ganaderas, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia deberá adoptar la decisión de no expedición de las autorizaciones de entrada de animales a nuevas explotaciones ganaderas o para la ampliación de las existentes con la finalidad de garantizar el bienestar animal ante la limitación del consumo de agua.

En definitiva, el tejido empresarial afectado por el inminente decreto de estado de emergencia por sequía en varios territorios catalanes deberá adaptarse sin duda a las restricciones y medidas expuestas, siendo esencial la colaboración entre el gobierno y las empresas, desde una perspectiva técnica y jurídica, para superar los desafíos ambientales y económicos que la sequía plantea.