Los desastres climáticos cada vez se suceden con más frecuencia y su impacto es cada vez mayor en todo el mundo. Como resultado, los fenómenos meteorológicos extremos ya son el segundo riesgo más relevante en el corto plazo (dos años), según el Foro Económico Mundial, y, en diez años, los cuatro primeros puestos de este mapa de riesgos global los coparán también riesgos relacionados con el clima. En este escenario, una de las grandes damnificadas son las ciudades, que albergan ya, según la ONU, a más de la mitad de la población mundial (56%), una cifra que, según las previsiones, aumentará hasta el 66% para 2050.
Pero no solo sufren las consecuencias en cuanto a destrozos materiales y daños personales, sino que, además, son parte del problema: cien ciudades representan por sí solas cerca del 20% de las emisiones mundiales. La huella de carbono per cápita media mundial es de unas cuatro toneladas, pero la cifra es significativamente mayor en países como Estados Unidos, donde la media per cápita es de 16 toneladas, una de las tasas más altas del mundo.
Por esta razón, en 2015 y ante la (urgente) necesidad de reducir las emisiones de carbono, desacelerar el aumento de la temperatura del planeta y, en definitiva, mitigar los efectos de la crisis climática, la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecía 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Las ciudades obtuvieron su propio objetivo, el número 11: ‘Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles’, dada la relevancia de las grandes urbes en la agenda climática. Pero ¿están avanzando como deberían las metrópolis en la carrera por la sostenibilidad? ¿Con qué riesgos y obstáculos se están encontrando? Y ¿qué medidas deben emprender para superarlos? A estas preguntas responde el informe ‘Time’s running out for cities’, elaborado por KPMG.
Tras la pandemia que azotó al mundo y que supuso la parálisis de toda actividad, el informe lanza un mensaje contundente: es el momento de actuar y de aprovechar las medidas de recuperación para acelerar el progreso hacia un futuro sostenible y cumplir con los objetivos, que tienen un horizonte temporal que se aproxima: 2030. Sin embargo, también revela que existen barreras sistémicas que dificultan este progreso.
En primer lugar, destaca la falta de un enfoque uniforme para abordar el avance hacia los ODS, en parte, por las diferentes necesidades y circunstancias de cada ciudad. Y, en paralelo, la falta de conciencia sobre la importancia de los ODS por parte de algunos gobiernos municipales, quienes desconocen con qué recursos cuentan o que perciben los planes de implementación como poco claros, lo que les impide lograr avances.
Todo ello se traduce en una falta de colaboración entre todos los actores involucrados (sector público, privado y entidades sin ánimo de lucro) que lastra el progreso. Porque, si bien la conciencia ESG está aumentando en el sector corporativo mundial, la aportación del sector privado sigue siendo baja dado el capital disponible, lo que está derivando en notables déficits de recursos y financiación para abordar los ODS. Una financiación para la que las ciudades siguen dependiendo de las IFI (las instituciones financieras independientes) y que, a menudo, es difícil de lograr debido a la burocracia, y las cargas administrativas.
Todas estas dificultades pueden derivar en la inacción. Y es precisamente este otro de los grandes riesgos: ignorar el cumplimiento de los ODS hoy sólo puede convertirse en un mayor coste a largo plazo, no solo económico sino también social. Porque no avanzar en estas cuestiones puede acelerar aún más problemas como el acceso a la vivienda asequible, la atención sanitaria de calidad o incluso el acceso y las oportunidades de empleo.
Conscientes del papel clave que juegan las ciudades en el progreso de la sociedad y lucha contra el cambio climático, en la última edición de la Cumbre mundial por el clima (COP28), en cuyo acuerdo se estableció por primera vez en la historia la reducción de la dependencia a los combustibles fósiles, también hubo espacio para abordar las cuestiones relacionadas con transporte y movilidad dentro de las ciudades. En este sentido, se celebró la segunda reunión ministerial sobre cambio climático, transporte y urbanismo, que dio lugar a una clara conclusión: se debe avanzar hacia una acción climática multinivel, impulsar la transición a entornos e infraestructuras con bajas emisiones de carbono y resilientes, así como fomentar sistemas circulares en la gestión de residuos y promover la movilidad y el transporte sostenible.
Y es que la planificación urbana, así como el transporte, entendidos ambos de manera amplia, resultan clave ante desafíos climáticos y en la reducción de la huella ambiental de las ciudades. Por ello, cumplir con los objetivos climáticos exige una mayor cooperación entre los gobiernos nacionales y locales, para impulsar una movilidad sostenible que, además de ayudar a reducir la huella de carbono, sea garante de los derechos básicos de las personas como la educación, el trabajo y la salud.
Con todo ello, el reto ahora es cómo afrontar el futuro. Y, en este sentido, el informe propone una clara hoja de ruta: las ciudades deben ordenar sus prioridades y emprender acciones que impulsen el progreso en los ODS, desde la colaboración y el trabajo conjunto. Esto implica un cambio de mentalidad: adoptar un enfoque estratégico y proactivo que sustituya a las políticas reactivas. Y abandonar la creencia errónea de que un mundo libre de carbono es un mundo más caro.
Pero este cambio de mentalidad y apuesta por la innovación y la sostenibilidad debe ser unánime: sector público y privado deben asociarse y caminar de la mano en una dirección y con un objetivo común. Eso implica un mayor diálogo en pos de políticas y objetivos realistas que debe ir acompañada de inversión privada para poder hacer realidad las iniciativas que conduzcan a un progreso real y tangible que hagan de nuestras ciudades, lugares más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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