Artículo escrito en colaboración con Tomás Lozano.
“Estados Unidos lo inventa, China lo produce y Europa lo regula“, es una máxima comúnmente utilizada para definir en tono un tanto irónico el rol del viejo continente en la economía internacional, pero que desvela una realidad digna de observar y analizar: la regulación se erige como la fortaleza, pero también debilidad de la Unión Europea (UE). Una máxima que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, está aún más vigente.
La construcción política del proyecto europeo ha otorgado un papel crucial a sus instituciones como forjadoras de una arquitectura jurídica que trata de reivindicarse como terreno de juego normativo. Un espacio en el que se debaten los grandes desafíos de nuestra sociedad, desde la digitalización, la fiscalidad corporativa o la gestión de recursos en contextos bélicos, hasta la transición hacia modelos económicos sostenibles que aborden la lucha contra el cambio climático.
Como ya adelantábamos, en este último ámbito de la sostenibilidad, es probablemente, donde mayor esfuerzo regulatorio han realizado las instituciones europeas, especialmente desde el lanzamiento del Pacto Verde Europeo en 2019, el acuerdo político y regulatorio más ambicioso en lucha contra el cambio climático nunca antes visto. Y las causas residen principalmente en el consenso político y social esgrimido en las grandes cumbres multilaterales.
Desde entonces, se ha desplegado un intenso paquete regulatorio con impacto directo en los principales sectores de actividad económica global; tal y como declara el Parlamento Europeo, “el pacto verde europeo se reivindica como una suerte de diplomacia climática de la Unión Europea en todo el mundo”. Todo esto enmarcado además ahora en un escenario electoral que obligará en las elecciones del próximo 9 de junio 2024, a reconfigurar los consensos alcanzados durante esta legislatura europea.
Cabe destacar que, estos esfuerzos regulatorios se han trasladado desde la Unión Europea a sus Estados miembros, actores protagonistas en el escenario jurídico, que también ha trabajado intensamente en la regulación sostenible. Claro ejemplo de ello es el recientemente publicado Plan Anual Normativo del Gobierno de España en el que de las casi 200 regulaciones previstas para este año (un tercio de ellas provienen del derecho europeo), el Ministerio de Transición Ecológica se erige como el departamento que encabeza el mayor número de iniciativas previstas (29 iniciativas regulatorias).
Las oportunidades que afronta el regulador europeo en el marco de la sostenibilidad han sido descritas y redundan en la capacidad de ofrecer certeza regulatoria ante los desafíos sociales, medioambientales y económicos en un escenario de volatilidad global.
Sin embargo, este rol normativo produce un riesgo evidente para el mercado único europeo, que se traduce en la compulsión normativa y la pérdida de competitividad frente a jurisdicciones más flexibles.
El legislador europeo y nacional es consciente de ello y ha tomado partido en el asunto promoviendo, desde hace años, los principios de “Better Regulation” y “Smart Regulation”, que tienen por objetivo mejorar los procesos normativos mediante la reducción de cargas, la simplificación y la inclusión y participación de los sujetos regulados y todos los agentes implicados.
Este factor, el de una búsqueda constante de eficacia regulatoria, se configura como un elemento nuclear en un contexto en el que la legislación es cada vez más técnica y los operadores avanzan a gran velocidad en términos de innovación y nuevas soluciones que acentúan el riesgo de obsolescencia legislativa, en otras palabras, el derecho corre por detrás de la innovación.
Por esta razón, los operadores económicos, el entorno asociativo y la sociedad civil en general, se posicionan como un termómetro crucial de la calidad regulatoria, algo especialmente relevante en el caso de las corporaciones, con una parte significativa de sus beneficios condicionados por la regulación y la interlocución gubernativa. En ese sentido, es coherente ubicar la anticipación y la participación regulatoria como una ventaja competitiva, si bien en muchos escenarios de impacto regulatorio, la oportunidad se convierte en necesidad, anticiparse o quedarse atrás comienza a ser parte natural de los procesos de tecnificación regulatoria, prueba de ello, son los denominados sandbox regulatorios (espacio de pruebas legislativas para que la norma no merme la innovación). Este elemento resulta fundamental teniendo en cuenta que muchas de las organizaciones sectoriales o compañías, o bien llegan tarde al proceso, o no cuentan con medios de anticipación y participación adecuados a la altura de su importancia.
En este contexto, es relevante considerar que la participación de los operadores en la regulación no solo es positiva para las propias corporaciones, sino también deseable para el interés general. Este elemento radica el derecho de participación recogido por la Constitución Española (“los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”); y que otorga a los sujetos potencialmente regulados la posibilidad de anticiparse, participar en los procesos de consulta y colaborar en la experiencia legislativa.
De lo contrario, las organizaciones que no participan corren el riesgo, tal y como se ha indicado previamente, de llegar tarde o directamente no estar presentes en la conversación pública, con las implicaciones que ello tiene desde el punto de vista de la pérdida de liderazgo sectorial. Pero también tiene consecuencias desde un punto de vista operativo, teniendo en cuenta el eventual impacto en el negocio al no haber formado parte del proceso de confección regulatoria y no haber expresado su posición respecto cuestiones como el grado de afectación, la capacidad de adaptación o el efecto en la competitividad de su actividad.
De igual modo, la colaboración en el diseño de políticas públicas y marcos regulatorios no solo mejora la anticipación y adaptabilidad de las organizaciones, sino que también fortalece la percepción y legitimidad de las decisiones regulatorias.
En este contexto, la gestión estratégica de asuntos públicos se convierte en un elemento clave dentro de las organizaciones, conectando los valores, creencias y aspiraciones empresariales con las reglas del juego regulatorio.
¿Necesitas apoyo para hacer frente a este nuevo marco?
Se trata de una labor clave en aquellas organizaciones con necesidad o vocación de anticipación, participación y colaboración en la confección de políticas públicas e iniciativas en materia de sostenibilidad; sin embargo, no se trata de una labor estanca o monopolizada por el responsable de Relaciones Institucionales o Asuntos Públicos de la entidad. Se da por supuesto que su función es clave en la interpretación del contexto político, la traducción del interés corporativo al interés general o la implementación táctica del relacionamiento institucional; pero todo ello resulta estéril si no se mantiene una visión holística que incorpore a otras verticales igual de relevantes para una correcta estrategia de Asuntos Públicos.
En primer lugar, los equipos de sostenibilidad resultan fundamentales por dos motivos principales: su conocimiento técnico permite profundizar en las implicaciones de la regulación en el modelo de negocio, evaluar su impacto y tangibilizar la necesidad de anticiparse para evitar un potencial desalineamiento con los objetivos del decisor público. De forma adicional, el mismo conocimiento técnico permite nutrir el posicionamiento de la organización en los procedimientos de consulta y participación pública, ofrecer un espejo regulatorio y dotar del suficiente know how es la mejor receta para evitar que el decisor caiga en la obsolescencia regulatoria.
En segundo lugar, los equipos de compliance y legal de la organización permiten dotar del suficiente conocimiento técnico para ofrecer una correcta técnica legislativa al proceso de participación pública. Asimismo, el elevado grado de producción normativa puede generar un efecto “tsunami” en el que los departamentos jurídicos son fundamentales para priorizar y adecuar y anticipar el riesgo regulatorio.
De forma paralela, los departamentos de comunicación externa mantienen una función destacada a la hora de transmitir una narrativa corporativa capaz de transmitir el posicionamiento en términos racionales, pero también emocionales, en un contexto en el que interpelar a una pluralidad de actores y stakeholders (ciudadanos, competidores, clientes, tercer sector) representa una palanca clave en legitimidad institucional frente al regulador.
Porque hoy más que nunca, la labor de Asuntos Públicos se presenta como una acción multimodal y transversal a las áreas descritas y que requiere de un enfoque integral a la hora de apoyar y asesorar a las organizaciones en su camino hacia la anticipación para la participación efectiva.
Hoy en día con la Nueva Gestión Pública, las inversiones y el tiempo invertido en las Naciones Latinoamericanas, hasta ahora no han sido satisfactorios, ni tampoco han logrado un avance significativo en el Desarrollo y Progreso de sus ciudadanos, tampoco han reducido las brechas sociales, mucho menos han contribuido a generar empleos adecuados, sostenibles y permanentes, los resultados son negativos, se han incrementado los niveles de inseguridad, pobreza, violencia, desnutrición, corrupción. Se ha incrementado las cantidad de organismos reguladores, instituciones que se encargan de dirigir, mantener y ejecutar los programas sociales, que muchas veces se centran en regalar alimentos, bonos, dinero y subvenciones, a la par de ello se ha incrementado el gasto corriente, la cantidad de personal burocrático(con múltiples beneficios y protecciones), que mucho países ya no pueden mantener. Y ello se puede investigar que coincidentemente muchos de estos programas fueron creados de la aprobación de Políticas Públicas con la participación de sociedad civil y académica; por la falta de una visión prospectiva, de un planteamiento de que sea temporal, relativo y circulante, como de la carencia de seguimiento, monitoreo, indicadores, hitos que permitan evaluar su desempeño, costos reales y costos variables. Las Políticas deben establecerse dentro de un marco que abarque el cumplimiento del Contrato Social, libertad con equidad en su acceso con el propósito del bien común de toda la comunidad, sin distinción de raza, culto, ideologías ni partidismos, y con la profunda decisión y compromiso de que deben ser tomadas con responsabilidad, imperativo ético, total prescindencia de intereses particulares, una sólida vocación de servicio público con idoneidad y esencialmente con transparencia, economía, sostenibilidad, razonabilidad y responsabilidad. Los asunto públicos es una misión con deberes y responsabilidades importantes, que fortalecen o menoscaban las Democracias.