Como respuesta al esfuerzo de recuperación derivado del COVID-19, la Comisión Europea publicó en mayo de 2021 un comunicado sobre cómo entendía la fiscalidad empresarial para el siglo XXI. Formaban parte de esta estrategia iniciativas como por ejemplo los pilares 1 y 2, impulsados por el Marco Inclusivo de la OCDE y el G-20 en el proyecto sobre la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (proyecto BEPS) así como la propuesta de Directiva BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), que plantea un conjunto común de reglas para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea. También se incluía la propuesta de Directiva DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) para reducir el sesgo en favor del endeudamiento y en detrimento del capital propio, favoreciendo así una estructura de capital sólida de las empresas europeas, así como la propuesta de Directiva para abordar la planificación fiscal vinculada al uso de “empresas pantalla” (ATAD 3 o Unshell Directive).
Todas ellas enmarcadas en un plan que buscaba una solución a largo plazo, estable y eficiente, así como un marco fiscal justo que satisfaciera las necesidades de financiación pública provocadas por la crisis sanitaria, eliminando los obstáculos a la inversión transfronteriza y creando un entorno propicio para un crecimiento justo y sostenible.
A fecha de hoy, de momento el pilar 2 es una realidad, que ha implicado por el camino mucho tiempo y esfuerzos para llegar al consenso necesario para la aprobación de la Directiva que obliga a su transposición por parte de los países miembros de la Unión Europea.
Es cierto que tras muchos años marcados por una economía altamente globalizada bajo una relativa armonía y convergencia, la divergencia y fragmentación son una realidad en el entorno geopolítico actual. Es posible que la fiscalidad mundial de los grupos empresariales sea, en la actualidad, una de las pocas áreas en las que las fuerzas geopolíticas siguen de algún modo convergiendo, buscando tanto el consenso internacional como el camino de la cooperación.
Aun así, el futuro ahora mismo es incierto, y queda por ver si ese planteamiento que hacía la Comisión Europea en 2021, será finalmente una realidad. Lo que por el momento sí podemos observar es que, a medida que el impuesto mínimo global va implementándose, los países tendrán una capacidad limitada para competir por la inversión extranjera vía el ofrecimiento de determinados incentivos fiscales. Ello sin perjuicio de que otras fórmulas de incentivo fiscal alineadas con el pilar 2, así como otros mecanismos de incentivo que trascienden los tributarios, puedan ir ganando terreno.
Esta histórica reforma al sistema fiscal internacional está representando varios retos que deberán afrontar los grupos afectados por el pilar 2. Desde realizar un análisis de impacto, según confirma el 86% de las empresas del panel de ‘Pulso empresarial’, para identificar qué jurisdicciones en las que está presente el grupo pueden verse afectadas por el nuevo impuesto, así como preparar a la organización desde una perspectiva de gobernanza fiscal y ‘tax compliance’ para cumplir con los nuevos requerimientos de la normativa. Un reto múltiple que va a poner a prueba a la mayoría de los departamentos fiscales de las grandes corporaciones.
Es ya evidente que la digitalización juega un rol esencial a la hora de hacer frente a la complejidad asociada a los datos que entraña tanto esta normativa del impuesto mínimo global como otras normas de ámbito internacional.
Los grupos empresariales afectados están anticipando la necesidad de que los proyectos de adaptación a estas nuevas normativas formen parte de su estrategia de digitalización de la función fiscal. En este contexto, el Pilar 2 representa una oportunidad para redefinir y optimizar procesos, así como mejorar la comunicación y transparencia.
En definitiva, la adaptación de las organizaciones a esta nueva era de la fiscalidad internacional, en la que el Pilar 2 es un paso más hacia este cambio de paradigma, está demandando una aproximación a la misma tanto desde un prisma de análisis técnico y de debido cumplimiento, como también desde una óptica de transparencia, sostenibilidad y gestión del dato. Es hacia este camino hacia el que está mirando la nueva fiscalidad de los grupos multinacionales, a veces a costa de un esfuezo de adaptación muy significativo, pero que cada vez pone más en el foco a la función fiscal dentro de cada organización, como un generador de valor para la compañía.
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