En junio de 2024, se ha aprobado una legislación novedosa y ambiciosa: la ley de restauración de la naturaleza en la Unión Europea, mediante la cual los gobiernos de los Estados miembros deben elaborar un plan nacional de restauración en un plazo máximo de dos años, es decir, para mediados de 2026. Esta aprobación culmina un proceso largo y complicado, que ha reavivado antiguas tensiones entre la agricultura y el ambientalismo, derivando en oposiciones dentro del Parlamento Europeo que han retrasado y dificultado la negociación y aprobación.
En el corazón de esta ley está el compromiso de recuperar al menos el 30% de los hábitats degradados para 2030, incrementando este porcentaje al 60% para 2040 y alcanzando el 90% para 2050. Dado que actualmente el 81% de los hábitats en la Unión Europea están en mal estado según la Comisión, este objetivo representa un desafío significativo.
La implementación de la ley tendrá efectos variados en la economía, impactando de manera directa e indirecta en distintos sectores, especialmente en los siguientes:
Además, la ley promueve la proliferación de insectos polinizadores y la restauración de la libre circulación del agua en 25.000 km de ríos. Estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la economía. Aunque es complicado prever el impacto económico en el corto plazo, es evidente la necesidad de estas acciones en el largo.
El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) publica el informe ‘Estado de Finanzas por la Naturaleza’, que evalúa los flujos de capital con impacto en la naturaleza. Según este informe, los fondos que dañan la naturaleza superan a los que la benefician, una tendencia que debe revertirse para alcanzar los objetivos de la UE. El informe calcula que Europa necesitará 103 mil millones de euros adicionales para reversar esta tendencia, el 80% lo pondrán los gobiernos y el resto el sector privado.
El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) publica el informe ‘Estado de Finanzas por la Naturaleza’, que evalúa los flujos de capital con impacto en la naturaleza. Según este informe, los fondos que dañan la naturaleza superan a los que la benefician, una tendencia que debe revertirse para alcanzar los objetivos de la UE. El informe calcula que Europa necesitará 103 mil millones de euros adicionales para reversar esta tendencia, el 80% lo pondrán los gobiernos y el resto el sector privado.
En consecuencia, se vislumbran varios cambios sustanciales para las empresas, por ejemplo:
Como se vuelve evidente, la nueva ley no solo presenta desafíos sino también oportunidades para las empresas. Es crucial que las compañías evalúen y, si es posible, cuantifiquen sus impactos y dependencias de los recursos naturales. Este análisis es la base para desarrollar estrategias robustas, y es una pieza clave para cumplir con los requerimientos de la Directiva de reporting de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de deforestación que también aplican o aplicarán pronto a empresas con operaciones en la Unión Europea.
Ahora llega el paso crucial para cualquier legislación: la implementación. Con la mirada europea y global puesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebrará en Colombia el próximo mes de octubrela, es necesario pasar de discutir promesas y compromisos, a acelerar una implementación ambiciosa en el entorno.
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