La trasposición de la Directiva de Reporting Corporativo en Sostenibilidad (la CSRD) ha dado un paso más tras la publicación el pasado 15 de noviembre del proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (LIES), que había sido aprobado por el Consejo de ministros el 29 de octubre de este año.
Una norma cuya relevancia reside en varios aspectos: otorga un rango legal al aumento significativo de la cantidad de información que las compañías deben reportar en sus Estados de Sostenibilidad; establece los requisitos para los verificadores, que se sitúan al nivel de los auditores financieros; y modifica normativas de calado económico-empresarial como el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
Aunque en líneas generales no se introducen grandes cambios con respecto a los contenidos que figuraban en el anteproyecto de ley, sí hay una novedad sobre el alcance de la norma: se modifican los límites sobre la consideración de empresa grande. Así, un grupo se considera grande si durante dos años consecutivos cumple al menos dos de las siguientes condiciones:
También es relevante el hecho de que los contenidos que se han definido por la EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) en los estándares ESRS se han aprobado vía Reglamento. Y, al ser de aplicación directa, los contenidos a incluir en el Estado de Sostenibilidad no son objeto de esta trasposición.
En general, la normativa aprovecha la praxis regulatoria y la experiencia en la elaboración y revisión de la información financiera para aplicarla a la información sobre sostenibilidad. Y, entre las principales claves para entender los contenidos e implicaciones de esta norma se encuentran las siguientes:
En definitiva, y se trata de un proyecto de Ley de gran relevancia para las compañías y los verificadores que incidirá en aspectos muy relevantes en la generación, comprobación y transparencia de la información de sostenibilidad con la que los grupos de interés toman sus decisiones. Teniendo en cuenta, además, que el plazo de trasposición de la norma terminó en julio del 2024 y las entidades consideradas de interés público (PIEs) y con más de 500 empleados deben reportar sus Estados de Sostenibilidad de acuerdo con la CSRD en apenas tres meses, es muy aconsejable estar al tanto del proceso de tramitación parlamentario que sigue este proyecto de ley.
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