El sector eléctrico se enfrenta a una transición marcada por los tres pilares que sustentan las decisiones de la política energética en la Unión Europea. Las conocidas como las 3D: Descabonización, Digitalización y Descentralización.
Tendencias promovidas por la evolución tecnológica, por los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes y por un rol cada vez más activo del consumidor en la toma de sus decisiones sobre cómo quiere consumir su energía.
El impulso al autoconsumo de energía, modalidad con la que un consumidor doméstico, empresarial o industrial de cualquier tamaño, introduce en su matriz eléctrica la instalación de paneles fotovoltaicos, una microcogeneración o la batería de un vehículo eléctrico como instrumento para el almacenamiento de energía, van a ser nuevas formas de entender el consumo de electricidad.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) (PNIEC), aprobado en febrero por el Gobierno de España y remitido a la Comisión Europea para que pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático en coherencia con el Acuerdo de París, define los objetivos nacionales para:
Para las empresas eléctricas tradicionales y los nuevos operadores, están surgiendo oportunidades de nuevos negocios e importantes retos de adaptación.
Las empresas distribuidoras y REE como empresa transportista ya contemplan en sus planes estratégicos, inversiones en digitalización y automatización de las redes y para la gestión e integración en el sistema eléctrico de las energías renovables y los sistemas de almacenamiento.
El PNIEC contempla unas inversiones en las redes de transporte y distribución y para la electrificación de la economía para el periodo 2021-2030, de 42.000 millones de Euros, lo que supone un ritmo inversor de más de 4.500 millones de euros al año.
Estas ambiciosas cifras contrastan con los límites al crecimiento que existen en la regulación actual de las actividades de transporte y distribución. En 2013, con el objetivo de controlar el coste que se traslada a los consumidores en los peajes de acceso a la red se limitó el volumen anual de inversión de ambas actividades a un crecimiento no superior al 0,13% del PIB para la distribución y un 0,065% para el transporte.
Además de las necesidades de inversión, el rol de las empresas distribuidoras cambia con estas nuevas tendencias. De ser empresas propietarias de los activos de distribución, tradicionalmente utilizados para llevar la energía eléctrica desde las redes de trasporte hasta los puntos de suministro de los consumidores, están pasando a ser gestores de los activos descentralizados que se conectan a sus redes directamente o a la red interior de un consumidor. Como por ejemplo cuando un consumidor doméstico instala paneles fotovoltaicos para su autoconsumo que verterán energía a la red cuando no haya demanda del consumidor, o baterías de un vehículo eléctrico que cargan en horario nocturno y podrán vender la energía acumulada durante el día, si no se usa el vehículo. Un nuevo paradigma en el uso de las redes de las empresas eléctricas de distribución, que impone nuevas necesidades de relación para empresas y consumidores.
Será, por tanto, tarea del nuevo equipo de Gobierno revisar el modelo regulatorio y los incentivos económicos que deben recibir las empresas de red para acometer las inversiones necesarias, que serán una de las palancas fundamentales para que los objetivos de descarbonización, descentralización y digitalización tengan lugar.
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