La salida de Reino Unido de la Unión Europea vive horas vertiginosas, con la fecha de salida -31 de octubre- cada vez más cerca y el Ejecutivo británico afrontando uno de los periodos más convulsos de su historia. Continúan sin despejarse las dudas sobre cuál será el desenlace de las negociaciones, si bien la aprobación por el Parlamento británico de una ley que obliga al gobierno a buscar una salida con acuerdo parece haber restado opciones a una salida abrupta.
No obstante, si no se alcanzase un acuerdo antes del 31 de octubre, la única opción para evitar un “no acuerdo” es la solicitud de una nueva prórroga de las negociaciones que deberá ser aceptada por la Unión Europea. Un entorno de múltiples posibilidades ante el que las compañías deben tener preparados sus planes de contingencia.
El principal escollo entre ambas partes pasa por adecuar los términos en los que el acuerdo de salida negociado por May ha definido la salvaguarda irlandesa (más conocido por “backstop”), que ya ha sido rechazado en tres ocasiones en el Parlamento Británico. Tal y como está negociado, el “backstop” podría llegar a suponer el establecimiento de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, poniendo en riesgo el Acuerdo de Paz de Viernes Santo en el que se prevé una demarcación invisible entre ambos territorios. El presidente de la Comisión Europea, ha apuntado a que esta opción era más “una garantía” que “un fin en sí misma”, invitando a la búsqueda de acuerdos.
Mientras, la sensación de urgencia ante la inminente fecha del Brexit impregna las negociaciones, y las previsiones económicas de una salida sin acuerdo no auguran un futuro prometedor. En medio se sitúan las dudas de las numerosas compañías con negocio en Reino Unido, una situación ante la que la Comisión Europea, el gobierno británico y los expertos recomiendan estar preparados. Tomar medidas en el último momento puede implicar encontrarse instituciones saturadas y, sobre todo, una competencia más preparada.
“Pese a la incertidumbre que rodea al proceso, es indispensable disponer de un plan de contingencia que responda a todos los posibles escenarios, incluso el peor”, sostiene Antonio Hernández, socio responsable de Brexit de KPMG en España. “Cada compañía puede ver afectada su estrategia y línea de negocio de múltiples formas, por lo que es necesario analizar todos los ámbitos en los que puede impactar y desarrollar medidas, que en algunos casos pueden llevar un tiempo de implantación ”, subraya.
Lo cierto es que la necesidad de preparación ha calado en las compañías: nueve de cada diez empresas españolas consideran necesario elaborar una estrategia para hacer frente a la salida de Reino Unido de la UE, según la tercera edición del informe ‘La empresa española ante el Brexit’, elaborado por KPMG. Sin embargo, la mitad de las compañías encuestadas todavía no había concretado su plan de contingencia a finales de 2018, a la espera de conocer el desenlace de las negociaciones.
Como señala Antonio Hernández, “conviene estar preparado, pese a lo incierto del desenlace de las negociaciones”. A lo que añade “Una vez analizados los ámbitos en los que se puede ver afectada la compañía y desarrollado el plan de contingencia, lo recomendable es revisarlo con cierta periodicidad para comprobar si con el avance de las negociaciones es necesario replantear alguna medida”.
Pero, ¿por dónde empezar? La multitud de empresas afectadas, ya sea por su exposición en términos comerciales como derivada de su implantación en el mercado británico, deben realizar un análisis en multitud de áreas. El área financiera, fiscal, legal, e incluso la cadena de suministro o el propio modelo de negocio se pueden ver afectados. Algunas de las materias que más preocupan a las empresas son:
Residentes en Reino Unido, profesionales desplazados temporalmente, personas que realizan trabajos fronterizos, británicos desplazados territorio europeo… La casuística de las personas afectadas por el Brexit es múltiple y las compañías deben trabajar para para garantizar la protección de sus empleados. “Para garantizar las condiciones de sus profesionales, las empresas deben, en primer lugar, analizar las consecuencias de una salida sin acuerdo y disponer de un plan de comunicación e información a los empleados sobre cómo les puede afectar y los recursos que la empresa pone a su disposición”, recomienda Antonio Hernández.
Un paso más allá en la garantía de condiciones en materia de trabajo, sanidad y seguridad social, incluiría la planificación de los requisitos necesarios para solicitar visados o permisos de residencia o la posible renegociación de contratos laborales. “Es importante anticipar las posibles novedades administrativas en materia de migración, teniendo en cuenta el contexto actual en el que el talento es uno de los activos más valiosos de las compañías”, advierte el socio responsable de Brexit de KPMG en España.
Una de las cuestiones que más preocupación genera entre las compañías, ya que en caso de no acuerdo Reino Unido pasaría ser considerado un tercer país, con los consiguientes trámites de despacho aduanero con el territorio comunitario. Además, pasaría a regirse por la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dejando de beneficiarse de los acuerdos comerciales negociados por la Unión Europea con terceros.
No obstante, con el objetivo de minimizar el impacto inicial de un posible “no acuerdo”, el Ejecutivo británico anunció hace unos meses que establecería un período libre de aranceles de al menos un año para el 87% del valor de sus importaciones, anuncio que está siendo objeto de revisión por el actual equipo de gobierno y que podría modificar los bienes que serían gravados arancelariamente desde un primer momento (agroalimentarios, vehículos terminados y algunos productos susceptibles de recibir dumping y subsidios estatales). Además, el gobierno británico ha previsto un Procedimiento Simplificado Transitorio (TSP) para los despachos a libre práctica desde la Unión Europea, hasta que se desarrolle un nuevo sistema que permita una gestión más ágil de estas operaciones.
De nuevo, la clave pasa por preparar una estrategia en base a todos los escenarios posibles. “Es posible cuantificar el impacto aduanero, tanto ante un Brexit sin acuerdo como de un Reino Unido sin aranceles ante un acuerdo de libre comercio”, sostiene Antonio Hernández. “Desarrollar una estrategia aduanera es clave, valorando distintas opciones como solicitar el estatuto de operador económico autorizado o los regímenes suspensivos de IVA y arancel”, recuerda.
La salida de Reino Unido de la Unión Europea abrirá un nuevo horizonte en términos legales. “En este ámbito recomendamos seguir muy de cerca las premisas de los organismos certificadores con el objetivo de mantener el actual estatus, además de introducir cláusulas específicas en los contratos en materia de Brexit, para minimizar posibles responsabilidades y consecuencias”, afirma Antonio Hernández.
Algunos ejemplos a tener en cuenta son la validez de las licencias de actividad o certificaciones de estándares, el flujo de datos personales o el impacto de cuestiones legales sobre contratos vigentes o incluso la introducción de medidas sanitarias y fitosanitarias.
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