“La fiscalidad del siglo XXI se va a basar en la transparencia”, sostiene Montserrat Trapé, socia responsable de Tributación Internacional y Precios de Transferencia de KPMG Abogados. Las administraciones tributarias, cada vez con mayor relación e interacción, recibirán información en tiempo real de la actividad económica de particulares y empresas, tanto en el ámbito local como a través de la cooperación internacional que se ha reforzado en los últimos años.

Si hasta la fecha son las grandes empresas las que están  obligadas a declarar lo que tributan en cada país, ese principio de transparencia reflejado en el country by country posiblemente de alguna forma se extenderá a todos los actores económicos, según Trapé. Los intercambios de información automáticos, y también a solicitud de una  autoridad fiscal, nos conducen a una era donde seremos absolutamente transparentes fiscalmente y las fronteras desaparecen.

De igual forma, las controversias derivadas de esta presencia global  se resolverán cada vez más en un ámbito multilateral. En los últimos años hemos asistido a “la generalización en la escena global de la resolución de los conflictos entre autoridades fiscales, a nivel sobre todo bilateral. Y eso es un gran avance. Pero un paso más será resolver estas controversias de forma multilateral. Hasta ahora el mundo ha sido bilateral. No tiene ningún sentido que, en relación con cualquier empresa global en la que podamos estar pensando,  los problemas fiscales internacionales se hayan de resolver de dos en dos”, subraya Trapé.

Hay un principio fiscal fundamental que deberá aterrizarse más pronto que tarde. El negocio de las compañías, sobre todo tecnológicas, que ofrecen sus productos y servicios globalmente, sin sucursales ni intermediarios locales, ha supuesto un cambio de paradigma, como sostiene Montserrat Trapé. ¿Cómo regulamos la fiscalidad de la no presencia física en un territorio, la fiscalidad de la economía digital?  Hay propuestas europeas, pero la OCDE se ha erigido en la protagonista de este reto. Si no alcanzamos un acuerdo en el seno de la OCDE, como se prevé para 2020, los países comenzarán a legislar de forma unilateral, como ya están planteando Francia y España.

La propuesta europea propone gravar con un 3% la facturación de los servicios digitales que ofrecen las BigTech que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. Aunque está supeditada a que se llegue a un acuerdo en la OCDE, en España se ha avanzado legislativamente para que ese 3% se extienda a aquellas empresas que facturen 3 millones de euros en España. El llamado “Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales” (IDSD) afecta a la publicidad online (buscadores y hasta medios de comunicación), al uso lucrativo de los datos de los usuarios (por ejemplo, las redes sociales) y a las plataformas que pongan en contacto a clientes y empresas, como es el caso de Amazon.

Si la OCDE avanza en 2020 en ese nuevo impuesto a la economía digital, multiplicará exponencialmente la recaudación en los 37 países de esta organización. Solo en España los cálculos oficiales hablan de un ingreso anual de 1.200 millones de euros por la Tasa Google. Un gravamen que no solo afectará a grandes empresas tecnológicas, sino también a grandes empresas que operan online con decenas de millones de usuarios, como Airbnb, Meetic o Booking.

“Crece la conciencia contra el fraude fiscal”, apunta Alberto Estrelles. La lista de paraísos fiscales ha comenzado a reducirse significativamente por primera vez y estos territorios aceptan cooperar con los organismos supranacionales y con la UE. Según el Socio Director de KPMG Abogados, hay una voluntad real de acabar con esas jurisdicciones evasivas. “Ahora se habla dentro de la UE de un número muy inferior de paraísos fiscales a los que se consideraba en el pasado”.

El 5 de diciembre de 2017, la Unión Europea hizo historia al publicar por primera vez su lista negra de paraísos fiscales. En el primer análisis figuraron 63 países o territorios, 17 en la Black List y 47 en la Grey List.  En estos tres años han desaparecido de la lista, por sus reformas y su mayor cooperación con la UE, países como Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Hong Kong, Taiwán, Corea, Panamá y Uruguay.

Pero en la última lista publicada a finales de 2019 aún figuran 8 países calificados como Black: Samoa americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Vanuatu, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Británicas. En la Grey List destacan naciones como Marruecos, Tailandia, Turquía y Australia.

Según un reciente informe del FMI, el 85% de lo que llama “inversiones internacionales fantasma”, unos 15 billones de dólares anuales equivalentes a la suma del PIB de China y Alemania, se concentran en diez territorios: además de Irlanda, Holanda y Luxemburgo, están Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, Singapur, Islas Caimán, Suiza y Mauricio.

El sistema fiscal no será el mismo en plena lucha global contra el cambio climático. La fiscalidad verde afectará a corto plazo a todos los sectores, sostiene Alberto Estrelles. Tratará de frenar el calentamiento global y favorecer la biodiversidad, pero sin esconder sus fines recaudatorios. La clave estará en un equilibrio entre la recaudación y los objetivos disuasorios que se busca en las empresas.

En ese sentido, el European Green Deal, anunciado en diciembre de 2019 por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prevé un cambio drástico en los presupuestos de los 27 para la próxima década. Europa promete reducir hasta en un 55% la huella de carbono de aquí a 2030. Entre las medidas barajadas, una nueva política de subvenciones al transporte aéreo y marítimo. La reforma fiscal nos afectará al bolsillo, pues incidirá en cómo consumimos y nos movemos los europeos. Desde los plásticos a las fuentes de energía y la movilidad.

Entre las medidas adelantadas por Von der Leyen destaca la reforma de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, que data de 2003. Se anuncia una nueva ley comunitaria para junio de 2021. Entre las medidas más controvertidas, por su afectación a países tan turísticos como España, está penalizar a las compañías aéreas por la contaminación que generan los aviones movidos por queroseno. Según proyecciones de la Comisión Europea, el coste de la reforma impositiva para las aerolíneas será de 14.400 millones de euros anuales. Así como un nuevo impuesto sobre el plástico, que gravará con 80 céntimos de euro cada kilo de plástico no reciclable y que podría recaudar en la UE unos  6.600 millones de euros al año.

¿En qué medida ha avanzado la fiscalidad verde? Estos impuestos suponen de momento solo un 5,43% de la recaudación fiscal en España, según datos de 2017, lo que equivale a un 1,8% del PIB. Lejos del 2,4% de la media europea y del más del 3% del PIB que ya se registra en países como Grecia, Eslovenia, Dinamarca, Holanda, Letonia, Italia y Finlandia.