El pasado 19 de febrero la Comisión Europea desveló sus ideas y medidas para poner en marcha una nueva Estrategia Digital Europea. Su propósito es crear un marco unificado para la gestión y aprovechamiento de los datos que se generan actualmente en la Unión Europea, tanto los de carácter público como privado. Un objetivo ambicioso que abarca todos los ámbitos y que persigue un propósito común: “Quiero que la Europa digital refleje lo mejor de nosotros: que sea abierta, justa, diversa, democrática y con confianza en sí misma”, manifestó durante la presentación del documento la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.
El plan se prolongará durante los próximos cinco años. Todas las líneas de actuación están dirigidas a generar un marco adecuado para que el uso de las tecnologías digitales beneficie tanto a los ciudadanos como a las empresas, apostando además por un enfoque sostenible. Se trata de “inversiones, políticas y acciones estratégicas encaminadas a abrir nuevas oportunidades de negocio, impulsando el desarrollo tecnológico europeo”, describe Marc Martínez, socio Responsable de Ciberseguridad y Riesgo Tecnológico en KPMG España. Un camino en el que ya se ha avanzado con acciones como la definición del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la ley de ciberseguridad o la Directiva NIS.
Con la estrategia anunciada hace unos días se pretende trabajar en diversas iniciativas englobadas, a su vez, en tres grandes pilares que ayuden a diseñar esa nueva Europa digital: poner la tecnología al servicio del ciudadano, impulsar una economía justa y competitiva y, por último, encontrar los mecanismos para aplicar en el mundo digital las reglas y valores que rigen en la sociedad offline.
Para avanzar en ello, el mismo día en el que se hacía oficial este documento, también veía la luz el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial, una tecnología que tiene a los datos como su principal materia prima. “Las técnicas de IA aportan valor y confianza tangibles y podrán utilizarse en múltiples servicios, como un mejor sistema de salud, transportes más seguros y limpios, fábicas más eficientes o energía más barata y sostenible. Todo relacionado con la interconexión de empresas, ciudadanos y servicios”, apunta Javier Aznar, Director de Ciberseguridad y Riesgo Tecnológico en KPMG España. En un horizonte en el que cada vez más decisiones estarán basadas en la analítica y correlación de datos, diseñar marcos de inteligencia artificial realmente útiles pueden suponer un valor diferencial.
En este contexto, uno de los puntos críticos que han de abordarse es cómo generar una mayor confianza en el uso y gestión que se hace de los datos para evitar riesgos. “Por un lado, tenemos la privacidad como derecho fundamental, por lo que la anonimización de los datos, junto a un escrupuloso cumplimiento de la normativa, debería ser una obligación si no queremos generar efecto rechazo. Además, el gobierno de dichos datos en el end-to-end de la cadena de valor, donde participan ciudadanos, empresas y administraciones, debe ser transparente y orientado a unos objetivos definidos y aceptados por todas las partes”, describe Javier Aznar.
Otra de las cuestiones que suscita preocupación es la relacionada con la seguridad de esos datos. Como se adelantaba más arriba, la Unión Europea ya ha dado pasos en ese sentido: con la aprobación de la última ley de ciberseguridad, han salido reforzadas las competencias de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información (ENISA, por sus siglas en inglés); y la Directiva NIS, vigente desde 2017, mejora la seguridad de las redes y sistema de información en su territorio. “La ciberseguridad es uno de los pilares que contribuirán al sustento y crecimiento digital de la Unión. La UE debe seguir su propio camino, de manera independiente a EEUU y China, garantizando de esta manera un nivel de seguridad apropiado, tanto de los datos como de la tecnología que hay por debajo”, asevera el director de ciberseguridad y riesgo tecnológico de KPMG España.
Con las ideas definidas, la mayor dificultad ahora está en articular la relación público-privada para la utilización de los datos personales y evitar la monetización de esa información. Los sectores que más fácil lo tendrán para crear un marco regulatorio serán aquellos que, tradicionalmente, ya cuenten con uno. Aunque no hay que olvidar, como apunta Marc Martínez, que el RGDP sirve de base común para todos los estados miembros.
El papel que desempeñarán las empresas en esta nueva estrategia digital va a ser clave. En el caso de España, no debemos olvidar que la gran mayoría del tejido empresarial está compuesto pymes. “El documento de la UE contempla un escenario en el que las empresas puedan tanto competir como colaborar, de igual a igual, en un escenario justo y que potencie la innovación tecnológica”, remarca Martínez. “En ciberseguridad es común ver empresas pequeñas y medianas con un foco muy específico en un tipo de solución o aplicación, que terminan por convertir en estándar de mercado. En muchos casos por su tamaño, presentan enfoques más ágiles y escalables que añaden un valor tangible a la cadena global”.
La nueva estrategia europea trata de sentar las bases sobre las que ciudadanos, trabajadores, empresas y cualquier otro actor económico y social puedan recoger los frutos de una sociedad inmersa en una transformación digital. De modo que el valor de esos datos sea devuelto en forma de beneficio a aquellos que los ceden: los ciudadanos europeos.
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