De Australia a España, pasando por Washington y Bruselas, el debate sobre los impuestos está servido. Un cúmulo de circunstancias así lo han propiciado: el descenso de los ingresos fiscales a causa de la crisis económica, una mayor conciencia ciudadana ética y social y un foco en los asuntos fiscales.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, resucitó recientemente la necesidad ya planteada en 2011 de realizar una ambiciosa reforma de la fiscalidad europea para tratar de eliminar lagunas legales. Paralelamente, en la última cumbre del G-20 celebrada en Brisbane (Australia), los impuestos también acapararon parte de la agenda y algunas declaraciones públicas se refirieron al asunto. El tesorero federal del país anfitrión, Joe Hockey, además de reclamar compromiso a las multinacionales, puso el foco sobre la responsabilidad de los Gobiernos: “Es vital que la gente crea y confíe en la legitimidad de sus Gobiernos. ¿Por qué debería un ciudadano respetar un sistema de gobierno o participar en construir una sociedad mejor si se espera que cargue sobre sus hombros lo que otros evitan?”, se preguntaba. La fiscalidad se ha convertido, así, en un asunto de debate público a nivel mundial.
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