La responsabilidad social corporativa ya formaba parte de la agenda de las compañías antes de la irrupción de la COVID-19. Pero esta crisis sanitaria y económica sin precedentes ha supuesto un punto de inflexión, poniendo de manifiesto la importancia de gestionar las compañías en base a criterios ESG (considerando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés) que permita aportar valor a todos los grupos de interés.
En este sentido, en las últimas semanas hemos asistido a un aumento de la colaboración entre la iniciativa privada, los poderes públicos y las entidades sociales para mitigar el impacto de esta crisis y contribuir a la progresiva recuperación social. Como consecuencia, la Covid-19 puede convertirse en una palanca clave para avanzar en la transformación del modelo de colaboración entre los tres sectores.
Las empresas han visto incrementar notablemente en los últimos años la exigencia en cuanto a su respuesta de valor hacia los distintos grupos de interés. La opinión pública, los empleados y los clientes demandan compañías que tengan un propósito y unos valores con los que identificarse. La toma de decisiones basadas en criterios éticos, de transparencia y sostenibilidad es indispensable para sobrevivir en el entorno actual.
Sin duda, durante la crisis, el sector privado ha sabido responder conforme a estas exigencias. Las organizaciones han actuado de manera decidida, actuando con rapidez ante una situación muy compleja. Las compañías han sido ágiles aportando soluciones y contribuyendo a la contención de la crisis sanitaria, económica y social en el corto plazo, y lo han hecho de manera conjunta. Así lo señala Jerusalem Hernández, Directora de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España: “no han sido respuestas o acciones aisladas, sino que se han dado en bloque, todos a una desde sus diferentes sectores”.
Además, Jerusalem Hernández pone en valor el resultado de esta contribución: “el resultado, tanto para el sector público como para el sector privado, ha sido positivo”. Por ello, la experta cree que la colaboración público-privada se podría ver incrementada de ahora en adelante. Además, considera que la recuperación de nuestra economía así lo requerirá, dependiendo la velocidad de la evolución económica, en parte, de los frutos de esta colaboración.
La crisis sanitaria y la paralización de la economía han desencadenado también una importante crisis social, cuya magnitud aún desconocemos. El impacto social de la crisis mostrado hasta el momento ha aumentado la presión sobre las organizaciones sociales, que han visto crecer de manera drástica y repentina la necesidad de respuesta. Esto ha planteado nuevos retos para estas organizaciones, que en numerosos casos se han visto obligadas a realizar un cambio en sus prioridades y áreas de trabajo.
En cuanto a estos desafíos, Gema Escrivá, directora general de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, destaca que el mayor reto por parte de la Fundación ha sido la adaptación a la nueva situación y la capacidad de dar respuesta a la misma de forma eficaz. “Nuestra prioridad ha sido continuar operando. Para ello, hemos tenido que cambiar la velocidad en la toma de decisiones, la gestión de nuestros recursos y, sobre todo, reforzar el trabajo en equipo”, explica.
Jose Carlos García Yonte, Responsable de Alianzas con Empresas y Responsabilidad Social de la Cruz Roja en Comunidad de Madrid, por su parte, destaca la capacidad de adaptación en el nuevo contexto: “es fundamental ser flexibles, priorizando las necesidades más urgentes y siendo capaces de movilizar los recursos humanos necesarios”. Además, resalta la positiva contribución de la digitalización, de la cual dice: “ha sido fundamental para apoyar el desarrollo de las operaciones en los peores momentos de la crisis”.
Tanto Gema Escrivá como Jose Carlos García valoran muy positivamente la colaboración del tejido empresarial en la respuesta, a la vez que enfatizan la coordinación entre las diferentes partes que componen la sociedad. “Sin la colaboración del sector privado no hubiéramos sido capaces de dar respuesta a la crisis social creada a raíz de la COVID-19”, asegura Escrivá, añadiendo que “la administración pública no puede obviar el expertise y la capacidad de gestión del sector privado”.
Jose Carlos García comparte la percepción del trabajo realizado conjuntamente. De esta colaboración, destaca su rapidez: “Durante los primeros días de la crisis, multitud de empresas se pusieron a disposición de las entidades del tercer sector ayudando en todo lo que pudieron desde el primer momento”. Por todo ello, cree que “esta crisis va a provocar un fortalecimiento de las colaboraciones”.
La interacción favorece que cada actor social aporta su conocimiento y experiencia para sumar por el bien común. Como expone Pedro León y Francia, socio director de la Fundación KPMG en España, la clave de esta colaboración pasa por “superar prejuicios y permitir que cada actor aporte aquello que mejor sabe hacer, en un diálogo permanente basado en la confianza”.
De hecho, la colaboración no solo ha sido imprescindible en una etapa inicial como reacción a la crisis, sino que será indispensable de cara a la recuperación. “Solo trabajando de forma coordinada, el sector público, el privado y el social, podremos identificar y gestionar de la forma más eficiente las nuevas necesidades que irán apareciendo en las próximas semanas, que afectarán también a colectivos no impactados de forma tan directa en crisis anteriores”, asegura Pedro León y Francia.
Así, la colaboración se traduce en una suma e intercambio de conocimientos con un propósito común. Las entidades sociales son grandes conocedoras de la realidad social e interlocutoras con los colectivos más afectados y, por tanto, capaces de anticipar su evolución. Las empresas, por su parte, pueden aportar sus recursos económicos y personales. Además, el tejido empresarial también contribuye con su conocimiento, fundamental para conseguir a una mayor eficiencia en el resultado final de colaboración. Por otro lado, la administración pública, entre otras, gestiona grandes recursos para preservar el Estado de Bienestar en el ejercicio de sus funciones.
Consciente de esta realidad, KPMG, a través de la Fundación KPMG, ha puesto en marcha la iniciativa ‘Súmate Operación Solidaria’, con la que pretende aunar los esfuerzos de compañías privadas, Administraciones Públicas y el tercer sector con el objetivo de multiplicar la distribución de alimentos y productos básicos a personas sin recursos.
El proyecto cuenta con la participación de Banco de Alimentos de Madrid, Cáritas Diocesana de Madrid y Cruz Roja y el apoyo del Ejército de Tierra y la Comunidad de Madrid, con al que ha firmado un convenio a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Las empresas que quieran participar en la iniciativa ‘Súmate Operación Solidaria’ pueden hacerlo de tres modos: proporcionando productos de primera necesidad, realizando donaciones dinerarias o aportando su capacidad logística para transportar los alimentos hasta las entidades sociales antes mencionadas, que los distribuyen a los beneficiarios finales. Este modelo de colaboración permite programar el esfuerzo solidario a medio plazo, lo que supone una mejora de eficiencia para las entidades sociales, que deberán hacer frente a necesidades crecientes en los próximos meses.
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