Que las personas tengan protección sobre sus propiedades y sobre sí mismas es un derecho muy antiguo. También lo es el derecho a que te dejen en paz, llamado de una forma más amigable, el derecho al olvido, el cual asegura el ejercicio de nuestros derechos como individuos.
Actualmente la seguridad informática y la privacidad son dos de las principales preocupaciones en nuestra sociedad en materia de nuevas tecnologías.
Ahora bien, con la presencia cada vez más profunda de Internet en nuestras vidas, el derecho al olvido sufre una interacción con diferentes normativas en constante evolución, como en los recientes casos relacionados con el uso de los motores de búsqueda.
Pero, ¿cómo funciona el derecho al olvido? ¿Es legal en el ámbito de Internet, donde en cuestión de segundos tienes información de carácter personal de cualquier individuo? Y lo más importante, ¿por qué alguien quiere solicitar el bloqueo o borrado de toda la información relacionada con él? Estás preguntas tienen varias respuestas, pero cada vez más, existen multitud de dudas al respecto.
Hoy en día los ciudadanos intentan tener privacidad en la red y más si cabe en el caso de existencia de antecedentes penales, de inclusión en listados de morosos o listados comerciales, por lo que buscan resolver estas situaciones con el llamado derecho de olvido.
En relación a la legalidad de esta cuestión, junto con la ambigüedad de este entorno, el Gobierno de España elaboró el Código del Derecho al Olvido, cuya última modificación se realizó el pasado 4 de noviembre de 2014. Además, en la Constitución Española, concretamente en el artículo 18, se señala que la Ley “limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Sin embargo, no existe una regulación concreta, por lo que el actual código de derecho al olvido parte de la base de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) del año 1999.
Entonces, a falta de tener una visión global de la legislación que nos afecta, ¿qué obligaciones tienen los motores de búsqueda de Internet en relación con el derecho al olvido? Dicha pregunta, al ser de interés general, fue respondida en forma de sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, estableciendo la obligación a los buscadores de aplicar el derecho al olvido, eliminando información de sus resultados de búsqueda, haciéndoles responsables del tratamiento de los datos personales que aparecen en sus búsquedas, si bien es cierto, que dicha sentencia concluyó que “en un conflicto entre el derecho al olvido y a la libertad de expresión, debía primar ésta última”.
Dicho esto, la respuesta de los usuarios no se ha hecho esperar. Google ha recibido en pocas semanas decenas de miles de solicitudes de eliminación de datos personales. Debido a este aluvión de solicitudes recibidas, los motores de búsqueda han instalado una serie de formularios para poder estudiar cada uno de los casos que les remiten, para aceptarlos o rechazarlos según proceda.
Y como siempre, en el momento en el que hay demanda, aparecen nichos de mercado y empresas dispuestas a satisfacer una necesidad.
De tal forma, en los últimos meses han aparecido compañías que ofrecen borrar la información de los individuos en la red. Aunque aquí viene el problema, recientemente se han descubierto casos de grupos de terroristas o de grupos de apoyos a los mismos, que están solicitando a los diferentes motores de búsqueda el borrado de la información referente a ellos, acción que no ha pasado desadvertida por la sociedad, quién ha criticado mucho esta acción.
Resumiendo, aunque actualmente esté puesto a debate en nuestra sociedad, el Derecho al Olvido es un gran paso para la creación de un marco de referencia de protección de la vida privada de los individuos, ya que permite proteger a los mismos frente a la divulgación de su información sin control y totalmente desproporcionada.
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