El sistema de pensiones nunca ha perdido actualidad, dadas las dudas y debate sobre su estabilidad. Pero en las últimas semanas ha vuelto a acaparar titulares, ante la aprobación por el Congreso de las recomendaciones del Pacto de Toledo que guiarán a próxima reforma del sistema. Sin duda, lo deseable para alcanzar el obetivo de mejorar la estabilidad del sistema de pensiones de cara al futuro es equilibrar el peso de sus tres pilares. De este modo, la Seguridad Social sería uno más junto al ahorro colectivo a través de planes empresariales y el ahorro individual. Estos dos últimos pilares, considerados la previsión social compementaria, no se han desarrollado como habría sido necesario. Y ha llegado el momento.
Con el objetivo de analizar estas cuestiones, KPMG Abogados ha publicado recientemente su IV estudio de mercado sobre la situación de las pensiones en España. El informe, que se realiza de forma anual, permite obtener una visión de la evolución y las perspectivas futuras de las pensiones en España, además de pulsar el estatus en las compañías y empleados de la previsión social complementaria.
Una de las conclusiones del informe es la necesidad de llevar a cabo reformas en el sistema, como consecuencia del crecimiento previsto de la tasa de dependencia. En la actualidad se sitúa en el 32,8%, pero se prevé que alcance el 77,7% en el 2060, lo que se traduce en que para ese año habría una media de 1,3 pensionistas por trabajador. Esta cifra, en Román Paladino, pone en cuestión la viabilidad futura de un sistema de reparto como el que tenemos actualmente en España.
A esta cuestión se añade el incremento del gasto en pensiones en mayor proporción que el incremento de los pensionistas que, junto con el aumento progresivo de la esperanza de vida, la deuda y déficit de la Seguridad Social, pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de pensiones actual. Así lo ponen de manifiesto la mayoría de participantes de la encuesta realizada por KPMG. Esta necesidad es compartida por la Unión Europea, OCDE y Banco Central Europeo, que han emitido una serie de recomendaciones sobre posibles reformas a incorporar en nuestro sistema de pensiones. La batería de medidas incluye acercar la edad de jubilación real a la edad de jubilación legal, disminuir la tasa de sustitución o importe de las pensiones, desvincular en incremento de las pensiones del IPC, fomentar el desarrollo de la previsión complementaria o desarrollar mecanismos de transparencia e información, entre otros.
En este sentido, la Comisión de seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo está trabajando de forma intensa en las últimas semanas para plantear las líneas maestras que debería seguir la reforma de nuestro sistema de pensiones, con el fin de cumplir con las recomendaciones de Europa y permitir a su vez que pueda mantenerse a largo plazo nuestro actual sistema de pensiones. El viernes 24 de octubre se publicó un borrador de medidas propuestas por la Comisión de Pacto de Toledo y que han sido aprobadas por mayoría el 27 de octubre.
A partir de ahora sería conveniente un acuerdo entre gobierno, empresas y sindicatos, para ver de qué manera estas recomendaciones pueden ser incorporadas en la reforma de nuestro sistema de pensiones. Algunas de estas medidas parecen ir en línea con las directrices marcadas por Europa, como el acercamiento entre la edad real y legal de jubilación y el incentivo a la previsión social complementaria. Sobre este último punto, se han publicado varias noticas en los últimos días sobre la intención del Gobierno de crear un Gran Fondo de Pensiones de empleo para nutrirlo de aportaciones provenientes de empresas y sus trabajadores, incluyendo los colectivos de trabajadores y Autónomos y Pymes, en lo que parece podría ser un modelo similar al de los planes de pensiones del sistema de empleo o al de las EPSV que tanto éxito tiene en el País Vasco.
Sin duda, este estímulo al ahorro colectivo es muy necesario en España, donde, en base a los datos extraídos del IV Estudio de Mercado, tan solo el 27,5% de los encuetados dice contar con planes de previsión para sus empleados. Si además tenemos en cuenta que el perfil de participantes de empresas en el Estudio son medianas y grandes, no habiendo participación significativa de pymes y trabajadores autónomos, la necesidad es, si cabe, más apremiante.
El dato recogido en el estudio relativo a la voluntad de las empresas para colaborar en la previsión social de sus empleados indica que el 87% de las empresas estarían dispuestas a realizar aportaciones para la jubilación de sus empleados. Este dato, unido a la incentivación de los planes de jubilación empresariales, en línea con las recomendaciones aprobadas por la Comisión de evaluación y seguimiento del pacto de Toledo, que señala que debería ir acompañada de beneficios fiscales, sin duda puede ser el impulso necesario para el desarrollo en España del tan necesitado segundo pilar de previsión social, que junto con la Seguridad Social y el propio ahorro individual, tendrían que dotar al individuo con recursos suficientes para afrontar la jubilación.
Si además se impulsa la transparencia y comunicación, como elementos clave para lograr la concienciación de la población sobre la necesidad planificar la jubilación utilizando los medios públicos y privados, se habrá dado un paso enorme para lograr un sistema de pensiones moderno y adaptado a la realidad social, económica y demográfica.
Y como dice el dicho popular, “para mañana es tarde señor compadre”.
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